El Estado-Chile se ensañó con tres conscriptos de Bolivia –de 18 a 20 años– que el 25 de enero cruzaron la desértica frontera común de 800 km de cumbres andinas y mesetas altiplánicas mientras perseguían una pandilla de contrabandistas, al parecer de automóviles y no de droga. El tráfico de vehículos usados proviene tradicionalmente de la Zona Franca de Iquique, donde pueden adquirirse muy baratos, sobre todo los que traen el volante al revés, a la usanza británica.
Esta equivocación de los reclutas, de ocurrencia común y sin ninguna importancia geo-estratégica-militar –que suele resolverse con la expulsión de “las tropas desorientadas” en el desierto, sucedió en vísperas de la exitosa Cumbre Celac que condujo Piñera, pero ha sido tratada con una histeria inusual por el Gobierno, la Fiscalía, políticos de diferente pelaje y prácticamente la unanimidad de los grandes medios que controlan la información en este país. Al parecer, las vacaciones estivales se llevaron a los escasos diputados, periodistas y funcionarios gubernamentales más sensatos o capaces, dejando el terreno libre a los más mediocres, ignorantes e histéricos, claro, que todos con un gran sentido “patriótico”.
La excusa de tanto alboroto chauvinista reside en que los soldados, obviamente, portaban “armamento de guerra”, o sea, un fusil y unos 10 cartuchos entre munición de verdad y de fogueo. Lo insólito fue que la presencia de soldados extranjeros armados en territorio patrio fue denunciada a Carabineros por… los mismos contrabandistas de automóviles a quienes los conscriptos perseguían. De inmediato, la policía fronteriza se trasladó en helicópteros en una aparatosa captura de los peligrosos intrusos armados, por cierto sin olvidar las cámaras de TV.
Cuando los soldados van a cumplir un mes en prisión, aparece como héroe menor de esta gesta patriótica el fiscal regional de Tarapacá (Iquique), entre paréntesis territorio peruano antes de la guerra de 1879, un tal Manuel Guerra, cuya incontinencia verbal dispone de micrófonos abiertos y cámaras encendidas en TVN, “la TV de todos los chilenos”, y otros canales. Pareciera que además de obtener “publicidad patriótica”, el fiscal quisiera verlos condenados por algo así como “invasión armada”. La amenaza que pende sobre los soldados es una condena penal y prisión en Chile. Incluso les negaron la libertad bajo fianza mientras estén procesados y ha recibido un trato humillante.
Según explicó ayer el fiscal por TVN, los contrabandistas quedaron en completa libertad y desaparecieron tras denunciar la presencia extranjera a Carabineros. Pero también dejaron abandonado un automóvil en la frontera, precisamente el “cuerpo del delito” que perseguían los bolivianos, vehículo que nadie ha reclamado.
El fiscal explicó que los dueños del vehículo no cometieron ningún delito en Chile, porque el automóvil era legal. La figura del contrabando de automóviles existe en Bolivia, explicó peyorativamente, pero no alcanzaron a internarlo o lo dejaron a buen resguardo en territorio patrio. Así, tampoco serían contrabandistas, sino comerciantes y buenos ciudadanos. En Chile ya no existe ningún contrabando aduanero desde que se abolieron los aranceles con casi todo el resto del mundo, pero persiste y crece el tráfico internacional de drogas.
El tratamiento prepotente recibido por los presos en el caso de los tres conscriptos ha dañado bastante la imagen internacional de Chile, que también enfrenta un juicio de fronteras con Perú en la Corte Internacional de La Haya, cuyo fallo inapelable se conocerá en junio 2013. Los éxitos internacionales y el prestigio de la política exterior conquistado por Piñera en las cumbres de Celac contrastan con el inapropiado ensañamiento con estos reclutas altiplánicos, sometidos por policías y fiscales a toda clase de presiones para que renuncien a sus derechos legales y a la protección de su Consulado.
El plazo de esta investigación expira el 25 de febrero. Con el fin de las vacaciones pudiera regresar la sensatez al Gobierno y los soldados sean expulsados del país, como ha ocurrido antes. Después podrán exigirle a Bolivia alguna explicación o disculpa diplomática, pero entretanto siguen tensando la cuerda.
La ministra de Comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, afirmó hoy que su gobierno espera que los soldados sean expulsados sin cargos penales. «Esperamos que las autoridades expulsen a los soldados; son jóvenes y son conscriptos», añadió. Para Dávila hubo un error del gobierno de Chile en el tratamiento del caso y recordó que cuando soldados chilenos pasaron al lado boliviano no actuaron del mismo modo. «No hemos detenido a ningún soldado chileno en Bolivia como si fuera un delincuente común», sentenció.
«Las autoridades chilenas deberían haber llamado inmediatamente al cónsul tras la detención de los soldados (…) El tema de los soldados bolivianos se podría haber resuelto expulsándolos y después se pedirían las disculpas», dijo la ministra. «El gobierno chileno, que permanentemente nos recuerda los tratados, los incumple en este caso».
Bolivia, por otra parte, reclama una salida soberana al mar, en compensación por la pérdida de sus territorios de Antofagasta que hoy sustentan la mayor riqueza de Chile en cobre, litio y muchos otros minerales. En esa guerra, impulsada por la oligarquía local con apoyo británico entre 1879-1883, Chile aumentó su territorio en un tercio a expensas del Perú y Bolivia. La salida al mar resulta una compensación mínima, que paradojalmente cuando estuvo más cerca de un arreglo fue bajo las dictaduras de Bánzer y Pinochet (Acuerdo de Charaña, 1975).
Por Ernesto Carmona
Periodista y escritor chileno
Mapocho Press
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