El caso bombas, tal como lo conocimos desde la llegada del fiscal de la Xona Sur, Alejandro Peña, se desarma. Hoy, martes 4 de octubre, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó a las 14 personas acusadas de asociación ilícita terrorista y condenó a la Fiscalía Sur a pagar las costas del proceso.
El juez Fernando Valderrama señaló que el Ministerio Público debió analizar en su momento la pertinencia de sus pruebas, antes de llegar a esta parte del proceso, por lo que ahora el Ministerio Público deberá pagar los gastos en los que incurrió el Estado, monto que se discutirá en una próxima audiencia.
Más allá de la condena económica, es la tesis de la “asociación ilícita terrorista” argüida por el ex fiscal Alejandro Peña la que se cae. Raúl Guzmán, actual titular de la Fiscalía para esa zona, declaró que no se pronunciaría sobre la forma en que se trabajó bajo la dirección de su predecesor y que acatarían la decisión del Tribunal.
Pablo Morales Fuhrimann, uno de los imputados que salió en libertad, declaró que ahora lo que quiere es disfrutar de su familia y luego pensarán en cuáles son los pasos a seguir. «Espero que la policía y el Gobierno ahora nos deje tranquilos, porque como dijo el Ministro Hinzpeter en algún momento: «Los fallos de la Justicia se acatan»», enfatizó visiblemente emocionado.
La hermana de Morales, Alejandra, quien hiciera de vocera de los familiares y amigos que estuvieron trabajando por denunciar lo que argumentan que ha sido un montaje en contra de los imputados e imputadas, dijo que «al fin esta mierda se acaba. Esto ha sido muy duro para la familia».
Mauricio Daza, uno de los abogados defensores, declaró que ahora se deben estudiar los pasos a seguir, dado que aquí hubo negligencia por parte de la Fiscalía, tal como lo determinó el Tribunal, y no se ha establecido si habrá una reparación para enmmendar el daño que se la he hecho a estas personas que fueron señaladas como culpables antes del juicio.
Paula Vial, ex defensora nacional, durante el lanzamiento del Informe de Derechos Humanos 2011 de la Universidad Diego Portales, también se pronunció diciendo que en Chile se violan las garantías procesales en contra de los acusados cuando el sistema permite que se encarcele a las personas por largos periodos de tiempo antes de que un Tribunal establezca su culpabilidad. Es el caso de los imputados e imputadas del llamado Caso Bombas y de los comuneros mapuche, quienes salieron en libertad en febrero pasado, luego de dos años de prición.
HISTORIA DEL PROCESO
Peña, hoy funcionario de la División de Estudios del Ministerio del Interior, tomó el caso en 2010, luego que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, removiera a Xavier Armendáriz, fiscal de la zona oriente que lo llevaba en su inicio.
Armendáriz y las autoridades políticas de la época tenían una línea investigativa muy distinta a la de Peña, lejos de cualquier fabulación sobre un asociación ilícita, figura que el ahora funcionario del Ministerio del Interiorhabía utilizado con buenos resultados en sus procesos contra grupos de narcotraficantes.
De hecho, antes de la llegada de Peña, tanto para el Gobierno como para la Fiscalía, la informalidad, des-jerarquización y des-centralización de los ataques con bombas explosivas de fabricación casera, hacían muy difícil su investigación y no había pruebas concluyentes en contra de nadie, hasta ese momento.
Pero la tesis de Peña se impuso y por esa razón los imputados pasaron ocho meses en prisión preventiva, en condiciones de máxima seguridad y los meses siguientes con beneficios carcelarios, cumpliendo la pena en sus domicilios.
Sin embargo, concedidas las libertades con medidas cautelares, la figura de la asociación ilícita empezó a desmoronarse, especialmente cuando los supuestos líderes, Pablo Morales y Rodolfo Retamales –ex lautarinos que encajaban en la construcción de Peña y del Ministerio del Interior– obtuvieron su libertad vigilada.
Por lo mismo, a la salida de la audiencia, Morales emplazó al ex fiscal Peña a hacerse responsable de armar “un montaje” que incluso pudo haberlo llevado a él y a Retamales a pasar el resto de su vida en la cárcel, ya que eso era lo que pedía la Fiscalía en consideración que habrían sido reincidentes.
Los abogados defensores, por su parte, anunciaron que estudiarán acciones legales contra el Estado, con la intención de subsanar el daño padecido todos estos meses en prisión, al ser señalados por el Ministerio Público y gran parte de la prensa (sobre todo por los canales de televisión abierta y del duopolio El Mercurio–Copesa) como terroristas y culpables, antes de haber sido probada esta acusación.
CONTINÚA EL PROCESO
Sin embargo, el juicio continuará para varios imputados: Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe Guerra y Gustavo Fuentes Aliaga -acusados de colocación de artefactos explosivos- y Carlos Riveros y Omar Hermosilla, acusados de financistas del grupo.
Omar Hermosilla indicó que espera que el caso se termine de caer en los próximos meses, dado que las pruebas que se han considerado en su contra y de el resto de las personas que deberán enfrentar el Juicio Oral, son débiles. «Yo prefiero ir paso a paso, y tengo la seguridad de que demostraremos la inocencia. Después se verán los pasos a seguir o no, por el daño que nos han hecho», dijo.
Por otro lado, Cristián Cancino, también sigue acusado y en espera del juicio.
El Ciudadano
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