Cero avance en DD.HH. durante período Piñera

Esta mañana Chile debió presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el contexto de su segundo Examen Periódico Universal (EPU). La instancia dejó en claro que poco y nada ha cambiado desde la rendición anterior, a cuatro años y medio las recomendaciones sobre Chile vuelven a coincidir. Al igual que en el primer ciclo del año 2009, las principales materias ante las cuales los otros Estados hicieron su llamado de atención fueron: Pueblos indígenas, violencia contra la mujer, el ejercicio de torturas, justicia militar, entre los más destacados.

En este contexto el Observatorio Ciudadano, decidió compartir con la prensa lo que fue el informe 2013 de la Sociedad Civil en materias de D.D.H.H, el cual entrega el balance de las distintas organizaciones ciudadanas. Ya lo venían anunciando las distintas Organizaciones No Gubernamentales de nuestro país, el cumplimiento de Chile en cuanto a sus avances en materia de Derechos Humanos ha sido insuficiente. “No podemos afirmar que haya algún avance sustantivo durante la administración de Sebastián Piñera”, afirmó José Araya del Observatorio Ciudadano, quien se refirió especialmente a lo que fue el año 2013. Todo esto se vio reflejado esta mañana cuando Chile debió enfrentar el Examen Periódico Universal (EPU), donde muchas de las recomendaciones efectuadas por el resto de los Estados coincidieron con aquellas recibidas el año 2009 en la primera rendición de cuenta.

Por su parte, las organizaciones ciudadanas se dieron a la tarea de realizar diferentes informes alternativos, pues estos son considerados dentro del EPU, al mismo tiempo que confluyeron en la elaboración de un informe conjunto con los puntos más relevantes sobre la situación de Derechos Humanos en Chile. El informe de Sociedad Civil referido al año 2013, aborda derechos civiles y políticos, libertad de expresión, derecho a manifestación, pueblos indígenas, inmigración, derechos de la mujer, diversidad sexual, derechos de niños y niñas, derechos económicos sociales y culturales, diversidad de ingresos, entre otros.

El diagnósticos es transversal y compartido por todas las organizaciones, y así lo manifiesta Araya, “básicamente el informe da cuenta de una insuficiencia total en avance de materias de D.D.H.H en Chile”. Por otro lado si bien no existieron superaciones por parte del Estado, sí existieron por el lado de la ciudadanía, “creemos que el 2013 fue un año que finalmente consolidó un avance en la discusión pública en distintos aspectos de derechos humanos y eso demuestra un cambio sustantivo en la conciencia ciudadana pro derechos humanos”, postula José Araya.

En ese mismo contexto, el informe destaca como el mayor logro en materia de Derechos Humanos: la instalación de la necesidad de un cambio constitucional y el debate sobre la Asamblea Constituyente. “Por primera vez desde el retorno a la democracia el tema del cambio de la Constitución pasa a ser un punto relevante en un programa de gobierno, y eso sin duda es el hecho más destacado que ocurrió el 2013”, dice el coordinador del Observatorio Ciudadano.

A la conferencia asistieron también algunos representantes de los redactores del informe en distintas materias de Derechos Humanos.

En cuanto a la infancia y la adolescencia, Paulina Solis de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), enfocó su explicación en esclarecer que Chile es un Estado que ya lleva casi un cuarto de siglo sin ser capaz de tener y contar con una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una deuda acarreada desde los años ‘90 con la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños. A su vez, hizo referencia al proyecto de ley enviado por el ejecutivo el año pasado -aún estancado-, “este es un proyecto que no da cuenta de los mecanismos necesarios para la plena satisfacción y el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto que supedita el reconocimiento y condiciona el ejercicio de los D.D.H.H de la infancia y la adolescencia al cumplimiento de deberes, por lo tanto debiera ser completamente desechado”. Finalmente el hincapié fue a la necesidad que tiene este país de cambiar su paradigma, “hemos identificado que todas las apuestas del gobierno saliente han estado enfocadas al tratamiento de los niños y niñas como objeto de tutela estatal y no como sujetos de derechos”, afirma Solis quien destaca el hecho de que Chile es el único de Latinoamérica que aún no tiene una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, en lo que refiere a los derechos económicos y sociales, se refirió Martín Pascual del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), “los derechos laborales y previsionales siguen siendo vulnerados de distintas maneras en este país…El sistema de las AFP, obligatorio e impuesto durante la dictadura, vulnera de manera significativa el derecho a la seguridad social”. Para Pascual claramente no ha habido cambios y más bien lo que se ha conseguido es perpetuar la evidencia de los niveles de desigualdad y precariedad del empleo en nuestro país. El coordinador de CENDA destacó, respaldado de informes, los datos de que el 1 por ciento de este país se lleva el 30 por ciento de los ingresos totales a la vez que el 45,5 por ciento de los empleos creados por el gobierno de Sebastián Piñera corresponden a empleos tercerizados.

En cuanto a la situación de los derechos de migración, Manuel Hidalgo de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y el Caribe (APILA), dio cuenta de la inadecuada normativa de inmigración, una de las más antiguas de Latinoamérica, que sostiene Chile. Todo esto, explica Hidalgo, no es más que una vulneración constante a los derechos de educación, salud, infancia, laboral y vivienda, de los tantos inmigrantes en este país, cuyo principal problema es la situación de irregularidad que incluso ha llevado a dejar niños sin nacionalidad. En cuanto al proyecto de ley presentado por el ejecutivo, Manuel afirma, “éste más que estar centrado en los derechos de las personas se propone una política migratoria adecuada al marco neoliberal”.

Finalmente, dentro de todo este marco de críticas en torno a Chile a la hora de hablar de Derechos Humanos, se destaca el empoderamiento ciudadano, la arista más relevante dentro del Informe de Sociedad Civil. El énfasis recae en lo que este despertar puede significar en un próximo gobierno con tres ejes programáticos centrales: educación, reforma tributaria y nueva Constitución. “Cuán profundas serán estas reformas y cambios, es un desafío que no puede quedar en manos de quienes asuman la administración de este gobierno. La ciudadanía activa que se ha expresado con fuerza en los últimos años, deberá seguir siendo un actor demandante y propositivo”.

Por María Jesús Ibáñez Canelo

El Ciudadano