Este miércoles 15 de junio, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) fue recibida en el Palacio presidencial. La delegación entregó una carta al presidente de la República, Sebastián Piñera, y se reunió con representantes del Gobierno para ofrecerles sus observaciones.
El día miércoles 15 de junio, la presidenta, Juana Aguilera, el coordinador, Hervi Lara y los directores del Consejo Consultivo, Felipe Portales y el padre Alfonso Baeza de la CECT (www.contralatortura.cl), se reunieron en La Moneda, con la asesora presidencial, Andrea Ojeda y con Nelson Eade, coordinador jurídico de la Dirección de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República.
Expusieron sus recomendaciones al Gobierno, mediante la entrega de una carta dirigida al Presidente de la República, solicitando así la adopción de un conjunto de medidas mínimas que “permitirían la prevención o sanción de la tortura y que además responden a los compromisos contraídos por el Estado chileno en esta materia”.
Requirieron la derogación al Decreto-Ley de Amnistía de 1978, la derogación a las disposiciones legales y reglamentarias que establecen la “obediencia debida” según la cual se debe cumplir con toda orden de un superior que sea reiterada, aunque ella “tienda notoriamente a la perpetración de un delito”, a las disposiciones de la Ley de Reparaciones que facilitan la impunidad de las torturas cometidas durante la dictadura; y la derogación de la Ley Antiterrorista.
También señalaron la necesaria creación de una Comisión Nacional de Investigaciones de actos de tortura, como está estipulado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con atribuciones para presentarse –sin necesidad de autorización ni aviso- en cualquier unidad de detención legal del país.
Por fin, solicitaron el término de envío de soldados de las Fuerzas Armadas a la Escuela de las Américas donde “los peores violadores de derechos humanos de la dictadura chilena y de las latinoamericanas se especializaron en las doctrinas y prácticas de la ‘seguridad nacional’”; y abogaron por la aprobación de una ley que establezca los derechos y deberes de la población penal.
La CECT, cuyo lema es “No a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto, y en nombre de nada”, es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos. La iniciativa de exigir del Estado chileno la creación de una instancia de “Verdad, Justicia y Reparación” para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar nació en el 2001, y fue apoyada por personalidades nacionales e internacionales. En 2004 se creó en paralelo la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DEMOCRÁTICOS
Más allá de los tópicos según los cuales en democracia no se hallan crímenes de tortura y de violación de los Derechos Humanos, expertos destacaron la actual existencia de estos delitos en América Latina. El trabajo que lleva la CECT desde más de 10 años, tiene toda su pertinencia.
Entre el 15 y 17 de junio, más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se reunirán en Santiago para impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y los malos tratos.
Según la Radio U de Chile, el relator Juan Méndez, expresó que “el principal desafío de la región es, a diferencia de otras épocas, luchar contra una falta de consenso social por estar contra la tortura. Nuestras sociedades están impregnadas de la sensación de inseguridad ciudadana y ello favorece un clima permisivo con la brutalidad policial, además de condiciones carcelarias agravantes, porque se les ha hecho creer que así estamos más seguros y conlleva a un nivel de tolerancia mayor que en otros años”.
Por su parte, Vivian Calderoni, representante de la Organización No Gubernamental (ONG) brasileña Conectas, recalcó que “el tema de la tortura en Latinoamérica es muy grave. Los Estados utilizan el recurso de negación, pero la tortura ha aumentado en los niveles democráticos”.
Al respecto, a modo de ejemplo, destaca el caso de la declaración obtenida por tortura formulada por Jonathan Huillical, preso político mapuche que llevó 87 días de huelga de hambre con otros tres compañeros recientemente, en el marco de la investigación sobre el ataque al fiscal Mario Elgueta.
A propósito de los detenidos del llamado caso bombas, se denunció las circunstancias de su detención: “La cárcel de alta seguridad, con medidas como el encierro por 22 horas constituye un primer e inaceptable paso a la tortura”, señalaron.
Según la Radio U Chile, en 2011 se han registrado cinco casos con resultado de muerte, ejemplo de esto es el del joven arquitecto Mario Oviedo, fallecido tras torturas por parte de carabineros en el barrio Bellavista.
Por Mélissa Quillier
El Ciudadano
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