Club cannábico se querellaría ante eventual destrucción de plantas para uso medicinal

Foto: Agroweed

El club cannábico Greenlife estudia la presentación de una querella contra quienes resulten responsables, ante la posibilidad de que 401 plantas destinadas al uso medicinal de sus afiliados hayan sido destruidas.

El requerimiento sería el resultado de un largo proceso en el que ya se han presentado otras acciones legales. El 5 de abril la corporación ya había ingresado un primer recurso de amparo, transparentando la actividad que realiza y argumentando el marco legal que la protege, con la intención de evitar un posible allanamiento.

La Corte Suprema rechazó la causa por considerar que no existía tal amenaza y casi dos meses después, el 29 de mayo, Carabineros llegó al cultivo del club «por una denuncia anónima y mal intencionada», según exponen en Greenlife. La policía ingresó al terreno tras conseguir una orden telefónica e incautó 401 plantas destinadas al uso medicinal de sus afiliados, desestimando toda la documentación médica que avalaba dicho uso, deteniendo, además, al presidente de la agrupación, Enrique Cáceres.

Ante este hecho, el pasado 30 de junio la organización decidió interponer un segundo recurso de amparo en favor de sus asociados en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

«Derecho a la salud y a la vida»

El Presidente de Greenlife, Enrique Cáceres, quien quedó con medidas cautelares de baja intensidad, señaló que “estamos enfocados en lograr que la Corte se pronuncie tajantemente sobre la legalidad de nuestras actividades y que ejecute las sanciones pertinentes por la grave vulneración a los derechos humanos que se ha cometido, al entorpecer el tratamiento médico de muchas personas”.

Ignacio Espinoza, el abogado que presentó la acción legal y quien además forma parte de la asociación, solicitó oficiar al Servicio Metropolitano de Salud Sur para que informe sobre el real estado de las plantas decomisadas y confirme si han sido eliminadas.

Es entonces esta información la que espera Greenlife para saber si -en caso de que hayan sido destruidas- procede presentar la querella y asignar las responsabilidades que correspondan.

“La destrucción de las plantas, antes de que se conozca el fondo del asunto, pasa a llevar la garantía constitucional más importante, que es el derecho a la protección de la salud y, como consecuencia, el derecho a la vida, puesto que el cultivo estaba destinado al tratamiento médico de diversas patologías y enfermedades que padecen los asociados, quienes además cuentan todos con la prescripción médica para usarla y cultivarla legalmente”, explicó el abogado Espinoza.

Desde Greenlife sostiene que sus acciones legales «responderán a una estrategia flexible que se irá aplicando dependiendo de lo que digan los tribunales y la contraparte». En ese sentido, explican que «se piensa en una querella contra quienes resulten responsables por la destrucción de las plantas y un recurso de protección en favor de los asociados, ya que la idea es hacer lo posible para evitar que se vuelva a repetir el actuar de las policías». Junto con ello, plantean que lo que buscan es, en definitiva, «lograr que la autoridad judicial no sólo vea la licitud de estas organizaciones, sino que, además, comprenda que pueden ser un gran aporte a la salud pública».