Caso Clarín: ¿Cómo que no hay testamentos?

El Clarín

Artículo publicado en Rocinante el 2002  
Última modificación ( miércoles, 19 de octubre de 2005 )

Rápido reaccionó el ministro Jaime Ravinet –Vivienda, Urbanismo y Bienes- ante el artículo de Rocinante en la pasada edición. Pero lo cierto es que las réplicas del terremoto continúan, pese a que cinco ministros –liderados por el jefe de gabinete- se movieron de emergencia al Parlamento, en helicóptero, para impedir que la Cámara de Diputados iniciara una investigación sobre el «caso Clarín». (Artículo publicado en la Revista Rocinante el 2002).

Todo indica que la extraña operación de ASINSA se inició ante la alarma que despertó, en 1997, la decisión de los españoles Víctor Pey y Joan Garcés de acudir al tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI). Asustó el monto solicitado como indemnización, incluyendo el lucro cesante: 517 millones de dólares.

Alguien –con mucho poder- dio el «vamos» a la propuesta de crear una red de herederos, de modo de despojar a Pey de sus derechos. Hay que recordar que Pey fue expropiado por la dictadura militar de todos sus bienes, mediante decreto supremo 580, tras comprobarse que era el propietario de Clarín. En la caja fuerte de su oficina privada se hallaron el contrato de compraventa, todas las acciones y sus traspasos endosados, así como los comprobantes de pago. Y un tribunal le devolvió estos documentos en 1995.

La «red de herederos» fue montada con habilidad. El abogado Enrique Testa primero, en 1998, entregó un informe en derecho al Comité de Inversiones Extranjeras y luego, en 1999, creó la empresa ASINSA para comprar derechos sucesorios. Amparado en un informe de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sostuvo que los dueños de Clarín eran Darío Sainte-Marie, Emilio González, Ramón Carrasco y Jorge Venegas. La realidad es que el primero vendió todas sus acciones en 1972 a Pey. Y los otros tres fueron «potenciales» compradores en una operación que no se finiquitó. Razón por la cual Pey tenía en su poder todas las acciones y los traspasos firmados, lo que –según el Código Civil, el Código de Comercio y la ley de Sociedades Anónimas- comprueba sus derechos propietarios.

Para completar el oscuro cuadro, esta red de herederos –liderados por el abogado Testa- pidió en junio de 1999 acogerse a la ley de restitución de bienes confiscados por la dictadura. Y el mismo día que la División de Bienes emitió su informe jurídico -28 de abril del 2000- el ministro Claudio Orrego estampó su firma en la resolución Nº 43 para aprobar los pagos.

Primera pregunta: ¿qué provocó tanta agilidad funcionaria, rompiendo la tradición burocrática chilena? Respuesta: la urgente necesidad del abogado Juan Banderas, entonces fiscal del CIE, de cerrar el caso en el tribunal internacional, argumentando que el Estado chileno ya había aprobado el pago a los «reales» dueños de Clarín. Pero la estrategia fracasó y el caso sigue adelante en Washington.

Segunda pregunta: ¿Cómo se explica que, después de tanto apuro, el Ministerio de Bienes se haya tardado más de dos años para evacuar la resolución Nº 43 rumbo a la Contraloría General de la República? Porque se dictó en abril del 2000 y sólo ingresó a la Contraloría a comienzos de junio del 2002. Respuesta posible: el ministro Jaime Ravinet empleó mucho tiempo para estudiar el caso debido a sus posibles consecuencias.

Tercera pregunta: ¿Cómo es posible que en la resolución Nº 43 se repita la palabra «intestados» en circunstancias que sí hay testamentos? Respuesta: no hay por ahora.

Los testamentos

Veamos el testamento de Darío Sainte-Marie Soruco, fundador y dueño de Clarín hasta 1972. Millonario en dólares, firmó el documento de siete fojas en Madrid el 28 de marzo de 1979. Declaró que dejaba todos sus bienes a sus cinco hijos y expresamente desheredó a su mujer, Carmen Kayser Labbé, por «haber contraído nuevo matrimonio civil en país indeterminado de América del Sur».

Su biblioteca y archivo los dejó al periodista Carlos Alberto Cornejo, cuya mujer –la abogada Aránzazu de Sasia- quedó como albacea. Cuando murió, en febrero de 1982, los herederos se reunieron en Madrid. Y los hijos acordaron incorporar a su madre como legítima heredera, repartiéndose entre los seis la herencia. Firmaron un completo inventario de «todos los bienes» que llenó 43 fojas: mucho dinero en cuentas bancarias y depósitos a plazo, cuatro departamentos en el lujoso edificio Centro Colón de Madrid y siete fastuosos departamentos en Marbella, amén de estacionamientos y un lujoso Jaguar. ¡Las acciones de Clarín no figuran en parte alguna!

Eso en lo que respecta a la familia Sainte-Marie, ahora declarada por el Ministerio de Bienes como co-propietaria de Clarín, por lo que recibirán parte importante de los nueve millones de dólares aprobados por el Estado chileno.

