Colegio de Periodistas llama al Estado a reintegrar patrimonio de Clarín a sus legítimos dueños

En la última sesión del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, realizada el pasado 25 de noviembre, dirigentes de todo el país acordaron llamar la atención sobre la situación del emblemático periódico Clarín, que fuera requisado en 1973 y cuyas edificaciones, rotativas e instalaciones -en Santiago, en Viña del Mar y Concepción- se mantienen hasta hoy en poder del Estado.

“Luego de más de dos décadas desde la recuperación de la democracia, administraciones de diverso signo se han resistido a dar los pasos necesarios para resolver esta materia, que es una mancha más el verdadero espíritu de reparación que debe vivir el país luego de 17 años de dictadura cívico-militar” expresaron desde la orden profesional.

“En este caso, en un tema relacionado con las libertades de expresión y prensa, que se siguen conculcando no solo a Víctor Pey y la española Fundación Salvador Allende, sino que a todos los ciudadanos del país fortaleciendo con estas decisiones el duopolio de la prensa escrita chilena” indicaron los periodistas.

En este sentido, apuntaron que “no está claro si esta falta de compromiso con la justa reparación es un tema de recursos económicos, ideológico por el signo político del medio o simplemente para no incomodar a los medios hegemónicos, pero lo concreto es que no se condice con el tipo de país responsable al que muchos y muchas aspiramos”.

Ante esto, llamaron “al gobierno a demostrar su compromiso con la reparación histórica, en este caso en el ámbito de los medios reintegrando el patrimonio de Clarín usurpado a sus legítimos dueños”.

El 1997, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, una denuncia contra el Estado de Chile por usurpación. Once años más tarde, en 2008, el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje condenó a nuestro país por violar el tratado bilateral con España sobre protección recíproca de inversiones, así como por denegación de justicia, conminándole a indemnizar los daños causados a Pey y a la mencionada fundación.

Estas condenas han sido confirmadas en la decisión de 18 de diciembre de 2012, del Comité ad hoc del CIADI, que las declara con fuerza de cosa juzgada, vinculante y de obligado cumplimiento para el Estado de Chile.

El proceso de arbitraje se encuentra aún en la fase de cuantificación del monto de la reparación. Una resolución dictada al efecto en septiembre de 2016 reafirma la condena del Laudo de 2008 a reparar la violación del Tratado, pero en lo que se refiere a la cuantía, está siendo impugnada después de que, posteriormente, aparecieron antecedentes sobre los conflictos de interés de dos de los árbitros que fallaron en el caso, lo cual abrió una nueva arista legal.

En cuanto  al monto de la reparación, en octubre de 2016, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende han depositado ante el CIADI una demanda de interpretación del sentido y alcance del Laudo de 2008, firme y definitivo, y, en concreto, de la obligación de compensar el daño causado. El Tribunal de arbitraje correspondiente quedará constituido en los próximos meses.

Por lo mismo, el Colegio de Periodistas emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación, herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.