El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dejó este jueves 18 de enero sujeta a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicación con testigos, peritos y coimputados a la exalcaldesa de Maipú Cathy Carolina Barriga Guerra, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
El caso que ha centrado la atención nacional, también ha salpicado al diputado Joaquín Lavín León (UDI), esposo de Barriga después de que la PDI descubriera un archivo de su autoría en computador incautado desde las oficinas de la Municipalidad de Maipú.
Este hallazgo dirigió la atención de los investigadores hacia el parlamentario. Según refiere este sábado 20 de enero La Tercera, hace dos meses se solicitó al Noveno Juzgado de Garantía el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de Lavín León y el pasado 5 de diciembre el juez Hugo Torres accedió a la solicitud y ordenó levantar el secreto bancario de él, su esposa, Cathy Barriga, y otras 20 personas que prestaban servicios para la municipalidad.
La resolución del magistrado señala: “Se autoriza lo solicitado, ordenándose levantar el secreto bancario de las personas naturales y jurídicas individualizadas, para que las instituciones bancarias respectivas remitan al Ministerio Público con carácter de urgente la información solicitada, relativa al período que comprende desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021, sin previa comunicación a los afectados”.
A Lavín León se le ha denominado como «el alcalde en las sombras» por la influencia que tendría, según declaraciones de testigos e involucrados en la investigación, en las decisiones que tomaba la exalcaldesa en su gestión.
De acuerdo con el Poder Judicial, entre 2016 y 2021, la imputada Barriga Guerra, en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, habría realizado diversas maniobras defraudatorias para manipular la disponibilidad presupuestaria municipal, consistentes, esencialmente, en abultar los ingresos y subvalorar los gastos municipales. Manipulaciones que le habrían permitido financiar la adquisición de diversos bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión y que tuvieron costos multimillonarios, por lo que dejó sin pagar obligaciones contraídas por el municipio.
El actuar de la otrora alcaldesa, junto a los demás imputados que formaban parte de su círculo de confianza, habría generado un perjuicio fiscal que a la fecha, correspondería, al menos, a $30.972.845.635, pero cuya cuantía final, según la fiscalía será calculada por medio de auditorías forenses.
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