En cuanto a Emilio González González, de quien también se dice que murió «intestado», hizo testamento en la notaría de Jaime Morandé Orrego, en Santiago, el 25 de mayo de 1977. Y dejó como su heredera universal a su esposa Flor María Medina Rojas. No tenían hijos. Al morir González en 1991, su esposa estaba ya gravemente enferma, al punto que no pudo firmar y sólo estampó su huella digital en el poder general que le hizo firmar uno de sus sobrinos. Al morir ella, se hizo el inventario de bienes para el reparto entre sobrinos. Y en dicho inventario no se menciona en parte alguna las acciones del diario Clarín. El 40 por ciento de esa herencia –unos pocos muebles viejos, restos de una camioneta y un pasivo de más de nueve millones de pesos- la compró el abogado Testa a través de la empresa ASINSA.

Respecto al abogado Ramón Carrasco Peña, no se ha podido establecer si dejó testamento. Lo heredaron su viuda legal, Luz Dávila, y dos hijas. Nada reclamaron, en todo caso, hasta que fueron alertadas por el abogado Testa –en 1999- sobre la posibilidad de transformarse en millonarias herederas de Clarín.

Y en cuanto a Venegas, único vivo, fue la misma empresa ASINSA quien lo representó para obtener la suculenta indemnización ante el Ministerio de Bienes. Y el ahora anciano Jorge Venegas, quien vive en Talca, rechazó todas las preguntas de ROCINANTE cuando le preguntamos con qué dinero había pagado las acciones de Clarín y por qué entregó dichas acciones y los traspasos endosados a Víctor Pey. «No, no doy información», repitió una y otra vez.

Para mayor claridad, hay que recordar que la dictadura también expropió bienes a Jorge Venegas y Emilio González, quienes elevaron escritos ante el Ministerio del Interior para aclarar que nada tenían que ver realmente con la propiedad del diario Clarín. Y por eso el decreto supremo 580, en su artículo 5º, ordenó -el 21 de abril de 1975- que «a contar de la fecha del presente decreto, podrán disponer libremente de sus bienes».

¿Cómo es que Venegas y González pudieron convencer a la dictadura de que no eran dueños de Clarín y cómo es que ahora convencen al Ministerio de Bienes de que sí son dueños?

Todo es muy extraño, por decir lo menos. La clave es que el Estado no debería dar curso al pago de nueve millones de dólares de indemnización –dos de los cuales se los lleva ASINSA- sin que haya completa claridad en este caso.

Los prejuicios

Una montaña de prejuicios impide a los políticos y a la prensa investigar con seriedad lo ocurrido en el «caso Clarín», donde lentamente han ido emergiendo datos para conformar un escándalo millonario que se pagará con los impuestos de los ciudadanos.

La derecha: Con el Instituto Libertad (RN) a la cabeza, está convencida de que Clarín fue comprado por el Presidente Salvador Allende en 1972, con plata que le entregó Fidel Castro, y que usó al español Víctor Pey -su amigo y asesor- como testaferro. De nada sirve que la diputada socialista Isabel Allende les diga, una y otra vez, que su padre no tuvo relación alguna con la operación de compraventa realizada en Estoril, Portugal. O que Pey pueda probar que pagó con su propio dinero. La derecha cree que, de pagarse a Pey, todo o gran parte del dinero iría a las arcas del PS para su campaña electoral o para poner en circulación Clarín con fines proselitistas. Y esgrime como prueba que el socialista ministro del Interior, José Miguel Insulza, era canciller cuando dicho ministerio modificó la «hoja índice» certificando que Pey era español (dato clave para el tribunal del Banco Mundial). Para calmar suspicacias, el gobierno designó al abogado RN Guillermo Carey en el equipo legal de defensa. Y RN contestó que dicho nombramiento no saciaba su sed investigativa.

La Concertación: EL PDC también cree que las platas terminarán en las arcas del PS de pagarse una indemnización a Pey. Cedió a la presión gubernamental para que la Cámara no investigara y pidió a cambio la intervención del Consejo de Defensa del Estado, lo que hasta el cierre de esta edición no se había materializado. El diputado Gabriel Ascencio lidera la inquietud de este partido e incluso pidió al Colegio de Abogados que investigara los actos de Testa. Pero el PDC está complicado además porque dos de sus militantes aparecen avalando la extraña operación de ASINSA: el actual ministro Jaime Ravinet y el ex ministro Claudio Orrego.

El PPD, por su parte, está en un lío. Porque Álvaro García era ministro de Economía cuando el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) encargó al abogado Enrique Testa el estudio del caso. Y este abogado se asoció con su yerno Isidoro Gorodisher (actual concejal PPD por Las Condes) y con Ronald Youlton –se desconoce militancia- para comprar derechos de algunos supuestos herederos, representar a otros y embolsarse al menos dos de los nueve millones de dólares que aprobó el Ministerio de Bienes. La diputada Laura Soto lidera la petición para que el Consejo de Defensa del Estado investigue lo ocurrido.

Carta de Ravinet

En carta personal dirigida a Patricia Verdugo, el ministro precisó –en síntesis- que la empresa ASINSA actuó legalmente, «acreditó plenamente» sus solicitudes con documentos, «los que se tuvieron a la vista por el Ministerio de Bienes Nacionales al momento de dictar la resolución Nº 43 y el respectivo decreto de indemnización». Agregó el ministro Ravinet que la «legalidad» de toda la operación fue avalada por la Contraloría cuando, en julio pasado, tomó razón de los decretos que ordenaron la indemnización.

Por Patricia Verdugo  
Artículo publicado en Rocinante el 2002
Última modificación ( miércoles, 19 de octubre de 2005 )