Caso Bombas: Exigen renuncia de Ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña

FOTO: Tomada de La Nación.cl

Luego de la decisión judicial emitida el viernes 1 de junio, en que todas las personas acusadas quedaron absueltas de todos los cargos en el llamado ‘Caso Bombas’, una serie de organizaciones de derechos humanos, ahora exigen la renuncia de Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior y Seguridad Pública, y de Alejandro Peña, quien fuera el Fiscal a cargo de las pericias a la hora de encarcelar a quienes resultaron inocentes.

Las organizaciones reclaman que se realizó una persecusión política, en este caso, y que las supuestas pruebas, que en su mayoría resultaban improcedentes, reflejan que se montó un caso con base en sesgo político y no en hechos que demostraran una sospecha fundada de culpabilidad.

Reproducimos el comunicado enviado a la opinión pública:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante la absolución de todos los imputados en el denominado “Caso Bombas”, tras más de seis meses de juicio, como familiares y organizaciones de derechos humanos declaramos a la opinión pública lo siguiente:

1.- Valoramos el veredicto, que confirma no solo la inocencia de los todos imputados en este juicio, sino también la existencia de una persecución y en definitiva de un juicio que ha sido de carácter político. Ya que como lo estableció el propio tribunal en las consideraciones finales, la prueba presentada “resultó no solo insuficiente para establecer los elementos subjetivos de los hechos”, sino también “incompleta y con sesgo de parcialidad”, pues se persiguió a personas únicamente por habitar casas ocupadas. Lo que constituye una estigmatización de estos movimientos y una criminalización de la protesta social.

También quedó acreditado que la declaración del imputado Gustavo Fuentes Aliaga, relato que sustanciaba gran parte de las acusaciones, fue un testimonio obtenido de forma extrajudicial, sin la presencia de un abogado defensor y sin existir constancia de la lectura de sus derechos, así como que los hechos le fueron descritos por la fiscalía para que los ratificara.

A lo anterior se suma otro hecho denunciado por familiares y organizaciones de derechos humanos, referido irregularidades en la cadena custodia y la no coincidencia de firmas en peritajes aportados por la fiscalía. Señalando el tribunal que “la rúbrica en un informe pericial es importante, pues permite medir actitudes y experiencia de los peritos. Por lo que el actuar de quienes no suscribieron sus pericias, es un hecho grave”.

Finalmente, en cuanto a las imputaciones de “financistas” que pesaba sobre dos de los imputados, el tribunal sostuvo que no corresponde extender esta figura vinculada a la “asociación ilícita terrorista” de la cual fueron sobreseídos todos los imputados en octubre de 2011, y que la prueba aportada en este sentido es “exigua e impertinente”.

2.- Que la calificación terrorista de los hechos, fue también descartada por el tribunal, por no contener los elementos de “violencia extrema, aguda y de afectación a la vida de la personas” que constituyen estándares en la materia, como sostuvieron los jueces durante el veredicto.

Al respecto, se debe recordar además que diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado al estado chileno la necesidad de adecuar esta legislación, por contener figuras demasiado amplias, como es la posibilidad de calificar delitos contra la propiedad, sin afectación a personas, como hechos de carácter terrorista.

Asimismo, recordamos que la calificación terrorista rige con la sola invocación por parte de la fiscalía, y no es resuelta sino hasta el veredicto. Lo que en la práctica produce que las personas sean investigadas y procesadas bajo las disposiciones de esta legislación especial y antidemocrática, permitiendo largos periodos de privación de libertad y amplios plazos de investigación, como ocurrió en esta causa donde los imputados estuvieron por más de nueve meses en cárceles de alta seguridad, siendo sometidos a la aplicación de tratos vejatorios y torturas.

Por lo que si en estos hechos ha existido algún tipo de terrorismo, éste es terrorismo de Estado.

3.- Exigimos que tras este veredicto, los ahora absueltos y sus familiares no sean objeto de nuevos seguimiento o infiltraciones a sus comunicaciones, como hasta el día de hoy se denuncia por parte de sobreseídos en esta causa y que no fueron parte del juicio.

Pues eliminadas todas las medidas cautelares en contra de quienes fueron parte de este juicio, se debe respetar su derecho a la integridad física y síquica, así como su libertad de desplazamiento, y el derecho a retomar la normalidad de sus vidas, tras estas injustas e infundadas imputaciones.

4.- Por último, exigimos la renuncia del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y del ex fiscal y actual funcionario de esa cartera, Alejandro Peña, por su responsabilidad en la imputación de hecho sobre la base de pruebas “sesgadas, exiguas e impertinentes”, por el daño ocasionado en los imputados y sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para el poder judicial, por las afectación al estado de derecho y el impacto social que ha provocado esta persecución política.

-Familiares de los imputado/as.
-Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Afep.
-Casa de la Memoria José Domingo Cañas.
-Centro de salud Mental y Derechos Humanos, Cintras.
-Comisión Ética contra la Tortura,  CECT.
-Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu.
-Comunidad Ecuménica Martin Luther King.
-Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Fasic.
-Grupo de Psicología por Ñuñoa.
-Londres 38, Espacio de Memorias.
-Observatorio Ciudadano.
-Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas.