Coletazos del Paro: Carabineros maltrata a secundarios y se jactan de la muerte de Manuel Gutiérrez

Siete estudiantes del Liceo A-48 de Macul denuncian que Carabineros de la 46º Comisaría los golpeó e inculpó mediante un montaje de porte de material explosivo la noche del jueves 25 de agosto, en el marco del segundo día de Paro Nacional convocado por la Cut. Los efectivos policiales, pertenecientes a la comisaría de la comuna donde murió el joven Manuel Gutierrez , también se habrían jactado de este asesinato.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando los alumnos del Liceo A-48, Juana de Ibarborou, se dirigían a la toma del Liceo A-55, Complejo Educacional Joaquín Edwards Bello, a prestar apoyo a sus compañeros, acosados por Carabineros durante días.

En la esquina de Avenida Ezequiel Fernández con Los Plátanos, los jóvenes fueron abordados por Carabineros, quienes los detuvieron de forma violenta, amenazándolos con sus armas de servicio.

A punta de culatazos y azotados contra la muralla y el capot del vehículo policial, los estudiantes resultaron con diversas lesiones e incluso a uno de ellos le reventaron una botella de cerveza en la cabeza, señala un comunicado. Los estudiantes afirman que fueron llevados a constatar lesiones en un trámite extremadamente corto y negligente, indica uno de ellos, Raimundo Escobar.

Los jóvenes estuvieron detenidos hasta las 3 de la tarde del día viernes, sin posibilidad de ir al baño, ni consumir los alimentos traídos por sus padres. Además, Escobar acusa que un momento los “amenazaron con matarlos y tirarlos al Sanjón de la Aguada, igual que en dictadura, y lo peor, se jactaron de haber asesinado a Manuel Gutiérrez”, baleado en las inmediaciones de una manifestación.

Tras pasar a control de detención, los efectivos policiales les adjudicaron bombas molotov, en lo que Escobar señala como un “descarado montaje”, arguyendo que hubo numerosos testigos del accionar policial.

Los jóvenes fueron dejados en libertad el viernes a las 9 de la noche y su caso está siendo llevado por un defensor público. La investigación durará 30 días.

El Ciudadano

(fotografía de referencia)