Cómo encubre el Estado una desaparición forzada

Veintitrés días después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez en medio de la violenta irrupción sin orden judicial de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, aceptó el pedido de la familia del joven de 28 de años y recaratuló la causa como “desaparición forzada de persona”.

Es la primera confirmación judicial oficial respecto a la principal línea de hipótesis que desde el 1 de agosto sostienen la familia, la comunidad, los organismos de derechos humano y la Defensoría Federal. “Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto”, subrayó la fiscalía a través de un comunicado oficial.

Aún se esperan respuestas desde el Gobierno, que hasta ahora ha sostenido que no hablaría de una desaparición forzada hasta tanto la Justicia se expidiera. Lavaca intentó comunicarse con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sindicado por coordinar el operativo represivo, pero el funcionario cortó abruptamente la conversación.

“Esto es un adelanto”, dijo a lavaca Sergio Maldonado, uno de los dos hermanos de Santiago, horas después de conocido el comunicado. “Que lo reconozcan te da un poco más de alivio: en algún momento se tenían que hacer cargo. Ahora, si desde el Gobierno decían que la Justicia era la encargada de investigar y que ellos no tenían nada que ver, bueno: la Justicia ya tomó intervención y dijo que es una desaparición forzada de persona. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos mintiendo”.

Andrea Antico, cuñada de Santiago: “Por un lado pareciera un alivio que se reconozca finalmente el cambio de carátula, pero por otro lado es trágico que el Estado esté diciendo que hay una desaparición forzada. Ahí te das cuenta cómo viene todo esto”.

Marcar un camino

La Fiscalía Federal informó a través del comunicado que obtuvieron “diversas declaraciones”  tanto en la Pu Lof como en la oficina de la fiscal Ávila. “También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas”, esgrimió. En ese sentido, la fiscal prorrogó por otros diez días el secreto de sumario para adoptar medidas en esa dirección.

Sergio: “Estaría bueno que así como los que dijeron que no colaborábamos o que no era una desaparición forzada, todos los periodistas que decían que estaba en Uruguay, en Entre Ríos o Mendoza, ahora se reivindiquen y digan que se equivocaron. Que hagan un mea culpa todos los que actuaron mal y de mala leche, porque hasta antes de ayer decían que mi hermano era sobrino de Vaca Narvaja y que cobraba 32 mil pesos. Todas cosas que uno puede chequear. Es sencillo”.

Justo antes del cambio de carátula, la familia había difundido un comunicado en el que exigían a las autoridades judiciales y políticas que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar:

“La inmediata aparición con vida de Santiago;

Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas;

Se requiera la colaboración del Dr. Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del Dr. Alejandro Mejías Fonrouge;

Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control;

Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos”.

Luego de confirmar la recaratulización, la familia precisó que la Fiscalía Federal también solicitó a la Procuración General que diera curso a su pedido de integración del equipo de investigación. Sergio: “Por eso nos da bronca que digan que no colaboramos cuando, en realidad, hacemos todo y más, nos adelantamos para buscar pruebas, refutando todas las falsas informaciones y noticias para ir aclarando todo y no dar margen a la confusión. No tendríamos que estar abriendo una página web (www.santiagomaldonado.com), investigando, desmintiendo, pero lo estamos haciendo para marcar un camino que, ahora, se está tomando”.

El Estado desmiente al Estado

De los tres expedientes que se desprenden de los hechos del 1 de agosto (uno de ellos es por una causa federal por “entorpecimiento de servicios públicos” que le armaron a tres personas que habían vistado la Pu Lof ese día), dos corresponden a la desaparición:

-La causa que acumula los habeas corpus presentados por la desaparición de Santiago. La lleva adelante el juez federal Guido Otranto.

-La denuncia por la desaparición forzada, que quedó en manos de la fiscal federal Ávila.

Es preciso ordenar los expedientes para comprender lo que dice a lavaca la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.

“La única manera de contrarrestar las mentiras que dijo el Estado a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es que el propio Estado, ahora a través de la fiscal federal, reconozca que estamos ante una desaparición forzada. Sin embargo, hay un desconcepto: si ya desde el inicio se inició un trámite de hábeas corpus quiere decir que hay una desaparición forzada. ¿Por qué? La ley que rige los habeas corpus (23.098) establece que debe determinar ciertos requisitos: la privación de la libertad ambulatoria de una persona y, luego, que se esté denunciando a una autoridad pública responsable de esa privación. Esto quiere decir que si el juez Otranto tramitó los habeas corpus es porque estos requisitos están cumplidos: en el primer caso, con Santiago, y en el segundo, con Gendarmería. El habeas corpus empieza y termina con Santiago: no se puede archivar. La denuncia penal empieza por el hecho de la desaparición forzada y termina con la condena de los responsables materiales y lo autores intelectuales”.

