Guerrero / Parada / Nattino
La Corte Suprema ratificó la libertad condicional del ex cabo Alejandro Sáez Mardones, uno de los quince integrantes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros procesados y condenados por el Caso Degollados.
La Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Rodrigo Correa y Arturo Prado ratificaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 10 de julio.
Alejandro Sáez
En la resolución se confirma que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago actuó de forma ilegal y arbitraria por no conceder el beneficio a los internos, pese a que cumplían con los requisitos para acceder a esta prerrogativa.
Con esta acción, se rechaza la decisión anterior de Romy Rutherford, ministra presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, quien había negado el beneficio para Sáez porque consideró que los exámenes sicológicos entregados por Gendarmería indicaban que el imputado “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado”, según informa 24 Horas.
El único voto disidente en esta resolución de la Corte, fue de la jueza Rosa Egnem, quien señaló que el informe psicológico de Alejandro Sáez «da cuenta de la permanencia en la justificación de sus acciones delictivas, y ausencia en la conciencia del daño causado”.
Cabe mencionar que en el antiguo sistema procesal chileno, una persona condenada a cadena perpetua podía acceder a beneficios como la libertad condicional, salidas de la cárcel los fines de semana o diariamente, después de cumplir 20 años efectivos de prisión y que la defensa de Sáez ya había conseguido, desde junio del 2013, el beneficio de salidas los fines de semana, gracias a que había cumplido con el tiempo mínimo de presidio efectivo, manteniendo una conducta intachable al interior del penal de Punta Peuco.
Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas, dijo que “nos horroriza la decisión de la Corte Suprema porque establece un antecedente muy delicado de otorgar el beneficio de libertad condicional a un ejecutor material de un crimen de lesa humanidad.” Estas declaraciones las realizó en Radio Cooperativa.
Por esta razón y porque Sáez no ha mostrado arrepentimiento, anunció que los familiares recurrirán a tribunales internacionales para que se sancione al Estado chileno por esta decisión.
Actualmente, Sáez ha cumplido con 22 años de su condena de presidio perpetuo, como uno de los ejecutores del crimen de los tres profesionales y militantes del Partido Comunista. Santiago Nattino, quien era diseñador gráfico, fue abordado en las calles Apoquindo con Badajoz, mientras que Manuel Guerrero, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), y José Manuel Parada, sociólogo, jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, fueron secuestrados al día siguiente desde las puertas del Colegio Latinoamericano, ubicado en la calle Los Leones.
En defensa de los hombres que estaban siendo secuestrados salió el profesor Leopoldo Muñoz; sin embargo uno de los secuestradores lo tiró al suelo y le disparó a quemarropa en el abdomen.
A un par de cuadras el tránsito había sido desviado y un helicóptero hacía vuelo rasante sobre el establecimiento educacional.
Las víctimas fueron trasladadas al cuartel de Calle 18, en el centro de Santiago, el mismo que utilizó el Comando Conjunto a mediados de los ‘70 y que era conocido como el recinto de «La Firma». En el lugar, permanecieron esposados, con los ojos vendados y sufrieron torturas.
Según informa 24 horas:El expediente judicial del caso estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez Mardónes y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt. De copiloto iba «El Fanta», Manuel Fuentes, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora. Todos eran miembros de Carabineros y agentes de la Dicomcar.
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. «El Fanta», Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.
Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especie de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló. A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, en la calle 18.
Pasado el mediodía del sábado 30 de marzo, dos hermanos campesinos encontraron los tres cadáveres. Siete horas más tarde, fueron trasladados al Instituto Médico Legal, donde familiares y amigos de Parada, Guerrero y Nattino, esperaban conocer la identidad de los cuerpos. Cuando las identidades se confirmaron y se conocieron detalles del crimen el repudio nacional por el llamado»Caso Degollados» fue tal que alcanzó a la Junta Militar.
El general director de Carabineros, César Mendoza, debió renunciar.
Es importante recordar que Sáez había sido condenado por el delito de secuestro de otras seis personas. Todos los casos ocurrieron en marzo de 1985.
A lo anterior se agrega la acusación de asociación ilícita en la desaparición de Víctor Humberto Vega Riquelme, en enero de 1976, y procesado como autor del secuestro calificado de José Weibel, en marzo de 1976, y procesado como cómplice de los secuestros calificados de Ricardo Weibel y Juan René Orellana Catalán, en noviembre de 1975 y junio de 1976, respectivamente.
Finalmente, también fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita y a firma por 3 años y un día como el autor del asesinato de Carlos Contreras Maluje, ocurrido en noviembre de 1976.
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