Caso Fuente-Alba: Carlos Gajardo advierte que si se comprueba un mal trabajo de Fiscalía, «tienen que haber consecuencias»

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto y absolvió al ex comandante en jefe del Ejército, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa, Ana Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos por casi 3 mil millones de pesos, durante el ejercicio de su jefatura entre 2010 y 2014.

Si bien el tribunal, en un fallo unánime, acreditó conductas sospechosas como la entrega de $120 millones al general en 2014 provenientes de gastos reservados una vez que Fuente-Alba había dejado el cargo, se consideró que la indagación había fallado en aspectos claves.

El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y abogado, Carlos Gajardo, fue consultado sobre el veredicto que absolvió a Fuente-Alba y se refirió al trabajo que desarrolló el Ministerio Público, señalando que “tiene que haber consecuencias”.

En conversación con radio Futuro, Gajardo recordó que “el exgeneral Fuente-Alba tiene dos investigaciones. Una por malversación de caudales públicos, es decir, en chileno, por robarse la plata del Estado y llevársela para la casa”.

“Esa investigación la lleva adelante una ministra en visita. En su momento, la llevó la ministra Romy Rutherford, y hoy día la lleva la ministra Ana María Osorio. En esa causa, Fuente-Alba está procesado y no se ha dictado sentencia ni condenatoria”, explicó.

“Lo que la Fiscalía llevaba adelante, y por lo que fue absuelto, es un segundo delito, que se llama lavado de activos. Tiene que ver con los actos que tú haces una vez que te apropiaste del dinero mal habido, este dinero fiscal”, aclaró el exfiscal.

Ahí, la Fiscalía no fue capaz -ante este tribunal- de acreditar que se había producido este delito”, complementó Gajardo.

Planteó que  aunque Fuente-Alba «se sienta victorioso por esto (su absolución por lavado de activos)» es una situación «bien discutible, porque hay una segunda instancia distinta de la justicia militar, que es la que va a fallar ese caso, que dice que hay antecedentes muy potentes de malversación de caudales públicos”.

«Hay una crítica fuerte al trabajo de Fiscalía»

En sus declaraciones, Carlos Gajardo también abordó los cuestionamientos que realizó el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago al trabajo de la Fiscalía. “Es muy dura la crítica, pero si hubo un año de juicio, tiene que haber mucha prueba que aún no es analizada. Yo esperaría conocer ese análisis para entender por qué el tribunal lo desestimó”, comentó el abogado,

“Uno no puede decir que la palabra de un Tribunal Oral es la última palabra”, dice exfiscal Gajardo. “Uno también puede hacer una crítica si es que hay un mal trabajo ahí. Si es que no se ponderó adecuadamente la prueba, si se puso un estándar muy alto, uno imposible de cumplir. Pero, que hay una crítica fuerte al trabajo de Fiscalía, eso es un hecho”, argumentó el exfiscal.

Con relación a la responsabilidad del fiscal José Morales, quien llevó adelante la causa, el jurista señaló que “si el análisis muestra que hubo un mal trabajo, tienen que haber consecuencias para su evaluación profesional y su mantención como jefe de una Fiscalía tan importante”.

El fiscal «sepulturero»

El fiscal José Morales es conocido en el ámbito jurídico como el “sepulturero”, debido a las causas que mueren en sus manos.

En 2015 el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán decidió quitarle el Caso Cascadas a Morales, quien lideraba las pesquisas para dilucidar los movimientos de Julio Ponce que afectaron a los accionistas minoritarios y terminaron por hacer crecer las arcas del ex yerno de Augusto Pinochet.

También fue criticado por su actuación en el caso Kodama, que involucró a la exministra de Vivienda de Piñera, Magdalena Matte, y a quien el fiscal Morales excluyó de la formalización para pasarla de imputada a testigo.

En el caso Colusión de las Farmacias, el persecutor fue el primero en levantar la tesis de las clases de ética como castigo alternativo. Pasó también con el caso del fraude de Carabineros, en que los primeros antecedentes pasaron por sus ojos y no vio delito alguno, así como con el sonado soborno de LATAM en Argentina, cuando el expresidente Sebastián Piñera era accionista mayoritario.

Asimismo, se le acusó de falta de diligencia en la investigación por los calcinados en la bodega Kayser durante el estallido social.

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