Por cuasidelito de homicidio serán formalizadas ocho autoridades, que estuvieron a cargo de las entidades que dirigieron la emergencia del terremoto del 27F. La fiscalía investigará sus presuntas responsabilidades penales por descartar la alerta a la población sobre el tsunami que afectó la zona centro sur del país. Sin embargo, el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, no será investigado.
Contrario a la solicitud del abogado querellante en el caso Tsunami, Raúl Meza, quien presentó una solicitud formal al Ministerio Público pidiendo la formalización por cuasidelito de homicidio del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, este viernes se informó que este no será investigado. Quienes sí serán indagados, por orden de la fiscal regional, Solange Huerta, serán otras ocho autoridades civiles y militares de la época.
En un comunicado publicado por la Fiscalía, se anuncia la apertura del proceso contra Patricio Rosende Lynch, ex subsecretario del Interior, así como la renunciada directora de la Onemi, Carmen Fernández. Además se notifica al jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett Paz; el jefe de turno Osvaldo Malfanti Torres, el ex director del SHOA, Mariano Rojas Bustos; el ex jefe de turno del SHOA, teniente 1º Mario Andina Medina; el capitán de corbeta Andrés Enríquez Olavarría, y Carlos Aranda Zapata
La Fiscalía también informó que llevaron adelante el requerimiento, en base al estudio “de un conjunto de antecedentes que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos”, por no haber dado la alerta temprano, que finalmente costó la vida de 156 personas y 25 desaparecidos. Sin embargo, aún no se determina la fecha en que se llevará a cabo este procedimiento.
Además, el abogado Meza, solicitó también las declaraciones de Sebastián Piñera y Rodrigo Hinzpeter, quienes estuvieron presente en los momentos que se tomaron las decisiones. Su declaración sería clave para esclarecer responsabilidades en torno a los dichos de Michelle Bachelet, quien señalaba como responsable de dar la orden a Carmen Fernández, y esta, a su vez, declaró todo lo contrario.
Por Leonel Retamal Muñoz
El Ciudadano
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