Comenzó análisis de proyecto que busca beneficiar a criminales de lesa humanidad

Con la presencia de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Manuel José Ossandón (IND) y Francisco Chahuán (RN), la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado inició este miércoles 17 de mayo el estudio del proyecto de ley que permitiría la aplicación de la libertad vigilada intensiva, por motivos humanitarios, a personas condenadas que estén gravemente enfermas, así como el cumplimiento alternativo de la pena para los adultos mayores.

La iniciativa, que modifica los artículos 86 y 87 del Código Penal, ha sido catalogada por organizaciones de defensa de los derechos humanos como un intento de otorgar la libertad condicional a criminales de lesa humanidad, en particular a aquellos sentenciados por atrocidades cometidas en dictadura y que permanecen internos en el Penal Punta Peuco.

Al respecto, el senador Manuel José Ossandón (IND) explicó que su moción al proyecto no busca libertades condicionales sino cambiar la pena a las personas que padezcan enfermedades terminales. “Si una persona, aunque sea violador de derechos humanos, está en cualquier cárcel de Chile, queremos cambiarle la pena para que la haga en su casa o en cualquier otro recinto. Eso sí, tendrá que tener un brazalete o algún otro tipo de control. Es decir, no hay indulto. Se busca acoger que un enfermo terminal, con 30 u 80 años, pueda tener los cuidados paleativos que se merece, permutando su pena”, señaló el también precandidato presidencial.

No hay justificación

Los parlamentarios de oposición que patrocinan esta iniciativa se basan en dos fuentes para afirmar estos intentos de reformar el Código Penal y conmutar la pena de los criminales condenados por los delitos perpetrados al amparo del Estado y su gobierno de facto. Uno de ellos tiene que ver con una serie de tratados internacionales que resguardan, por un tema de humanitarismo, el hecho que las personas que tienen enfermedades terminales estén postrados o sean mayores, puedan terminar sus condenas en sus hogares. Otro referente es un proyecto de ley patrocinado por el fallecido diputado Juan Bustos (PS).

La presidenta de la UDI y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado señaló que iban a presentar una solicitud para destrabar el proyecto del extinto diputado Bustos, en pos de solicitar el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que ese trabajo será en paralelo al trámite de los proyectos en la Comisión.

“En el caso de los militares o de las personas uniformadas que están condenadas, hay un ensañamiento judicial más que una búsqueda de justicia. No es razonable que las personas que están con cánceres, enfermedades terminales y avanzada edad estén concentradas en Punta Peuco”, señaló Van Rysselberghe.

Asimismo, la senadora apuntó que “las penas de cárcel tienen objetivos y finalidades. Una de ellas es que las personas no sean un peligro para la sociedad; otra es el tema ejemplarizador». En ese sentido, añadió que «esos objetivos se dejan de cumplir cuando una persona tiene una enfermedad terminal o ya son mayores y dejan de constituir un peligro. No hay ninguna justificación que permita una situación como ésta”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) explicó que los proyectos de su autoría buscan modificar los artículos 86 y 87 del Código Penal para permitir las penas bajo arresto domiciliario cuando el condenado padezca enfermedades inhabilitantes o terminales, debidamente acreditadas, o éstos sean adultos mayores.

Consultado respecto a si intentaba lograr la libertad condicional de los uniformados presos por crímenes de lesa humanidad, el parlamentario afirmó que “la modificación que hemos planteado se une a otro proyecto de ley que básicamente busca modificar el régimen de libertades condicionales para las personas enfermas o por su avanzado estado de salud».

Chahuán añadió que «hay tener igualdad ante la ley» y adelantó que  van a pedir que los cuatro proyectos de ley se vean simultáneamente. «Queremos también que las personas que estén siendo procesadas por la justicia antigua tengan las mismas garantías procesales de aquellas que están siendo investigadas o procesadas en el sistema procesal nuevo», apuntó.