Durante la audiencia de competencia inhibitoria celebrada este martes , el Juzgado de Garantía de Arica decidió mantener el denominado «Caso Conscriptos» en la justicia civil.
El juez Juan Araya rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, quien había pedido la inhabilitación del tribunal civil bajo el argumento de que el caso debía investigarlo la justicia militar.
“Será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos, en consecuencia, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar”, afirmó el magistrado del Juzgado de Garantía de Arica.
En la instancia en la que participaron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el abogado de la familia del soldado Franco Vargas, Sebastián Andrade, y el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el juez Araya planteó que “es razonable y sensato que sea la jurisdicción civil la que conozca un hecho de esta naturaleza».
Destacó que el caso no tiene solo víctimas militares, sino que también civiles, tales como Romy Vargas, madre de Franco Vargas, soldado que murió en Putre durante la marcha militar.
«Hay una víctima que no es militar y la jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la unidad de atención de víctimas que tiene el Ministerio Público, o sea, si queremos proteger a las victimas y sus garantías!», indicó.
«Desde la mirada del imputado, lo decía el académico Cordero en una nota de prensa, lamentablemente la jurisdicción militar en términos jurídicos, es de un sistema antiguo e inquisitivo, no se trata de un juez independiente, no es un juez imparcial, es el mismo juez que instruye el sumario y el que eventualmente va a someter a proceso, es el mismo juez el que va acusar y va a dictar sentencia (…) Entonces, si lo miramos también desde el punto de vista de los imputados, también sería necesario que sus garantías, el debido proceso, etc. van a ser mucho mejor resguardado en la jurisdicción civil», planteó el magistrado, citado por Diario U de Chile.
En declaraciones a la prensa, Araya señaló que “hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido, de que, por tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no son castrenses, sino que distintos y de mayor amplitud, como la dignidad de la persona humana, la dignidad y la vida, exceden el ámbito de la jurisdicción militar común».
Los antecedentes del caso serán remitidos a la Corte Suprema, que deberá definir si la causa continúa en la justicia civil o en la militar.
INDH: «Si caso Conscriptos es visto por justicia militar, Chile será sancionado»
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso de los conscriptos por el delito de apremios ilegítimos, insiste en que la causa debe mantenerse en los tribunales civiles, ya que se trataría de violaciones a los derechos humanos.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, planteó que los jóvenes, que eran parte de un contingente de 250 conscriptos en la Brigada 24 Huamachuco, se encontraban “bajo la custodia del Estado. Tenemos la convicción que vivieron graves violaciones a los derechos humanos. Cuando le preguntan al instituto si los carabineros y los militares tienen derechos humanos, mi respuesta es que sí. Sí tienen derechos y estos jóvenes siendo militares vivieron una grave violación a los suyos».
“Tiene que haber justicia y justicia civil”, reafirmó.
“El Estado de Chile ya tiene sanciones del sistema interamericano de justicia por haber usado la justicia militar en casos que no corresponden. Si el caso es visto por la justicia militar, el Estado será sancionado nuevamente“, agregó.
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