-¿Qué otras medidas aprobó la fiscal?

-La fiscal dice que hay algunas medidas que se están llevando adelante en el ámbito del secreto de sumario, que por respeto no vamos a decir cuáles son para preservar. Obviamente, estamos expectantes por ver con qué se levanta el secreto. Por ejemplo, en el 2007, cuando la jueza Eva Parcio de Seleme solicitó el secreto de sumario en el caso Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia, causa que motivó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino), luego lo levantó y dijo que no existía desaparición forzada y sobreseyó a todos: quería cerrar el expediente. Por eso, que haya un secreto de sumario no nos dice nada. Lo que sí es una buena señal es que, en el medio de este secreto, la fiscal haga lugar a la recaratulación de la causa como desaparición forzada.

-Como decían Sergio y Andrea, la recaratulación también abona hacia la principal hipótesis de la familia: todas estas semanas se dijo que no querían colaborar.

-Eso forma parte de la lógica de un delito de Estado: la desaparición forzada de persona implica la tortura de los familiares. La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Iván Torres habla de privación ilegítima de la libertad, tortura, desaparición forzada y tortura a los familiares. Porque todo esto que están viviendo es tortura. ¿Y quién la genera? El Estado. No solo por tenerlo a Santiago desaparecido o al no dar información, sino al negarla. Eso habilita a que los medios digan cualquier cosa y que ellos tengan que salir a desmentir. Hoy el Estado no sólo está cometiendo la desaparición forzada contra Santiago Maldonado, sino que está torturando a toda su familia.

-Con todas las pruebas apuntando hacia Gendarmeria, ¿qué está haciendo el Estado para buscar a Santiago?

–El Estado se compone del Poder Ejectuvo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hasta ahora, el Poder Legislativo ha pedido la interpelación de la ministra Bullrich en la Comisión de Derechos Humanos y en el Senado. Conocemos que algunos diputados están avanzando con denuncias, pero institucionalmente también tiene su responsabilidad. El Poder Judicial duda, toma algunas medidas tarde y el Ministerio Público Fiscal recién hoy asume la desaparición forzada. Por otro lado, el Poder Ejecutivo niega. En ese sentido, ¿qué está haciendo el Estado en su Poder Ejecutivo? Configurar el delito de desaparición forzada.

-La familia denunció que no hay un procedimiento o protocolo sobre cómo el Estado debe actuar en casos de desaparición forzada.

-Ni siquiera lo prevé la ley de habeas corpus, del año 1984, a pesar que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece la desaparición forzada como un tipo especial de habeas corpus. Los legisladores no sólo tardaron en tipificar el delito -que recién se hizo en el 2011- sino que hasta la fecha no modificaron la ley de habeas corpus incorporando lo que expresamente establece la Constitución. El único protocolo, que tampoco sirve, es el relacionado a búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, relacionado a la trata. Cuando estaba esperando el avión en Aeroparque veo que pasan en el televisor algunas fotos. Primero, Sofía Herrera, la chica desaparecida de Tierra del Fuego. Inmediatamente después, Jorge Julio López. Inmediatamente despúes, Iván Torres. Si vos ponés a la víctima de desaparición forzada como una persona perdida, la escondés. Pareciera que la desaparición forzada en democracia, a pesar de que tenemos casos como Julio López, Luciano Arruga o Daniel Solano, quedó atrapada en un lugar. Y esto es lo que Santiago nos trae: otra mirada. Hoy la gente puede ver que, detrás de él, están todas las otras caras que nadie quiso ver.

El que calla

La recaratulación abre una nueva etapa en la búsqueda de Santiago Maldonado. Se suma a la medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó al Estado que adopte “todas las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” del joven de 25 de Mayo. Además, le dio un plazo de 10 días para que informe de forma periódica que está haciendo para buscarlo.

Minutos después de que el Ministerio Público Fiscal difundiera el comunicado oficial, lavaca llamó al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, sindicado por coordinar los operativos represivos esos días en el sur. Noceti había hablado con esta agencia en una entrevista donde confirmó su presencia el 1 de agosto en la Pu Lof, defendió el accionar de Gendarmería bajo la figura de la flagrancia y tildó de mentirosos a la comunidad, a los organismos de derechos humanos y a la Defensoría Federal.

Noceti atiende.

-Buenas tardes, lo llamamos de lavaca porque acaba de salir un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal recaratulando la causa como desaparición forzada. Queríamos saber alguna opinión suya al respecto.

Hubo dos segundos de silencio.

Y cortó.