Por 65 votos a favor y 61 en contra la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre el caso del asesinato del comunero Camilo Catrillanca. El documento asigna una responsabilidad política directa al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario del mismo ramo, Rodrigo Ubilla, por falta de control sobre el actuar policial, así como también a la institución de Carabineros de Chile.
La comisión explicitó que «las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política», añadiendo que «ha quedado demostrado que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente, por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche con la instalación del denominado Comando Jungla, militarizando la zona, y cuyos objetivos concretos son líderes indígenas de La Araucanía y Bío Bío».
En ese sentido, se apunta que la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de «mantener y fortalecer al comando táctico o Comando Jungla, dotarlo de mayor poder de fuego y respaldo institucional, contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca».
El texto especifica que lo ocurrido no fue una decisión de los carabineros que fueron dados de baja y se encuentran en proceso judicial, sino que esta fue tomada en el Palacio de La Moneda. «Corresponde, entonces, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Ubilla, la decisión política de las materias que tengan que ver con el orden público y la seguridad interior y, por lo tanto, asumir sus consecuencias», se lee en el informe.
Carabineros
Respecto de Carabineros, la instancia parlamentaria estableció que existe una responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos, torturas físicas y psicológicas en contra del menor de edad M.A.P.C., quien acompañaba al comunero al momento de su asesinato.
Por otra parte, se estimó especialmente grave que funcionarios policiales «se hayan organizado para mentir y difundir información falsa con el objeto de ocultar un delito y obstruir una investigación llevada adelante por el Ministerio Público».
En esa misma línea, se refuta el uso desproporcionado de la fuerza al momento del operativo que derivó en el asesinato de Camilo Catrillanca; la criminalización que se hizo sobre el joven mapuche desde el momento mismo del operativo y después de este, vinculándolo con el robo de vehículos ocurrido el 14 de noviembre; y la difusión de información falsa por parte de Carabineros.
Junto con todo ello, la comisión plantea una serie de propuestas, entre las que se cuenta, por ejemplo, desarrollar una investigación del crimen contra Camilo Catrillanca bajo el principio de debida diligencia, un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, revisar las normas e instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su relación con el poder civil y la sociedad, desarrollar una política pública de protección de los menores en Chile con enfoque de derechos y reformar integralmente el Sistema Nacional de Inteligencia.
Fuente: Cámara de Diputados