La Fiscalía Centro Norte archivó definitivamente la causa iniciada en 2015 por la ex funcionaria del Sename, Rina Montt Marchant, quien solicitó investigar a agentes del Estado por la supuesta falsificación de documentos utilizados para desacreditarla en el marco de las pesquisas contra la red pederasta del empresario Claudio Spiniak y sus eventuales nexos con el mundo político.
En una breve audiencia la semana pasada, a la cual no asistió el abogado de derechos humanos que representaba a Montt, Alfredo Calvo, el Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación, afirmando que no era posible indagar un caso ya fallado por la Corte Suprema en relación a la condena por ejercicio ilegal de la profesión que fue imputada a la querellante.
Recordemos que Montt denunció que un oficial de inteligencia de Carabineros adulteró una supuesta confesión del delito de ejercicio ilegal cuando la interrogó en un proceso judicial iniciado por la UDI que aludía a un «montaje» para denostar a Jovino Novoa a través de Gemita Bueno, quien terminó retirando sus acusaciones de abuso sexual contra el líder gremialista.
La ex funcionaria del Sename conversó con El Ciudadano desde México, dolida por la decisión de la justicia. Afirmó que ésta dejó en «la más absoluta impunidad a personas como Delia del Gatto (ex directora del servicio de menores) y el ex oficial de Carabineros Gonzalo Alveal (funcionario que la interrogó)», en un caso que afectó no sólo su vida, sino «la de mis hijos y de mis padres».
Montt sostuvo que la persecutora de turno que solicitó el sobreseimiento definitivo «resultó ser casi mi enemiga», ya que «dio por hecho cosas que yo había solicitado que se peritaran», como los informes que ella presuntamente firmó como psicóloga sin estar titulada.
«La fiscal hizo una imputación grave. Ella habla de un supuesto contrato que yo había firmado como profesional durante mi permanencia en el Sename, en circunstancias de que yo, como funcionaria común y corriente, no tenía mayores atribuciones en los contratos. Además eran visados por el Ministerio de Justicia y de ahí eran llevados a la Contraloría General de la República para la toma de razón», afirmó.
También opinó sobre los dichos vertidos por el ex operador de la UDI Juan Díaz, revelados en el contexto de las escuchas telefónicas realizadas por el OS9 de Carabineros con motivo del caso Caval. Y es que junto con mencionar a la presidenta Michelle Bachelet, el gestor inmobiliario hizo reflotar el caso Spiniak al asegurar que Pablo Longueira le pidió secuestrar a Gemita Bueno y «cagar» a Andrés Allamand en el expediente.
«Sobre los dichos del señor Juan Díaz en relación al ex senador Longueira, yo creo que en el caso Spiniak hay muchas cosas que no salieron a la luz y que probablemente estaban en conocimiento del juez Sergio Muñoz. La UDI dijo que hubo un montaje, pero para mi el montaje fue lo que ellos hicieron, de no investigar en profundidad los hechos», disparó.
Finalmente, Montt reiteró «la situación de impunidad que ocurre en Chile frente a determinados delitos que dañan y lesionan la vida de las personas. Me parece inaceptable e impresentable, porque la impunidad daña también el tejido social, y todo el mundo empieza a no creer en la justicia y a caer en una situación que se llama desesperanza aprendida. Lo que encuentro peor es que los abogados que toman causas son tan negligentes, que ni siquiera se presentan a las audiencias o dejan botados a sus clientes».