En ocasión de conmemorarse el 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT – Chile) , acaba de emitir su décimo Informe de Derechos Humanos 2011.
«Fraternalmente queremos compartirlo con ustedes, y pedirles que nos apoyen en la difusión: Lo peor que nos puede suceder como sociedad, es mirar para el lado cuando nuestros hermanos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes», señala en un comunicado el equipo del Comité de la V Región.
En su presentación, Juana Aguilera Jaramillo, presidenta de la CECT indica que «una cuestión de actualidad candente hoy en Chile es la criminalización de la protesta social y de los movimientos que la promueven».
Por eso, el Informe analiza tres casos emblemáticos de esta criminalización: La lucha de los Mapuche (ampliamente difundida por El Ciudadano y otros medios), el “caso bombas” y el de la campaña ciudadana «Patagonia Sin Represas».
«En este Informe 2011 entregamos antecedentes documentados sobre los dos primeros casos. Aunque existen otras tantas evidencias de una actitud parecida respecto a la lucha de obreros, estudiantes, pobladores y ambientalistas, aquí nos referiremos a aquellos que han tenido una cierta presencia en los medios de comunicación de masas», continúa la Presidenta.
En el caso de los conflictos ambientales se cita la lucha contra la Minera Los Pelambres en Caimanes, los niños intoxicados en Puchuncaví, mujeres temporeras afectadas por pesticidas internacionalmente prohibidos, las termoeléctricas en más de 100 lugares a lo largo de Chile, represas y embalses.
«Esas pequeñas luchas locales, dadas en diversos territorios, silenciadas por los noticieros nacionales, han sido criminalizadas y severamente castigadas por la represión policial».
En el «caso bombas» es analizado desde la perspectiva de las violaciones al debido proceso de los acusados y la campaña comunicacional de los medios del duopolio escrito y la televisión para criminalizar al movimiento anarquista y las okupaciones.
En el Informe colaboran Lucía Sepúlveda Ruiz, Nelson Miranda, Ana Cortez Salas, Pamela Sepúlveda; una Comisión de Obervación del «caso bombas» integrada por diez personas del Codepu, el Observatorio Ciudadano, Cintras, entre varias otras organizaciones y personalidades.
Descargue el Informe CECT_2011
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