Caso Reinalda Pereira: Corte Suprema confirma condena a 31 exagentes de la DINA por secuestro calificado

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ratificó las condenas contra 31 exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza,  tecnólogo médico y militante comunista que se encontraba embarazada de cinco meses al momento de su detención.

Este hecho, ocurrido a partir del 15 de diciembre de 1976, mantiene a Pereira en la actualidad en calidad de detenida desaparecida.

El fallo definitivo, que contó con la participación de los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Pía Tavolari y Álvaro Vidal, confirmó la sentencia de segunda instancia.

De este modo, los ex funcionarios de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires fueron condenados a 10 años de presidio como autores del delito de secuestro calificado.

En tanto, Gladys Calderón Carreño, Juvenal Piña Garrido, Héctor Valdebenito Araya, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Pacheco Fernández, Emilio Troncoso Vivallos, Teresa Navarro Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera y Jorge Arriagada Mora fueron condenados a 7 años de presidio, en calidad de coautores del delito. 

Por su parte, Hosé Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Bertha Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy, fueron condenados  a 4 años de presidio efectivo  en calidad de cómplices.

El máximo tribunal en su fallo rechazó los recursos de casación tanto de la defensa de los condenados como de los querellantes, pero acogió el recurso del Consejo de Defensa del Estado y condenó al entonces teniente coronel del Ejército Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor del delito de secuestro calificado de Pereira. Chanigneau había sido absuelto en el fallo de la Corte de Apelaciones y actualmente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

Secuestro y desaparición de Reinalda Pereira

Los hechos que llevaron a esta condena se establecieron en la investigación, que determinó que Pereira de 29 años y cinco meses de embarazo de su primer hijo fue detenida el 15 de diciembre de 1976 mientras esperaba transporte público en Av. Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández.

Testigos presenciaron su arresto violento a manos de agentes del Estado pertenecientes a la DINA, que la trasladaron al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, lugar en el que estuvo junto a otros privados de libertad, detenidos por las mismas brigadas entre el 13 y 15 de diciembre de 1976 y donde fue sometida a torturas y finalmente desaparecida.

Ese mismo año, el Ministerio del Interior de la dictadura aseguró que Reinalda se fue a Argentina, cruzando “a pie” por el paso Los Libertadores, lo que dos años después se comprobó que era falso.

Desde entonces, Reinalda Pereira ha sido buscada incansablemente por sus familiares.

La Corte Suprema, al rechazar los recursos de casación de la defensa y los querellantes, enfatizó que el fallo es un hito en la lucha por la justicia en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, dejando claro que no habrá amnistía ni prescripción para estos crímenes.

El abogado querellante Nelson Caucoto destacó la importancia de esta sentencia, que, según él, “algo de paz y consuelo traerá a los familiares de Reinalda, a pesar de que su marido, el kinesiólogo Maximiliano Santelices, no alcanzó a ver el resultado del juicio”.

El jurista subrayó la brutalidad de las torturas sufridas por Pereira durante su detención, que incluyeron golpizas, descargas eléctricas y otras formas de maltrato.

Caucoto concluyó que este caso debería servir de reflexión para quienes niegan los crímenes de la dictadura y busca poner de manifiesto el horror que vivieron las víctimas, un recordatorio de la importancia de la memoria y la justicia en la sociedad chilena.

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