«Caso bombas»: «Vamos camino a la absolución», dice hermana de Pablo Morales Fuhriman

Hace una hora se anunció la suspensión de la huelga de hambre que los diez imputados por el llamado caso bombas realizaban hace más de dos meses. Las decisión de los acusados se sustenta en una presentación al Congreso de la modificación de la Ley Antiterrorista y en la conformación de una mesa de trabajo que velará por el debido proceso de los detenidos.

El día de ayer (lunes 25 de abril) la Corte de Apelaciones concedió el cambio de medida precautoria de prisión preventiva por arresto domiciliario de Pablo Morales Fuhriman y el juzgado de garantías concedió la misma medida a Vinicio Aguilera.

Los seis detenidos que quedan en la Cárcel de Alta Seguridad y las dos detenidas en la Cárcel de Mujeres suspendieron la huelga de hambre luego de la conformación de esta mesa, que contará con la participación de los parlamentarios Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Gustavo Hasbún (UDI) y Sergio Aguiló (ex PS).

Esta intancia trabajará para velar por el debido proceso, ir ganando espacios políticos y jurídicos, asegurar mejores condiciones para las ocho personas que aún continúan en prisión, y por visibilizar la situación de los imputados ante la opinión pública.

Además de los parlamentarios, la mesa contará con la participación de los abogados defensores Mauricio Daza, Rodrigo Román y Alberto Espinoza; por las familias integran la mesa Cecilia Leiva (madre de Rodolfo Retamales) y Alejandra Morales (hermana de Pablo Morales Fuhriman, acusado de ser el líder de la asociación ilícita terrorista); y por parte del Instituto de Derechos Humanos (INDH), participará Paula Salvo.

Alejandra, hermana de Morales Fuhriman, señala que las ocho personas que siguen en prisión preventiva -entre ellas dos mujeres- se encuentran en un estado de salud delicado.

«SIN EL FISCAL PEÑA ESTO SE CAE»

A un día de decretado el cambio de medida cautelar, Alejandra Morales declara que se siente feliz de que Pablo haya dejado la cárcel y pueda estar con los suyos, pero “aún está preso, esto no es la libertad”, advierte.

-¿Cómo consiguen el cambio de medida cautelar?

-Es un asunto netamente jurídico y se logra porque hemos tenido una buena defensa y porque la Ley Antiterrorista no se sustenta por sí misma. Es inaplicable en varias de sus aristas y los jueces están teniendo que aceptarlo. Ayudado por un escenario político en que no está el fiscal (Alejandro) Peña, queda más que claro que esto es un montaje, una palabra que se ha usado mucho, pero es así. Cada una de las acciones y la ausencia de pruebas ha ido develando que detrás de todo esto estaba la presión del Gobierno, no del Estado, para armar un montaje.

-¿Piensa que si se tuviera certeza de que su hermano es un líder terrorista, como lo señaló la Fiscalía, le darían este beneficio carcelario?

-Con esto se cae el montaje. Si lo fuera y hubiera pruebas suficientes, sería ilógico que cambiaran la medida cautelar por arresto domiciliario.

-¿Piensa que el Ministerio Público ablandó su postura o que la Justicia se enfrenta al dilema de no tener argumentos para mantenerlos en prisión?

-Si fuera por el Ministerio Público lo habrían dejado preso. Yo pienso que la presión baja a nivel de ministros de Justicia y no desde el Ministerio Público, que sigue estando en su postura. En el caso de Vinicio Aguilera, por ejemplo, que consigue la misma medida, pero no en la Corte de Apelaciones sino en la de Garantías, hay que esperar la apelación que seguro se producirá.

-¿Tiene una posición optimista sobre lo que podría acontecer en el corto plazo?

-Sí, absolutamente. Vamos camino a la absolución. La bolita ya se echó a correr y no va a parar hasta que termine el juicio oral. Ahora tenemos confianza en que los jueces deben apegarse más a derecho o serán ellos quienes queden mal. Si no hay pruebas no van a arriesgarse. Hasta ahora ha sido el tiempo de la Fiscalía, pero ahora comienza lo que yo llamaría “la era de la Defensa”, porque lo que se han presentado son 6 mil 500 pruebas, la mayoría irrisorias  y se deben cuestionar.

-¿Deben pedir perdón quienes han tenido presos a estas personas si es que se comprueba su inocencia? Como planteó el padre Baeza.

-Sí, en ese sentido concuerdo plenamente con el padre Alfonso Baeza. Alguien tiene que pedir perdón y responsabilizarse por todos los daños morales, económicos y sociales que han ocasionado a gente inocente. Mi hermano ha sido sindicado como el mismo demonio, porque el Gobierno ha puesto a Peña a perseguirlo junto a los demás implicados. ¿Quién le devuelve a Pablo los meses de cárcel? ¿Quién les devuelve a todos ellos los meses que han pasado en prisión?

-¿Y cuál es su impresión sobre lo que ocurrirá con el resto de los imputados?

-Si se abren las puertas para el que ha sido señalado como el líder -se refiere a Pablo Morales-, el naipe se va para atrás solito. No veo por qué no podrían salir en libertad o acogerse a las medidas cautelares. La asociación ilícita está solo en la cabeza del fiscal Peña.

Todos los martes se realiza una velatón por la derogación de la Ley Antiterrorista y la justicia a las 20 horas.

«EN CHILE SÓLO HUBO TERRORISMO CON PINOCHET»

-¿Ve algún signo de despertar de la gente frente a estos temas, con el apoyo que han alcanzado en las calles o por lo que se ha generado en solidaridad por parte de la ciudadanía? ¿Ha servido de algo?

-Me encantaría, en la utopía, que así fuera. Pero creo que es pronto para saber eso. Lo que sí, estoy agradecida por la solidaridad de mucha gente. De diputados de diversas bancadas, de muchos sectores y organizaciones, no sólo de derechos humanos.

Hay que tener claro lo que ha dicho el diputado Tucapel Jiménez hace unas semanas: Que la Ley Antiterrorista le está haciendo un daño a la imagen país. Los diputados y senadores tienen que darse cuenta de eso y derogarla. En Chile no existe terrorismo, sólo hubo terrorismo de Estado mientras estuvo Pinochet, en el país de hoy no tiene ningún sustento jurídico.

Por César Baeza/Cristóbal Cornejo

El Ciudadano