El caso Caval sigue sumando antecedentes luego de que la semana pasada la empresa que compró los terrenos en Machalí, Silca, anunció una demanda con el objetivo de que la transacción no se concrete.
En las últimas horas, en tanto, se ha informado de que bajo absoluta cautela, el fiscal a cargo de la investigación Luis Toledo procedió a la incautación de las plataformas comunicacionales que Sebastián Dávalos utilizaba en la Moneda, mientras ocupó el cargo de socio-cultural de la Presidencia. Entre los objetos incautados se encuentran un computador, copias de correos electrónicos y el teléfono que Dávalos ocupó en los 11 meses que se desempeñó como director socio-cultural, labor que terminó con su renuncia tras el destape del escándalo popularmente como ‘Nueragate’.
Cabe señalar que esta pesquisa se suma a la incautación de equipos en la casa del matrimonio Dávalos-Compagnon, se ha señalado que esta recopilación de materiales apunta a esclarecer y determinar las circunstancias en las que se realizó la compra de terrenos en Machalí. Transacción que se realizó justamente con el dinero del préstamo otorgado por el Banco de Chile tras la reunión sostenida entre Dávalos, Compagnon y Luksic. Cabe recordar que en dicha instancia, se les otorgó un préstamo de 6.500 millones de pesos, monto que fue utilizado para comprar los terrenos que mas tarde fueron vendidos en 9.500 millones.
Las diligencias dirigidas por el fiscal Toledo se originaron tras la denuncia presentada en la Fiscalía Nacional por los diputados de Renovación Nacional, Juan Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg para solicitar la investigación del caso y así determinar si hubo ‘negociación incompatible’ o ‘violación de secreto’.
Según consigna La Tercera, además del computador de Sebastián Dávalos, también se han incautado otros discos duros correspondientes al secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Rancagua, Wilfredo Valdés; al del socio de Caval, Mauricio Valero; uno existente en el Conservador de Bienes Raíces de la zona; y otro que estaba ubicado al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Estas primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía de Rancagua pretenden esclarecer si hubo información privilegiada. Además, el fiscal Toledo ha recopilado información referente a documentos de los terrenos, como planos, inscripciones, planos del Plan Regulador de Machalí e información bancaria.
Luego de revisar la información recaudada, es probable que el fiscal ordene la citación a declarar de algunos de los involucrados en el caso Caval, en primera instancia a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos.
Cabe señalar que a pesar de esta investigación en curso, de las declaraciones tanto de la propia Presidenta Michelle Bachelet, como de su hijo Sebastián Dávalos, existe un descontento popular que apunta a la ética y las influencias que caracterizan a este caso. Puesto que, independiente del ilícito que pudiera comprobarse, el descontento social es alimentado por la posición privilegiada de Dávalos, quien como hijo de la Presidenta pudo acceder a un millonario crédito a partir de una reunión con uno de los empresarios más cuestionados del país. Crédito que además está negado para cualquier chileno que tenga un capital pequeño como el de Caval. Por ello hemos destacado la importancia de que un pronunciamiento de la Presidenta con respecto a la devolución de la ganancia obtenida del negocio, sería una resolución ética bienvenida por la ciudadanía e independiente de la causa legal.
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