Chile aún no cumple con sus compromisos para erradicar la tortura

Los abusos policiales, la agresión a los pueblos originarios, las irregularidades en el llamado “Caso Bombas”, así como la no puesta en práctica de instrumentos que eviten y castiguen este flagelo, son sólo algunas de los temas que aún el Estado chileno es incapaz de resolver.

Cuando se cumplen 10 años de la creación de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), la entidad defensora de los derechos humanos, hizo un llamado a solucionar los temas pendientes que aún persisten en Chile, en relación a los abusos, malos tratos y violaciones a que son sometidos diversos grupos sociales y étnicos, por parte del Estado y sus fuerzas de seguridad.

En la conferencia, dirigida por Hervi Lara, coordinador de la Comisión, José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la misma, y María Cecilia Aguilar, familiar de Mario Oviedo, arquitecto fallecido en un confuso incidente con dos Carabineros en 2009, se refirieron a “la impunidad imperante en Chile”, por la incapacidad y la falta de compromiso que el Estado ha mostrado para detener las continuas violaciones y atropellos de que son víctimas aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

La entidad es un organismo de defensa y promoción de los derechos humanos. Nace el año 2001 con el objetivo de exigir al Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la dictadura militar, lo que posibilitó, entre otros logros, la constitución la Comisión de Prisión Política y Tortura en el año 2004, conocida como Comisión Valech.

MAPUCHES Y “CASO BOMBAS”

Como era de esperar, la contingencia y las informaciones más recientes, se impusieron en la cita, como la discriminación en contra de los pueblos indígenas, en el mismo momento en que este martes cuatro comuneros mapuches en Cañete decidieron comenzar una nueva huelga de hambre.

Al respecto, se denunció “la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios”, la que transgrede tratados internacionales ratificados por Chile. Especial mención se hizo del uso de la Ley Antiterrorista “el que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el Gobierno”. José Venturelli señaló que constantemente, llegan denuncias de “agresiones a comunidades, con torturas selectivas, y torturas delante de los niños”.

El vocero indicó que un elemento importante en esta discusión es que “al no cumplir ciertas normas en relación al tema de la tortura, Chile ha ido dejando por décadas la responsabilidad que corresponde”, y exhortó al Estado chileno a “hacer las cosas”, y no a quedarse sólo en la palabra.

Venturelli afirma que de cumplirse el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas “se podrían evitar muchos actos de violencia y muchos problemas (…) pero no se cumple”. Además criticó que “no se hace nada por arreglar el tema que los mapuches han planteado, que está claramente establecido en Naciones Unidas como un derecho fundamental, que es la recuperación de sus tierras”.

En relación al “Caso Bombas”, Hervi Lara señala que como Comisión, están solicitando “un juicio justo”, puesto que “la forma en que esas personas fueron detenidas claramente transgrede todo derecho”. Nuevamente el uso de la Ley Antiterrorista se manifiesta en que se los mantiene presos sin ser juzgados. Se denuncia además, las críticas condiciones en que los inculpados están presos, “con un encierro de 22 horas al día. Eso es inaceptable”, afirmó Lara.

La actuación histórica del Poder Judicial en esta materia también fue objeto de críticas, en la que Lara señaló que este poder del Estado no ha sido claramente imparcial, sino que “generalmente, en los casos de connotación política siempre la víctima es condenada antes de ser enjuiciada”. Salvo excepciones, Lara señala que la justicia “ha estado siempre del lado de los poderosos”, lo que conlleva que los inculpados “en la práctica hayan sido condenados por la opinión pública”.

No menos crítico fue el diagnóstico que los presentes hicieron sobre el colapsado sistema carcelario chileno, en especial sobre las prisiones “de alta seguridad”, las que describieron como “expresiones de tortura”, por las horas en que los presos permanecen aislados, con visitas acotadas y sin mayor vinculación con el exterior, a lo que se agrega las condiciones insalubres en que los reos están hacinados.

FUERZAS DE SEGURIDAD AL DESNUDO

La presencia de Maria Cecilia Aguilar, familiar del joven arquitecto Mario Oviedo, muerto, presuntamente, a manos de dos carabineros a la salida de un pub en el barrio Bellavista en 2009, fue el nexo para desnudar también el tipo de formación que reciben en Chile las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes, como relata Lara, “son sometidos a un proceso de tortura en sus entrenamientos”.

En concreto, este tipo de “entrenamientos”, afirman en la Comisión, atenta contra el artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no obstante, estas prácticas han sido, en el caso de Carabineros, “absolutamente negadas” por el alto mando de la institución, pese a ser públicamente denunciadas. Como ejemplo, recordaron la reciente muerte de dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros, caso del cual “la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes”.

CONVENIOS PENDIENTES

A su vez, la Comisión denunció la utilización de la tortura contra personas detenidas en las movilizaciones sociales. Al respecto, se recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, planteó al Estado de Chile, la inclusión de la definición de tortura en el Código Penal, “de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial”.

Sin embargo, Chile tampoco ha puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura –mecanismo que de existir hubiera permitido evitar muertes y abusos– y que consiste en el establecimiento de un mecanismo de investigación y prevención de este flagelo.

Los miembros de la Comisión también aprovecharon de declarar su rechazo a “todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad”, refiriéndose al proyecto de indulto del Gobierno de Sebastián Piñera.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano