Familiares de los 38 campesinos ejecutados en Paine en 1973 anunciaron que apelarán a la Corte Suprema por el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rebajó las penas a 13 exmiembros del Ejército procesados por estos crímenes.
La sentencia dada a conocer este jueves por la Cuarta Sala de dicho tribunal si bien confirma en su generalidad la condena dictada en primera instancia, redujo sustancialmente las penas a los condenados, al acoger en fallo dividido la atenuante de la media prescripción, contemplada en el artículo 103 del Código Penal.
En un principio, el fallo la ministra Marianela Cifuentes estableció cuatro condenas a presidio perpetuo en contra de los oficiales en retiro del Ejército Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, todos en calidad de autores.
En el caso de otros nueve involucrados, Cifuentes condenó a penas de 10 y 20 años de presidio a otros nueve uniformados (carabineros y soldados) y al civil Juan Guillermo Quintanilla, también en calidad de autores, salvo el conscripto Jorge Reyes, quien fue absuelto por la jueza.
Sin embargo, y tras oír los alegatos de las partes en septiembre de este año, la Cuarta Sala del tribunal de alzada de San Miguel –integrada por los ministros Diego Simpértigue, Ana Cienfuegos y Dora Mondaca– recalificó los secuestros calificados como homicidios calificados y rebajó la sanción penal.
Justicia para las víctimas
La decisión del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue rechazada por los familiares, quienes luego de 47 años de búsqueda de justicia, esperaban la ratificación de las condenas impuestas por la ministra Marianela Cifuentes.
“Nosotros esperábamos la ratificación del fallo de la ministra Marianela Cifuentes, y que no haya sido así nos ha provocado una desazón y muchísima tristeza. Esto significa que aquí seguimos en impunidad, que el estado de impunidad está continuando, por lo que esperamos que en la Corte Suprema eso se rectifique”, expresó Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, citada por 24 Horas.Cl.
El abogado querellante Nelson Caucoto Pereira anunció que recurrirá contra el fallo que rebajó las condenas a los exmilitares.
“Recurriremos pues nos parece inapropiado que se aplique la media prescripción a delitos imprescriptibles. Lo que no prescribe no puede prescribir a medias o por retazos. Esa es la inconsistencia del fallo de segunda instancia, pues por la vía de esa atenuante inaplicable en este caso, se ha dictado una pena muy benigna si se toma en cuenta que se trata de 38 homicidios calificados, como lo sostiene el Tribunal. Bajo toda circunstancia, e incluso bajo el prisma del sentido común, la pena es desproporcionada con la gravedad y magnitud de los delitos acreditados”, explicó.
Indicó que “la opinión pública no podría entender esa inmensa desproporción si se tiene en cuenta que uno sólo de esos homicidios calificados merece la pena de Presidio Perpetuo Calificado, con mayor razón si se trata de 38 personas asesinadas con alevosía y premeditación”.
Para Caucoto “la aplicación de esa atenuante de la media prescripción, desnaturaliza la sanción, y deja abierta las puertas para una repetición de crímenes de esa naturaleza, cuando el castigo es tan benigno como en este caso”.
Asimismo, expresó que espera que «la Excma. Corte Suprema acogerá nuestra reclamación y reestablecerá las penas que aplicará acertadamente la ministra Marianela Cifuentes en el fallo de primera instancia”.