La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a la justicia peruana una revisión exhaustiva de los requisitos jurídicos que se tomaron en cuenta al momento de otorgar el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un beneficio concedido por el también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en diciembre de 2017.
«Ante la situación comprobada de que la jurisdicción constitucional podría realizar un control del ‘indulto por razones humanitarias’ otorgado a Alberto Fujimori, en ejercicio de sus facultades de supervisión, esta Corte considera conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos competentes puedan pronunciarse al respecto«, indicó la resolución emitida este viernes por la CIDH.
Asimismo, exhortaron a la justicia peruana a considerar los graves daños causados a los familiares de las víctimas que resultaron afectadas durante las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), motivo por el cual decidieron conceder un plazo hasta el 29 de octubre de 2018 para el solicitado pronunciamiento.
Se debe «analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida», precisó el documento.
Las masacres de Fujimori
El expresidente Fujimori fue condenado en el año 2009 a 25 años de prisión por estar involucrado en casos de corrupción, secuestros y asesinatos durante su mandato. La justicia consideró dos casos puntuales:
- Masacre de Barrios Altos, que incluye el secuestro, asesinato y entierro en fosas de ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 3 d enoviembre de 1991.
- Masacre de La Cantuta, que implica el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros del grupo insurgente Sendero Luminoso, el 18 de julio e 1992.
El indulto otorgado a Fujimori, en 2017 por Kuczynski, fue severamente cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales y por el pueblo peruano en general.
Dos meses después, PPK anunció su renuncia a la presidencia, tras ser señalado de estar involucrado en casos de corrupción. Varios videos revelaron la compra de votos al Congreso para evitar su moción de vacancia y su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht.
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