Cómo reparar unas leyes de drogas que no funcionan

A pesar de las medidas adoptadas por los Gobiernos de América Latina, las drogas ilícitas siguen constituyendo una de las mayores fuentes de ingresos de las organizaciones delictivas, lo cual les permite penetrar en las instituciones políticas y sociales, y corromperlas. Las organizaciones delictivas explotan las vulnerabilidades del Estado y se aprovechan de la incapacidad de los Gobiernos para proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Salvo algunas pocas excepciones, la escasa capacidad de los Gobiernos latinoamericanos se refleja en altas tasas de homicidios, unos índices de impunidad alarmantes y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía.

La aplicación de la ley de drogas en América Latina opera en un contexto de fragilidad institucional en el que la ‘guerra contra las drogas’ ha fracasado en gran medida en su objetivo de reducir la oferta y la demanda, a la vez que ha generado nuevos problemas y notables daños colaterales. Los incentivos perversos creados por el enfoque prohibicionista frente a una persistente demanda de drogas ha sido una causa importante de violencia y delincuencia en muchos lugares. Al mismo tiempo, las respuestas del Estado para reprimir este mercado ilegal tienen graves efectos secundarios negativos, pero solo una limitada capacidad para influir en la cadena de las drogas.

Ante esta realidad, distintas voces están reivindicando cambios en la forma en que el Estado está respondiendo no solo al problema de las drogas, sino también a la amenaza de múltiples economías delictivas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. El supuesto es que alejarse de la ‘guerra contra las drogas’ puede contribuir a reducir la intensidad de la violencia y la delincuencia, y privar de recursos a los grupos de la delincuencia organizada.

PUNTOS CLAVES A REFORMAR:

• La aplicación de la ley de drogas en América Latina opera en un contexto de fragilidad institucional en el que la ‘guerra contra las drogas’ ha fracasado en gran medida en su objetivo de reducir la oferta y la demanda, a la vez que ha generado nuevos problemas y notables daños colaterales.

• La modernización de la aplicación de las leyes de drogas puede ser una fuerza para impulsar el cambio del sistema de justicia penal y, quizá, mostrar el camino para reparar un sistema que no funciona.

• El ‘desafío de los cuatro puntos débiles’ (premisas erróneas, objetivos e indicadores equivocados, instituciones débiles, y peores resultados) esboza los cuatro grandes desafíos para modernizar la aplicación de las leyes de drogas en la región.

• En las futuras estrategias de aplicación de la ley, la reducción de la violencia debe ser una prioridad y las medidas represivas no deben provocar daños adicionales.

• El sistema de justicia penal debe centrarse en los delincuentes más perjudiciales y peligrosos, que son aquellos que disponen de más recursos y capacidades para usar la violencia y la corrupción.

• Se deben desarrollar alternativas al encarcelamiento para los eslabones más débiles del comercio de drogas.

• El ‘éxito’ no se debería medir en función de indicadores de proceso (detenciones, confiscaciones, extradiciones), sino de resultados, y del impacto normativo sobre las sociedades (niveles de corrupción, salud pública, seguridad humana).

• La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema de las drogas en 2016 brindará una oportunidad para replantear la aplicación de las leyes de drogas y sus consecuencias para la seguridad y el desarrollo.

Juan Carlos Garzón Vergara

TNI

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