Caso Elena Varela: Juzgado Civil rechaza demanda por daños y perjuicios contra el Estado chileno

Sólo hace una semana se hizo pública la sentencia del 19 Juzgado Civil de Santiago que rechaza la demanda por daños y perjuicios entablada por la documentalista Elena Varela contra el Estado de Chile, acusando falta de presupuestos legales necesarios para hacerse responsable de los hechos injustificadamente erróneos del Ministerio Público y los agentes de policía que motivaron la detención de la audiovisualista y su equipo en mayo del 2008.

Si bien el fallo acoge el mal proceder tanto policíaco como del Ministerio Público -respaldando el dictamen del 22 abril 2010 en que el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica absolvió por unanimidad a Varela López de los cargos formulados en su contra-, nunca se hizo mención a que la profesional aparte de ser víctima de una persecución penal errada e injusta, fue además afectada por la apropiación indebida de su material filmográfico, vital para la realización de dos documentales, uno relativo a la cuestión mapuche y el Estado chileno, y otro referido a la historia de la guerrilla en el sur de Chile posterior al golpe de estado del año 1973.

Consultada por El Ciudadano respecto a su parecer frente al dictamen judicial, Elena Varela afirmó estar triste por nuevamente estar frente a “un proceso bastante irregular, en que se dilató mucho y finalmente se citó un ministro en visita para la causa, que solicitó a la jueza dar un veredicto abruptamente, lo que llevó a dar esta sentencia de rechazo a la indemnización”.

Impunidad legal

Otro aspecto que no fue sopesado por la jueza Jacqueline Benquis Monares fue el arbitrario y erróneo comportamiento del Ministerio Público frente a la prensa, ya que Elena Varela fue sindicada como terrorista pero nunca fue acusada por infracciones a la ley antiterrorista. Además, en un aspecto gravísimo ante cualquier tribunal, se desconoció una especie de litigación a través de los medios de comunicación, efectuada con imputaciones que lesionaron gravemente la imagen y reputación de la documentalista, al ser vinculada con guerrillas como las FARC de Colombia y grupos subversivos latinoamericanos, generando una fuerte pérdida de oportunidades laborales al ser estigmatizada como terrorista y delincuente, y otorgándole una supuesta validez ante la opinión pública a una investigación que acusa mediante mentiras, privándola de libertad durante dos años.

“Me parece fuerte y triste a la vez la respuesta, no se esperaba. La jueza nunca estudió bien la causa, es como si se lavara las manos de toda esta situación. Hay hartas cosas bastante frías, es una resolución sin criterio. Pareciera que tuviera que haber dado la sentencia de manera obligatoria, no hay justificación clara de lo que habla. Hay un vacío y está llena de vicios. Por ello, se solicita que la Corte de Apelaciones la reciba. Después, si no hay respuesta favorable, pasa a la Corte Suprema. Y luego, a la Corte interamericana, si nada bueno se logra aquí”, señaló la documentalista.

Abogado constitucionalista Hernán Bosselin

Luego de siete años de espera -y a casi diez del inicio del proceso-, los abogados Sebastián Sánchez, Hernán Bosselin y Ramón Briones seguirán con la causa. “Sabemos que tenemos que seguir adelante con esta demanda. Ha sido un daño súper grande a la familia, mi hija y a mi, en cuanto a mi carrera. Fue un costo laboral muy grande, de años sin trabajo. Hay un montón de aristas que se conjugaron, afectando no sólo lo netamente físico sino también temas de salud mental. Además, el daño en general que hicieron a la sociedad, con el tema de la libertad de expresión, es muy fuerte, pienso que no puede seguir pasando una situación así. Hoy día hay otra gente en similares situaciones, como Vicente Montecinos, o el fotógrafo Felipe Durán”, denunció Varela López.

El caso generó un fuerte apoyo internacional, transformando la figura de Elena en un mito en el tema de los derechos humanos y la libertad de expresión. Si bien acepta que existen intenciones de realizar una segunda parte de la película, asume que en todo el proceso no habrá apoyo para hacerla sino al contrario, habrán muchos enemigos. “Aunque digan que fue un error del Ministerio Público, nosotros sabemos que fue una medida política que hizo el Estado para silenciar y no dejar que las cosas que sepan”, reconoce.

La audiovisualista aún confía en quienes pueden hacer un contrapeso al Consejo de Defensa del Estado. Entre la terna de abogados que defienden su causa, hay destacados constitucionalistas. Por ello, no dejará de luchar y es tajante al criticar a la justicia chilena. “¿Cómo no va a ser un error inculpar a una documentalista de trabajar para las FARC? ¿Es posible sustentar un juicio con pruebas falsas? Este es un tema que no me compete a mí sola. En mi lucha por la libertad hubo mucha gente que estaba por defender la libertad de expresión, porque esta situación no puede pasar nunca más”, afirma. Y como se sabe, varios son los casos de abuso policial que se suman al actuar negligente del Ministerio Público. Mientras, en wallmapu, sólo queda no decaer en la lucha por el territorio.