Durante esta jornada se produjo una importante diligencia dentro de la indagatoria del denominado «Caso Hermosilla«, que investiga el presunto tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
El Ministerio Público informó que funcionarios del OS-7 de Carabineros incautaron el teléfono celular del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, así como de la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles Oteíza.
Esta diligencia se llevó a cabo como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por un posible soborno en el reciente concurso a fiscal nacional, en las cuales están involucrados tanto el persecutor como el socio de empresas de asesoría comercial, jurídica y contable.
«En relación con información publicada por algunos medios de comunicación en horas de la mañana y que dicen relación con diligencias realizadas en el caso por la investigación de algunos WhatsApp que se habrían intercambiado entre algunas personas -investigación que me fue asignada hace algún tiempo por el fiscal nacional- puedo confirmar dichas diligencias“, afirmó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
“En horas de ayer y en horas de la mañana de hoy se realizó la incautación de algunos medios electrónicos. Esta diligencia fue realizada por el OS-7 de Carabineros y forma parte de algunas de las diligencias que estamos realizando y realizaremos próximamente“, explicó, citada por CNN Chile.
Chats de Luis Hermosilla
Tras la revisión de los chats del celular de Luis Hermosilla, el famoso abogado que puso en jaque la institucionalidad judicial de nuestro país, luego de conocerse la gran influencia que tenía sobre varios aparatos del Poder Judicial, salió a la luz el «pantallazo», de una conversación que sostuvo Gonzalo Migueles Oteíza con el fiscal egionalde Aysén, Carlos Palma, quien entonces postulaba a convertirse en el Jefe del Ministerio Público.
En concreto, en las conversaciones de WhatsApp del jurista se encontrón evidencias de las gestiones que realizó Migueles en la última nominación del fiscal nacional, que finalmente ganó Ángel Valencia.
En el chat, Migueles le ofrece a Palma pagarle un doctorado y ponerlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. ¿A cambio de qué? de que le entregara su apoyo al candidato ya designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado. Palma ya estaba fuera de competencia, detalló Ciper en su reportaje.
Palma catalogó este como impropio, y se lo envió a Luis Hermosilla, dando cuenta de los motivos que lo llevaron a hacerlo.
«Entiendo que el señor Migueles estaba efectuándome una suerte de oferta, una vez que yo no fui designado candidato para la Fiscalía Nacional, oferta que yo nunca pedí ni a él ni a nadie. Por esta razón, y ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él«.about:blank
A esto se suma que, durante el concurso para elegir al Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, Migueles le sugirió a uno de los postulantes retirarse de la carrera en beneficio de Luis Fischer, el actual conservador.
Ciper se contactó con Migueles para entrar al detalle sobre cómo se iba a financiar ese doctorado y por qué le ofreció un ascenso, entre otras. Al respecto, Migueles sólo respondió en términos genéricos.
«Dado que no soy funcionario público ni ostento ningún tipo de autoridad, cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros sólo me representa a mí y se ha dado en un ambiente de confianza, siempre en el plano privado. No he tenido ninguna intervención ni operación en ninguno de los procesos de nombramiento señalados por usted, ni podría haberlo tenido. Cualquier comunicación que yo tenga con terceros es a título estrictamente personal y no la representa (a la ministra Vivanco) ni se ha hecho por encargo de ella o de cualquier otro funcionario o miembro del Poder Judicial», sentenció.about:blank
Al respecto, la ministra Vivanco, señaló que «no he participado ni puedo participar en ninguna negociación relacionada con el señor Palma ni con el proceso de elección de fiscal nacional. No tengo conocimiento de mensajes personales de él con terceras personas», expresó.
Sin embargo, en la misma investigación, el medio citado sostuvo que dentro de los chats del Caso Audios, hay conversaciones entre Ángela Vivanco y Hermosilla, en donde el abogado la habría ayudado supuestamente a llegar a su cargo en la Suprema en 2018, bajo la administración de Sebastián Piñera, cuando Hermosilla, a su vez, era asesor del Ministerio del Interior.
Corte Suprema convoca a Comisión de Ética
Desde su vereda, la jueza tildó las acusaciones como «prejuicios, intenciones e incluso errores que buscan afectar a un miembro del Poder Judicial» y cuestionó las filtraciones desde la Fiscalía a la prensa.
De todas formas, la Corte Suprema implementó una comisión de ética para investigar tanto este caso como el nombramiento de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza, también cuestionados por la influencia que ejercieron personajes del mundo político para concretar su llegada al máximo tribunal.
Sin embargo, Ángela Vivanco ingresó un recurso de nulidad mediante el cual aseguró que el procedimiento le fue informado con una «especie de minuta que no cumplía con los mínimos requisitos» y que no daba cuenta del «objeto de la investigación, ni sobre el ámbito temporal, especial y/o material de la misma».
Posteriormente, a través de un segundo documento, Vivanco solicitó inhabilitar a dos de los ministros que integran la Comisión de Ética: Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, este último presidente de la Corte Suprema.
«Ambos han incurrido en causales de inhabilidad al haber emitido dictamen previo», señala el escrito. Además, se apunta directamente contra la ministra Muñoz, quien «ha solicitado expresamente, y de forma reciente, que se inicie un procedimiento disciplinario en mi contra, y, además, ha realizado múltiples declaraciones contra mi persona durante el último año. Así, les asiste una causal de inhabilidad para conocer de una causa en mi contra al integrar la Comisión de Ética».
«Si ya adelantaron esta opinión, según el artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales, no resulta jurídicamente admisible que ambos concurran a integrar la Comisión de Ética ni que participen en el informe final de la misma, cuyo objeto será, precisamente, resolver si recomiendan al Pleno o no, iniciar un procedimiento disciplinario en mi contra», finaliza el documento.
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