Colegio de Periodistas y formalización por radio comunitaria: “Es vergonzoso que vecina pueda ir a la cárcel por comunicar”

Foto Radio Universidad de Chile

El Colegio de Periodistas llamó al Gobierno “a cumplir con los estándares internacionales y respaldar un camino legislativo que erradique la posibilidad de que un ciudadano y ciudadana pueda ir a la cárcel por ejercer un derecho tan básico como expresarse a través de un medio de comunicación”.

Esto, a raíz de la formalización que el 28 de marzo afectará a una vecina de la aislada localidad de Villa O’Higgins, en el extremo sur del Camino Longitudinal Austral, producto de la operación de una radio comunitaria sin contar con concesión. Yaline Riveros, presidenta de la Agrupación Río Pascua, se expone a 3 años y un día de presidio, según instituye el artículo 36 B letra A de la Ley General de Telecomunicaciones, por la operación de la Radio Madipro de la localidad.

“Nos parece insólito que el Gobierno, a través de un funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esté apelando a una normativa que en múltiples informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha demostrado es incompatible con tratados internacionales suscritos por Chile”, indicaron desde la organización.

El Colegio agregó que se trata de “una norma que, aunque se ha dicho lo contrario, no fue instituida durante la dictadura, sino en 1991 a través de la ley 19.091 por presiones de la Asociación de Radiodifusores de Chile y que se sustentó en el articulado discutido por la Junta Militar en la etapa previa a la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones en 1982”.

Estudio Radio Madipro

“Respaldamos el pronunciamiento crítico que ha hecho al respecto el Consejo Regional Aysén del Colegio, más aún cuando con esta medida se intenta acallar una emisora que durante más de tres décadas ha comunicado y servido de expresión a ese alejado poblado”, puntualizaron desde la organización, agregando que “es vergonzoso que en Chile una vecina pueda ir a la cárcel simplemente por comunicar a su comunidad”.

En este sentido, pidieron al Gobierno dar prioridad a los cambios que expertos en derechos humanos junto a organizaciones de la sociedad han propuesto para terminar con la criminalización de las radios comunitarias, eliminando la pena de presidio para quienes operen una radio comunitaria sin autorización.