Comisión Ética Contra la Tortura exige fin a la represión tras muerte de trabajador del cobre

Ante el asesinato de Nelson Quichillao López y la recurrente represión a los movimientos sociales, la Comisión Ética Contra la Tortura denunció mediante un comunicado que la persistencia de la movilización social en nuestro país se sigue topando repetidas veces con las mismas prácticas represivas heredadas de la dictadura y que supuestamente habíamos dejado atrás. La democracia en Chile, señala la Comisión, ha llegado a tal punto en el ejercicio de la represión que la criminalización de la protesta social parece no ser suficiente para contener las demandas por los derechos que exigen desde distintos puntos del país los trabajadores, estudiantes, pobladores y pueblos originarios.

 En la declaración, la Comisión señala que el día viernes pasado la Confederación de Trabajadores del Cobre informó del asesinato, por bala, del trabajador Nelson Quichillao López, de 47 años, perteneciente a la empresa contratista Geovita. En la madrugada Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile disparó un total de 30 tiros para cumplir con su objetivo de despejar el acceso a la empresa ocupado por los trabajadores; el contigente policial había salido a las 11 de la noche del jueves 23 de julio con la instrucción de desalojar a los trabajadores que exigían la instalación de una Mesa de Negociación a Codelco en el marco de una huelga iniciada el día martes 21 de julio.

 La policía ha mostrado un video para justificar el uso de sus armas de fuego contra los trabajadores; “sin embargo, dicho video no tiene audio y por tanto no permite comprobar que la policía actuó conforme al principio de gradualidad en el uso de la fuerza y no se puede comprobar que llamó a los trabajadores a retirarse antes de actuar”, agrega.

 “Nos llama la atención el actuar policial en medio de la noche y la misión de despejar el acceso a la empresa, resulta un contrasentido, por cuanto a esas horas, NADIE entra o sale de ella. Nos parece que más bien se trata de una acción represiva desmedida, que buscaba amedrentar, desarticular y destruir la movilización; no nos parece un procedimiento democrático el envío de un contingente policial para atacar en medio de la oscuridad y en altas horas de la madrugada, sin testigos, incluso sin sus drones, a quienes habían obligado a la empresa estatal a detener su funcionamiento en demanda de sus derechos”, añade la declaración..

 La Comisión afirma que “el asesinato de Nelson Quichillao López; de los comuneros mapuches Alex Lemún (2002), Matías Catrileo (2008), Johnny Cariqueo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009); del trabajador Rodrigo Cisterna (2007) y del estudiante Manuel Gutiérrez (2011), entre otros, son pérdidas de vidas humanas, a manos de una policía entrenada para tratar a los ciudadanos como sus enemigos, en la misma lógica del “enemigo interno” que permite graves violaciones a los derechos humanos, dado que actúa como en un sistema de excepción. Se trata de un actuar policial que, con el apoyo de organismos de inteligencia, mutila personas y marca sus cuerpos de manera visible; secuestra, propina castigos ejemplares y con saña, sobre todo a dirigentes específicos. Estamos, en definitiva, presenciando cómo los aparatos represivos pasan del uso desproporcionado de la fuerza al accionar criminal y terrorista. Es este mismo contexto el que permite comprender las torturas sufridas por Cristóbal Miranda y Germán Urrutia; el encarcelamiento de otros seis estudiantes universitarios acusados de actos terroristas y de un estudiante menor de edad del Liceo Manuel Barros Borgoño y un sinnúmero de personas que han perdido sus ojos por disparos de la policía”.

 Asimismo, dice que “el silencio de los gobiernos llamados democráticos ante estas prácticas, demuestran que en nuestro país, hay personas que pierden la VIDA porque no existe libertad de expresión, derecho de reunión y menos derecho a manifestación y petición”.

 Finalmente, “como organización de defensa de los derechos humanos denunciamos esta práctica como una política de Estado y el asesinato de Nelson Quichillao López, es una responsabilidad que recae sobre el Gobierno de Michelle Bachelet y de su Ministro del Interior a quienes les exigimos investigación exhaustiva e identificación de los responsables; llamamos al Gobierno a detener la represión, asegurar el respeto pleno del derecho a la VIDA y la JUSTICIA”.