La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), responsabilizó a Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex Logística y al Ayuntamiento de Puebla por la explosión de una toma clandestina de gas Licuado de Petróleo (LP), en San Pablo Xochimehuacan, que le arrebató la vida a cinco personas la madrugada del 31 de octubre.
Lee más: Explota una toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacán, Puebla
Lo anterior, al emitir la recomendación 169/2023, en la que señaló a las autoridades federales y municipales de permitir que la población construyera sus viviendas en la zona, así como la falta de vigilancia a los oleoductos.
Pemex y el Ayuntamiento de Puebla tendrán que reparar el daño a las 265 víctimas directas e indirectas del siniestro, por la vulneración a sus derechos humanos a la vida, integridad personal y a una vivienda adecuada.
El documento señala «falta de la debida diligencia en el cuidado de los ductos de gas», lo cual derivó en la explosión del 31 de octubre con un saldo mortal de cinco fallecidos, así como 12 heridos por quemaduras y 64 viviendas dañadas.
También cuestiona que a los pobladores «se les permitió construir sus casas sobre ductos» e incluso ocupar el derecho de vía, por lo que la CNDH concluyó que las autoridades consintieron tácitamente que las familias habitarán una zona de riesgo.
«Para esta Comisión Nacional resulta claro que Pemex, Pemex Logística y el Ayuntamiento de Puebla, han incumplido los preceptos constitucionales, convencionales y legales anteriormente referidos, al inobservar sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad física en la construcción de viviendas sobre el sistema de ductos conductores de Gas Licuado de Petróleo y su derecho de vía»
CNDH
Emplazan a reparar daño
En menos de seis meses, tras aceptar la recomendación, Pemex tendrá que realizar brindar atención psicológica y rehabilitación a las personas que perdieron a algún familiar, sufrieron lesiones y lograron restablecerse.
Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla deberán notificar a quienes invadan el derecho de vía y los riesgos que corren y en caso de requerir reubicación, debe ser en la cercanía, con servicios y en terrenos adquiridos por la Comuna.
Ambos deberán comprometerse a «la debida atención de la problemática de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo», para evitar un nuevo siniestro como el ocurrido hace dos años.
La recomendación advierte que las víctimas y los vecinos entrevistados han denunciado en múltiples ocasiones y ante los tres niveles de gobierno el robo de combustible en la zona, pero a la fecha no ven acciones «efectivas».
Foto: Agencia Enfoque
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