Una querella por fraude al Fisco, cohecho y revelación de secreto fue la que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de los abogados Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de al menos tres de los imputados en el caso ‘Sobreprecios’ del denominado Plan Frontera Norte, cuyo objetivo principal apunta a combatir el crimen y el tráfico de drogas y estupefacientes.
La querella se encuentra dirigida a «Felipe Baeza Prieto, César Saavedra Robles, Rodrigo Muñoz Toledo, Chrystian Urzúa Bilbao, Manuel Cacho Gálmez (funcionarios del Ministerio del Interior), Alfredo Giacoman Rossi, Daniel Weinberger Elberg y Roberto Weinberger Elberg (empresarios), como autores de delitos de fraude al Fisco, cohecho y revelación de secretos, previstos y sancionados en los artículos 239, 248 bis, 250 y 246 del Código Penal, respectivamente, y en contra de todos aquellos que resulten responsables en el curso de la investigación de los ilícitos señalados», según el comunicado de prensa emitido por el CDE.
Los abogados defensores de Felipe Baeza solicitaron acceder a la investigación y declaraciones que se han tomado en el marco de la indagatoria. El objetivo, señalaron, es poder conocer en detalle las evidencias que el Ministerio Público ha recabado desde que se efectuó la denuncia, el 5 de octubre.
La petición fue rechazada por el tribunal, tras argumentar que aún es necesario recabar más antecedentes vinculados con la licitación pública de los equipos.
Según el fiscal Retamal, una de las diligencias que se mantiene pendiente es “establecer los vínculos que había entre estas personas para realizar la licitación de equipos y para precisar la forma en que las mismas se comunicaron o coordinaron entre sí”.
El pasado 29 de octubre, la Fiscalía no descartó citar, en calidad de imputados, al renunciado sociólogo Carlos Álvarez, funcionario del Departamento del Crimen Organizado de la División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y a René Castellón Argote, un ex miembro de la PDI quien asesoraba a la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajando en el programa de Bienes Robados desde abril pasado.
Castellón era el propietario de Geo Limitada, una empresa de seguridad que en la actualidad participaba en el proceso de licitación de fibroscopios que serían adquiridos para la Región de Tarapacá.
El “Plan Frontera Norte” se hizo público el 4 de octubre pasado, seis meses después de que Alejandro Peña asumiera como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior. Su objetivo principal: “Evitar el ingreso y salida de droga y contrabando a través de puertos, complejos fronterizos y pasos no habilitados, y el combate al crimen organizado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
Dura tarea si se considera que sólo en la Región de Antofagasta existen 650 kilómetros de frontera con Bolivia y Argentina, con 98 pasos no habilitados; flanqueados por 450 kilómetros de borde costero y más de 30 caletas.
La licitación de los densímetros del Plan Frontera Norte fue acompañada de otra para la adquisición 52 fibroscopios, equipos flexibles que permiten revisar ductos y compartimentos de difícil acceso, como los estanques de combustible de los vehículos. Ambas adquisiciones se suman a otras dos polémicas compras para el mismo Plan Frontera Norte, ejecutadas en 2011. Se trata de tres hornos incineradores de droga y tres –algunos medios señalan cuatro- furgones Van provistos de escáner de Rayos X. Ambos sofisticados equipos no han logrado, hasta la fecha, ser habilitados para su normal funcionamiento. Los hornos y los furgones escáner con rayos X ya en febrero pasado presentaron fallas técnicas e incumplimiento de normas medioambientales y restricciones sanitarias, debido a los riesgos de salud, grave exposición y alto riesgo que significa para la población el uso en espacios públicos de rayos X. Eso sin considerar las normas y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos –comunes y corrientes- y el respeto a su integridad –peligrosamente vulnerada a través de Rayos X.
Por Emanuel Garrison
30 octubre de 2012
El Ciudadano
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