Caso Aysén y el narcotráfico: El conflicto de intereses que el CDE no quiere transparentar

Más de cinco jóvenes oriundos de Puerto Aysén fallecieron en extrañas circunstancias entre 1997 y 2001. Al estimar que en algunas de las muertes existía la mano de la droga y el abuso policial, un grupo de familiares, acompañados por el obispo Luis Infanti de la Mora, presentaron una querella por asociación ilícita que dirigía sus sospechas a personas vinculadas a la masonería, Carabineros, el Ejército y la Policía de Investigaciones.

El denominado “Caso Aysén” terminó diluyéndose en el tiempo y la justicia de la zona reafirmó la versión del “suicidio” en la mayoría de los fallecimientos. Hoy el proceso vuelve a ser discutido por funcionarios del Poder Judicial.

En los próximos días, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá acoger o rechazar un «recurso de ilegalidad» que fue presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para no entregar una serie de documentos relativos al “Caso Aysén” que le fueron solicitados por la Ley de Transparencia a finales del año pasado.

La publicidad de las actas administrativas que el sitio web de investigación periodística Verdad Ahora solicitó al CDE en diciembre de 2013 – y cuya entrega fue posteriormente ordenada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en Decisión de Amparo C190-14 – podría concentrar las miradas en torno al dudoso actuar que el ente jurídico tuvo durante el curso de la investigación que ligó la muerte del ex conscripto Roberto Lagos Flores, una de las tantas “víctimas del Río Aysén” (fotografía de cabecera), con supuestas redes de narcotráfico.

En marzo de 2004 la Cámara de Diputados ofició a la entonces presidenta del CDE, Clara Szczaranski, para que se pronunciara respecto a los nexos que mantenía el procurador fiscal de Coyhaique, Carlo Montti Merino, con un renombrado empresario del retail aisenino llamado Carlos Vicentini Rogel. ¿El motivo? Vicentini era propietario de Casa Alicia, un negocio que el mismo Lagos había sindicado como una de las entidades traficantes de droga más grandes de la Región de Aysén, de acuerdo al testimonio entregado en el proceso por uno de sus amigos.

La ex presidenta del CDE, Clara Szczaranski, un funcionario del organismo y el abogado procurador de Coyhaique, Carlo Montti.

Szczaranski reconoció ante los parlamentarios que “es efectivo que el Sr. Montti tiene un estudio jurídico particular en la ciudad de Coyhaique, calle 21 de Mayo Nº 543 y en tal calidad atiende, entre otros clientes, a la empresa ‘Casa Alicia S.A.’ de propiedad del Sr. Carlos Vicentini Rogel (…) también que don Carlo Montti Merino fue socio de la Sociedad ‘Comercial las Nieves Ltda.’ en la que tiene participación también la Sociedad Alimentos de Aysén Limitada, siendo uno de los socios de ésta, don Carlos Vicentini Rogel” (Oficio Ordinario Nº 2032 del CDE, 18 de mayo de 2004).

Pese a lo anterior, el fiscal procurador de Coyhaique no se inhabilitó para intervenir en la causa. Al mismo tiempo, la presidenta del CDE negó que Vicentini tuviera vínculos con el narcotráfico, señalando que “el Consejo carece de antecedentes sobre esta imputación”.

La información que obra en el expediente judicial del “Caso Aysén” rebate lo aseverado por el CDE ante el Poder Legislativo. Vicentini había sido mencionado en más de una ocasión: no sólo por el amigo del joven Lagos, sino en una libreta que mantenía en su poder el llamado “testigo clave” Jorge Corona (procesado por ‘falso testimonio’ al retractarse de su versión por supuestos apremios que recibió de la PDI), y en una declaración realizada por Juan Luis Uribe, el proxeneta que fotografió en un prostíbulo al juez Carlos Klapp Apolonio.

En tanto, una causa por drogas que se remonta al año 1998, y que desapareció luego de varios incendios que afectaron a los tribunales de Coyhaique, orientó las pesquisas de la PDI hacia la posible participación del empresario de Casa Alicia en mafias del narcotráfico. Esta situación fue refrendada por el propio Vicentini, el que con fecha 3 de agosto de 2003, convocó a una conferencia de prensa para desacreditar las acusaciones vertidas en su contra por el obispo Luis Infanti, quien recibía información desde altas fuentes, a través del llamado «secreto eclesial».

En dicha conferencia, que fue reproducida al día siguiente por el diario El Divisadero, el propietario de Casa Alicia reconoció su cercanía con el magistrado de la Corte de Apelaciones de Coyhaique nombrado como ministro en visita en el caso de la muerte de Roberto Lagos, y que tiempo antes había rebajado las condenas de los inculpados en la desaparecida causa donde figuraba Vicentini: el masón Sergio Mora Vallejos.

“Es cierto que entre mi persona y Sergio Mora Vallejos desde hace muchos años existe una amistad transparente, asentada en las actividades rotarias y deportivas”, afirmó el empresario. Asimismo negó que sus propiedades sirvieran para el lavado de dinero.

En el fallo que el CDE pretende ahora revertir bajo el argumento de que su actuar en el denominado “Caso Aysén” debe permanecer en secreto para proteger los intereses del Estado, el Consejo para la Transparencia dejó clara la importancia que tendrá en esta controversia el papel fiscalizador de la Ley 20.285 (de acceso a la información) sobre las instituciones públicas.

“(…) el conocimiento de los antecedentes requeridos constituye una importante herramienta que permite el debido control social acerca de los procedimientos, actos, oficios y documentos que el CDE gestionó en relación a una causa judicial que en su momento, concitó un significativo interés público”, pronunció el CPLT en mayo de este año.

La audiencia resolutoria de la Causa Rol Nº 3868-2014, caratulada “Consejo de Defensa del Estado contra Consejo para la Transparencia”, quedó fijada para este viernes en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Matías Rojas