Organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia presentaron a la JEP dos solicitudes para que se expulse de esa jurisdicción al general retirado Mario Montoya y al coronel retirado Publio Hernán Mejía por faltar a la verdad en sus comparecencias, según informó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
«Entre julio de 2019 y enero de 2020, Publio Hernán Mejía ha comparecido tres veces a la JEP a rendir versión voluntaria y en ninguna de ellas ha realizado un relato que contribuya al esclarecimiento del fenómeno generalizado de los mal llamados ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales) ni a las circunstancias en que ocurrieron», indicó la organización en un comunicado.
Mejía Gutiérrez se sometió a la JEP en junio de 2017 y obtuvo su libertad transitoria y condicionada en relación con una pena de 19 años que purgaba por el delito de concierto para delinquir, por hechos ocurridos entre enero de 2002 y enero de 2004, cuando era comandante del Batallón La Popa, en el municipio de Valledupar (Cesar, norte).
La JEP, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), militares y terceros que financiaron el conflicto, brinda beneficios a los comparecientes a cambio de verdad, la cual no se ha dado en los casos de Montoya y Mejía.
Según una decisión judicial, Mejía conformó un grupo especial denominado Zarpazo, que fue responsable de 18 homicidios de civiles presentados como bajas en combate, en una práctica conocida como «falsos positivos».
Estas ejecuciones fueron recurrentes en el país desde los años 90′, pero tuvieron su auge entre 2006 y 2009, de la mano de un programa de incentivos a militares que demostraran resultados contra la subversión.
«En sus tres comparecencias (Mejía) ha posado como víctima de un montaje político y judicial que lo tuvo doce años detenido y del cual culpa a la Revista Semana por la publicación de un reportaje denominado ‘De héroe a villano’, que documentó las relaciones del alto oficial con grupos paramilitares en el Cesar», señaló el Movice.
Las víctimas también solicitan la exclusión de Montoya, quien se acogió a la JEP en octubre de 2018 por 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido bajo su mando cuando era comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
«En su primera comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, el pasado 20 de febrero, el general retirado no solo realizó afirmaciones discriminatorias culpando a la tropa de haber cometido estos asesinatos por ignorancia o ausencia de juicio moral, sino que incurrió en un fraude a la verdad al expresar que no tuvo conocimiento de la existencia de ejecuciones extrajudiciales durante el ejercicio de su mando», dijo el Movice.
En el escrito de solicitud de exclusión, las víctimas prueban que desde el año 2006 Montoya recibió denuncias de estos hechos por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y por hombres bajo su mando.
Estos hechos han llevado a las víctimas a expresar su rechazo a lo que consideran «una burla y un fraude a la verdad», por lo que exigen a la JEP que abra un incidente de incumplimiento que lleve a la exclusión de los militares de ese tribunal, con la consecuente pérdida de todos los beneficios.
Cortesía de Sputnik
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