Caso Bombas: Tribunal ordena cierre de investigación e inicio del juicio oral

El Octavo Juzgado de Garantía ordenó ayer el cierre del proceso de investigación en el llamado “caso bombas”, luego de cinco años de indagatorias, y que actualmente mantiene a 15 personas en prisión preventiva hace más de seis meses, sin pruebas concluyentes. La Fiscalía tiene 10 días para presentar la acusación formal de los imputados, con lo que se inicia el juicio oral.

La situación puede considerarse un nuevo traspié para el equipo dirigido por el fiscal Alejandro Peña, los que pretendían extender la investigación por seis meses más, a pesar de la fragilidad de las pruebas en contra de los imputados, y con nuevas bombas de ruido estallando en Santiago y otras ciudades, a pesar de que Peña sostiene que ésta es la asociación ilícita responsable de las acciones.

Para el juez Juan Escobar se estarían vulnerando las garantías de los imputados si accedía a  la petición de la Fiscalía. “Existía un plazo prudente, superior al estimado por la ley de dos años. Todo imputado tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y rápido, más aún si se encuentra en privación de libertad», sostuvo el magistrado.

El fiscal investigador, Víctor Nuñez, indicó que recogerán las pericias que faltan para agregarlas a la investigación, afirmando que ésta no quedará incompleta a pesar de la gran cantidad de diligencias pendientes: Pericias  de tipo informático, escuchas telefónicas, estudios psicosociales;  el levantamiento del secreto bancario sobre una cuenta de Omar Hermosilla; la investigación del patrimonio de cada imputado debido a las sospechas de lavado de dinero; respuestas internacionales por parte de Bolivia frente a la línea de transporte de explosivos, de Estados Unidos, frente a medidas intrusivas en blogs, mails y sitios alojados en dicho país; de Holanda, por el sitio Hommodolars, allí alojado; y de Italia, por trámites pendientes frente al supuesto financiamiento.

Los defensores pidieron el cierre de la investigación, argumentando que 5 años más 6 meses era tiempo suficiente para las pericias; además se quejaron de este supuesto nuevo cargo –lavado de dinero- por el cual ningún imputado está formalizado. A su vez desestimaron algunas pericias sobre colocaciones que datan del segundo semestre del 2010, tiempo en el que los acusados y acusadas estaban en prisión, por lo que no serían responsables.

Señalaron, también, que el plazo investigativo venció el 14 de febrero y que varias de las pericias que la parte querellante tiene pendiente fueron solicitadas posteriormente a esa fecha (15 de febrero, 2 de abril), por tanto no correspondería esperarlas porque serían residuos investigativos y no antecedentes relevantes. Por último, argumentaron que la prisión agravaría la necesidad del cierre de la investigación y que por tanto se aceptaría este plazo de 60 días sólo si los detenidos son puestos en libertad inmediata.

Para el defensor Mauricio Daza “hoy se ha cerrado una investigación que el Ministerio Público trató de dilatar innecesariamente. Tenemos la convicción que la sentencia será absolutoria porque es una investigación de más de cinco años, con personas detenidas por más de seis meses y los bombazos continúan en la ciudad de Santiago, a pesar de que se nos señaló que ésta era la asociación ilícita”.

Sin embargo, para el fiscal persecutor Víctor Nuñez el cierre «en nada afecta» las pruebas que hay en contra de los anarquistas arrestados, por lo que se mostró seguro de obtener una sentencia condenatoria en su contra.

La investigación data de 2006, cuando estaba en manos del fiscal Xavier Armendáriz. A principios de 2010 quedó en manos del fiscal regional Sur, Alejandro Peña, luego que se criticara que no había avances. Armendáriz se defendió explicando que la informalidad de los grupos que colocaban los explosivos hacía prácticamente imposible su identificación y detención.

Sin embargo, en agosto del año pasado se capturó a los actuales imputados, acusados de conformar la asociación ilícita terrorista que colocarían los artefactos, sin tomar en cuenta que el propio carácter anti-autoritario de los imputados chocaría con ese tipo de organización jerarquizada.

De estos detenidos, 10 han permanecido en prisión preventiva todo este tiempo y desde hace 33 días mantienen una huelga de hambre en protesta por el tiempo transcurrido sin tener un juicio oral.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano