Caso Lavandero: Continúa el ensordecedor silencio oficial

Como dijo el Senador Nelson Avila ante el montaje de Girardi que lo involucraba en el caso Spiniak, ‘en Chile quien habla de más o lo acusan de ladrón o de maricón’. La verdad histórica es imposible de reconstruir, para quien lo dude vea el filme Rashomon de Akira Kurosawa. Es por eso que en los sistemas judiciales mordernos, autoproclamados racionales, se prescinde de la búsqueda de la verdad proponiéndose el modesto fin de que las resoluciones judiciales sean válidas más allá de toda duda razonable. La verdad es un asunto muy importante como para entregárselo a los jueces pero ellos sí pueden asumir la humana tarea de custodiar un debido proceso para que nadie pueda alegar que se le impidió defenderse, se lo obligó a inculparse, o se falsificaron las evidencias. En dichos sistemas es un acto grave de desacato alegar inocencia cuando existen resoluciones inmodificables.

El sistema procesal criminal que operaba en Chile hasta hace menos de una década era severamente criticado desde todos los sectores, debido a su incapacidad de brindar a la sociedad un debido proceso. Distinguidos académicos participaron de los estudios preliminares en que se juzgaba de modo categórico a dicho proceso. Algunos de ellos los dirigió la CPU [Corporación de Promoción Universitaria] y fueron firmados por el mismísimo Jorge Correa Sutil.

Según todos los informes, el sistema procesal, fomentaba la autoinculpación aditada de modo aberrante por la tortura institucionalizada. Muchos de los críticos a la tortura sistemática de la dictadura omitían, incluso aún lo hacen, declarar que ella se practicaba a los delincuentes comunes mucho antes que a los políticos, antes incluso que las celdas móviles de Portales; y que ella se continuó practicado de modo habitual por las policías hasta hace muy pocos años, al menos como método investigativo de delitos comunes.

Si bien la reforma procesal penal ha disminuído significativamente tanto la práctica como la legitimación de los modos más aberrantes de tortura, no ha conseguido superar al sistema predecesor pues todas sus promesas han sido incumplidas.

El nuevo sistema sería más eficiente y por lo tanto los procesos serían rápidos, lo que a mediano plazo justificaría la cuantiosa inversión.

Los fiscales sólo perseguirían los delitos graves sin embargo existen sentencias de diez y quince años de cárcel por robos de teléfonos celulares o reproductores portátiles de Mp3.

Pero el asunto más sensible del sistema anterior era que este prefería que se condenara a un inocente que dejar a un culpable suelto. Eso traía consigo que no pudiera saberse en definitivas quién era culpable o inocente pues el sistema de investigación no resistía ni el más mínimo análisis.

En este ítem el nuevo sistema se ha conservado intacto, al menos en los casos emblemáticos. No existe ningún caso de impacto nacional en que no quepan dudas razonables acerca de la autoría de los condenados con la honrosa excepción del asesinato del joven ciclista en la plaza Pedro de Valdivia. Quedaron serias dudas en el caso Alto Hospicio y qué decir del ‘Psicópata del Pincel’. En este último caso el condenado había sido absuelto en un primer juicio que fue anulado, POR LA PRENSA y visado por la corte, y se constituyó un tribunal para dictar una sentencia ya decidida. Es tan grave lo sucedido que las mismas evidencias que llevaron a la absolución en el primer juicio, llevaron a la condena en el segundo. Las circusntancias exculpantes esgrimidas por el imputado no sólo no se valoraron como duda razonable sino que además no se investigaron dichas hipótesis y se validó como testigos a personas directamente implicadas en los hechos, los cuales nunca se trató como sospechosos.

Los casos suman y siguen mientras las fiscalías se colapsan a propósito de la mentalidad de estafeta del primer fiscal nacional que se esmeró en sus dos años de ejercicio en aniquilar una máquina colosal y aparentemente perfecta.

Sabas Chahuán no ha dado muestras de revertir esta política y con cada intervención deja de manifiesto porqué Piedrabuena lo colocó alguna vez en su cargo.

Pero el caso más aberrante ocurrido en el ‘flamante’ nuevo proceso penal ha sido la condena por secretaría, y digámoslo con todas sus letras, por la televisión y nada más que por la televisión del ex diputado y senador Jorge Lavandero Illanes.

Lo más grave en este caso es que las audiencias se televisaron en vivo y en directo lo que dejó en evidencia el deficiente capital cultural de los letrados. Es por esto que nunca más se autorizó una cobertura de esta naturaleza.

En dichas audiencias se incumplieron todas y cada unos de los principios basales del nuevo proceso y que habían justificado la sustitución por uno nuevo.

En Septiembre de 2001, mientras dictaba una ponencia en Guarujá, San Pablo, mencioné que el nuevo sistema procesal era un lavado facial al proceso vigente y que sólo serviría para que se pudieran televisar los juicios y realizar producciones, series de TV, inspirados en ellos. Siento haber tenido la razón en cada palabra, incluso debo reconocer con pavor que lo que ocurre hoy es aún peor que lo que podíamos delirar en nuestras peores pesadillas.

El nuevo proceso sólo ha servido para hacer aún más severo el sistema de clases de aquello que con tanta hipocresía e ignorancia se le denomina justicia. Las detenciones han crecido en modo constante al igual que los encarcelamientos.

Los costos operativos del nuevo proceso son escandalosos si se los compara con los de vivienda, educación y salud. En la Araucanía el nuevo proceso se utiliza como una extensión del terrorismo de estado. En las grandes ciudades se considera normal que se emprenda una lucha de clases, desde arriba hacia abajo, en que los dominadores del juego aplacan día a día a los pobres que deben subsistir sin educación, empleo ni esperanzas.

Y aún así el caso Lavandero sigue siendo, por lejos, lo más aberrante que se haya visto, pues él fue ajusticiado en un proceso televisado a pesar del poder que tenía y de sus recursos económicos. Eso demostró que el nuevo sistema es aún peor que el anterior pues Jovino Novoa y Nelsón Ávila sí gozaron de la oportunidad, que todo chileno pudiente gozaba, de demostrar su inocencia bajo el sistema inquisitivo.
A Lavandero incluso eso le fue negado.

El nuevo sistema ha fomentado el ejercicio de la profesión de la piratería judicial mediática, del pillaje en descampado y del ascenso a figuración pública de pálidos tinterillos, verdugos e inquisidores, sedientos del poder negado en duelos argumentales. Personas lo suficientemente infames como para un día escribir un manual sobre el nuevo proceso, como Julián López, y acto seguido actuar de mano muerta de oscuros intereses conocidos pero inexpresables, contra todo lo que había escrito. Personas enfermas de odio, afiebradas, impotentes, que ven en el poder a toda costa la única vía para aliviar la naúsea que provoca su reflejo.

Y nuestra sociedad yace en tal estado de pobredumbre que dichas ánimas en pena no causan ni lástima ni espanto sino que además nos gobiernan.

Lavandero enfrentó a Barrick Gold; a la tropa de mafiosos que se hace llamar por estos días ‘Los Mineros de Chile’; se batió de díscolo solitario cuando había más de algo que perder siéndolo, no como ahora que incluso está de moda; acusó a Mario Kreutzberger, Don Francisco, de hacer gala de mezquinos intereses en su altruismo teletonesco. Se dio el gusto de ofender a cuanto pez gordo ha existido en este país… y parece que lo seguirá haciendo:

En entrevista transmitida por el canal de cable Zona Latina, Lavandero acusó sin eufemismos a Armendariz, el delfín de Piedrabuena; a Clara Scharansky, ex pareja y ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, y a todos los responsables por haber sido juzgado indebidamente. ‘No tuve ni juicio oral, como es derecho de todo chileno, y tampoco un juicio abreviado’. Estas afirmaciones ya las había realizado, en gran parte, en la publicación electrónica Cambio 21.

Un juicio oral y público es un derecho humano constitucionalmente reconocido el que sólo puede renunciarse en casos calificados por el imputado. Todos escuchamos a Lavandero gritando en la primera audiencia ‘He sido presionado’ y acto seguido a sus abogados pidiendo que se lo juzgara. La respuesta de nuestra judicatura fue ‘No a lugar’. Eso es tan escandaloso como que le le impida a un imputado a hablar pues ha elegido guardar silencio. Las garantías constitucionales son irrenunciables, el juicio abreviado es una figura al borde de la inconstitucionalidad lo que exige de los tribunales un sofisticado criterio al emplear esta figura. Aquí sencillamente se negó la posibilidad de probar la inocencia que reclamaba el imputado lo que abre la puerta para que el ex Senador pueda espetárselo a quienes tan desprolíjamente actuaron.

En un país medianamente decente declaraciones de este tipo producirían un escándalo. En un país decente sólo un orate o un psicópata sería capaz de realizar tales declaraciones. En un país normal los personajes aludidos se querellarían de inmediato por injurias y calumnias graves, y con publicidad. En un país medianamente democrático los medios de comunicación competirían por el Pulitzer cubriendo esta noticia.

Sin embargo en esta larga y famélica franja de ignominia sólo el humilde semanario el ciudadano ha publicado una nota profundizando en dichas declaraciones, a las que se suman las palabras de este ingenuo comentarista que pensó en su momento que este asunto marcaría un antes y un después.

Ante tal silencio, o silenciamiento de la prensa, quedo solo, ante mi mismo, exigiendo las explicaciones del caso.

En un país medianamente salubre las autoridades aludidas estarían obligadas a responder acusaciones tan graves puesto que, aunque quizá ya se nos haya olvidado, los funcionarios públicos no están autorizados para cometer delitos.

por Ariel Zúñiga Núñez

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