El escenario judicial se hace cada vez más complicado para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el marco de la investigación por malversación de fondos públicos en dicha municipalidad. Funcionarios que trabajaron durante su gestión (2016-2021) revelaron que recibieron amenazas de despidos y ordenes de cuadrar los gastos a pesar del déficit presupuestario.
Estas irregularidades quedaron registradas en una serie de documentos incluidos en un informe de la PDI con los testimonios de estos extrabajadores. Además se incluyen relatos de empleados actuales y la revisión de la normativa municipal sobre presupuesto junto a algunas observaciones entregadas por Contraloría.
Dicho informe fue enviado la Fiscalía Metropolitana Oriente, instancia que designó a una nueva persecutora, Constanza Encina, para liderar la investigación previo a una eventual formalización.
De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, el antecedente sobre los gastos está siendo analizado, ya que aunque la Fiscalía Occidente —que originalmente instruía la causa— resolvió formular cargos a Barriga en septiembre, Encina debe determinar el futuro del caso de presunto fraude al Fisco.
«Cathy Barriga es responsable del incremento de la deuda»
Dentro de las declaraciones que incluye el informe se encuentra la del exsecretario de Planificación (Secpla) Matías Silva, quien acusó que la exalcaldesa es «responsable del incremento de la deuda municipal, toda vez que insistía en generar proyectos y contratar personas fuera de presupuesto, pese a que él le informaba el déficit que eso estaba provocando al municipio».
El informe de la PDI además apunta que el entonces analista de la Secpla, Luis González, señaló en su declaración «que los jefes a quienes se les daba cuenta que nos encontrábamos en un déficit financiero (…) en ocasiones amenazaban verbalmente e indirectamente a los analistas presupuestarios con despedirlos si no realizaban los ajustes presupuestarios que ayudarían a financiar los proyectos de la exalcaldesa».
Por otro lado el director de Tecnología y Comunicaciones, Juan Carlos Quezada, explicó que los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) corresponden a Dirección de Administración y Finanzas (DAF) según se establece en la Ley Orgánica Constitucional.
Sin embargo, sostuvo en su declaración que “a propósito del Decreto Alcaldicio de Delegación de Funciones N° 4182 del año 2016, que elaboró la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga, dichas funciones fueron traspasadas al Secpla, hecho que en sus 40 años como funcionario nunca había visto. Lo cual tenía por finalidad tener el control del 90% del presupuesto municipal”.
Esta versión fue respaldada por el encargado de la Unidad de Licitaciones de la Secpla, Cristián Pantoja. En su testimonio señaló que luego de que Cathy Barriga asumiera las funciones presupuestarias de la DAF fueron traspasadas a Secpla. Sobre este punto, recalcó que se desconocían los motivos y que “efectivamente se hicieron modificaciones presupuestarias a los certificados de disponibilidad presupuestaria”.
Maniobras financieras para cuadrar los ingresos y gastos
Finalmente la analista presupuestaria de la Secpla, María Angélica Gravert, en su declaración cuestionó que la exalcaldesa no participaba de los concejos donde se determinaba el presupuesto anual o posibles cambios.
«El documento de la PDI consignó además que la mujer coincidió con los otros funcionarios y acusó que los obligaban a realizar “maniobras financieras, ‘bicicletas’, que les permitieran cuadrar los ingresos y gastos. Ella (Gravert) lo realizaba por miedo a perder su trabajo”.
Cabe recordar que, en octubre del año pasado, el Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra Cathy Barriga por fraude al fisco por al menos $21 mil millones, la cual interpuesta por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
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