Caso Security: Un juicio político manchado de irregularidades

El lunes 6 de agosto empezó la etapa preparatoria del juicio de Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega, cinco años después de la muerte de un carabinero tras el asalto a una sucursal del Banco Security, delitos por los cuales están acusados. Los cinco años que ha durado el proceso, han estado marcados por las irregularidades, no hay presunción de inocencia y las justicias militar y civil fueron mezcladas. Para los familiares de los procesados y sus abogados se trata de un juicio político.

La sala 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el pasado viernes estaba llena. Hay una bandera que dice “mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcel, Freddy, Juan”. Son numerosos los jóvenes que vinieron al foro informativo sobre el Caso Security, que imputa los ex lautaristas Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega. Luis, el padre de Juan Aliste, está presente también. El objetivo del foro: “No olvidarles y mostrar nuestra solidaridad”, indica Irma, estudiante en derecho quien introduce el foro, días antes que se inicie la etapa preparatoria, el lunes 6 de agosto.

Todo empezó el 18 de octubre de 2007, cuando se produjo un asalto a la sucursal del Banco Security, en la calle Agustinas, en Santiago. En el escape, algunos participantes del asalto se enfrentaron con carabineros. Resultó muerto el cabo Luis Moyano Farías.

Tras estos hechos, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla huyeron a Argentina, donde fueron detenidos en marzo del 2008, luego de un incidente con armas de fuego en San Martín de Los Andes. En diciembre de 2009, fueron traslados a Chile. Juan Aliste Vega fue detenido en Buenos Aires en julio de 2010, antes de ser traslado a Chile también. Actualmente, los tres se encuentran recluidos en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago, esperando el juicio, después de cinco años de irregularidades en el proceso.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

“No decimos que no son culpables, pero que no fue respetada la presunción de inocencia”, indicó Irma, mientras que se trata de una garantía básica del derecho. De hecho, casi desde el principio, los medios de comunicación chilenos los mostraron como culpables, señalando como “asesinos” a quienes todavía son presuntos inocentes. Igual al caso Bombas y el del pakistaní acusado de entrar con TNT a la Embajada de Estados Unidos.

“El periodismo siempre tiene que ver con la caricatura y el arte de la manipulación: es algo muy político”, plantea Mario Guzmán, periodista de Radio Cooperativa invitado al foro. “Tiene la capacidad de asesinar con palabras y caricaturiza los luchadores sociales”- destaca.

Los expositores del foro denunciaron el hecho de que la prensa desligitima la violencia cuando viene de la gente común, mientras que actúa como encubridor de la violencia cuando viene del aparato represivo del Estado, ya que “la prensa es vinculada al capital y a las instituciones”- según Guzmán.

¿JUSTICIA CIVIL O MILITAR?

Además, el proceso mezcla las justicia Militar y Civil, gracias a la utilización del artículo 8 Transitorio de la Ley 20.477, que modifica la Competencia de los Tribunales Militares. Este artículo valida todas las pruebas obtenidas cuando la investigación estaba a cargo de los tribunales castrenses, mientras que los métodos utilizados por la justicia militar están al margen de la legalidad, como varios informes de derechos humanos lo mostraron. Es decir que si se obtiene una confesión o un testimonio a golpes por ejemplo, pueden ser usados como pruebas ante la justicia ordinaria. ”Eso legitima prácticas sinistras”- denunció el padre de Juan Aliste Vega.

Este artículo es una excepción a la figura de la exclusión de prueba para el juicio oral del artículo 276 del Código Procesal Penal. Plantea que el juez, luego de examinar las pruebas, ordenará “que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral […] las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales.”

Es por eso que “son pruebas ilícitas que van a ser utilizadas en el juicio”, explicó Julio Cortés, abogado y académico de las Universidades Central y Arcis. El derecho a defensa se encuentra más vulnerable, ya que no es posible objetar la legalidad de las pruebas, como en un proceso ordinario.

Cortés denunció también “el circo judicial y mediático” del caso Security, y el hecho de que “una democracia, en principio, no necesita justicia militar en tiempo de paz para juzgar civiles”.

“En principio, tenemos un solo Codigo Penal, que sanciona actos. Pero en práctica, existen subsistemas judiciales, y en derecho penal son las personas que interesan y no los actos: es político”, explica Cortés.

Es un punto de vista compartido por Yakolen Tepebasi, socióloga de la Universidad Alberto: “Podemos analizar la justicia penal como una política de control de las personas”. Así, parece que las leyes son hechas para condenar no sólo actos, pero también ideas y formas de vida y de lucha”.

Manipulación mediática, mezcla de ambos tipos de justicia, son conceptos que se repiten en el foro. “Claro que es un juicio político porque Freddy, Juan y Marcelo son subversivos, disidentes, y juzgados por su pasado político”- resumió Irma.

“Los tres encarnan décadas de rebelión, que empezó bajo la dictadura en Chile, en los años 1980 en particular”, plantea Nicolás Díaz, historiador de la Universidad de Chile. “Esa rebelión siempre enfrentó la represión del Estado, ya que todavía este país tiene un aparato estatal que reprime los movimientos sociales para establecer la paz social, es decir la paz de la administración del capital, con la muerte de disidentes”.

Cabe señalar que incluso los familiares de los tres imputados sufren hostigamiento y amenazas por parte del Estado con sus aparatos de represión policial, desde el inicio de la investigación, con el fin de presionarlos para que se declaren en contra de los presos.

 Chloé Lauvergnier

El Ciudadano