Condenados e involucrados en asesinatos de Víctor Jara, José Carrasco y Álex Lemún podrían votar en próximas elecciones

La liberación del padrón electoral por parte del Servel ha generado todo tipo de efectos. Por una parte, se ha cuestionado que dicha base de datos ahora estará en manos de, por ejemplo, corporaciones y empresas que harán uso comercial de ella. Pero también ha caído en manos de grupos organizados que, en el seno de la sociedad civil, persiguen objetivos de otro tipo.

Una de ellas es la Comisión Funa, organización que realiza una comprometida labor en la defensa de los derechos humanos a través de la «denuncia constante de todas aquellas entidades privadas e institucionales que han violentado los derechos de las personas», como plantea la agrupación.

En ese sentido, Funa ha alertado que una serie de personas condenadas y procesadas por violaciones a los derechos humanos están habilitadas hoy para poder sufragar en las próximas elecciones. A partir de esta denuncia, El Ciudadano indagó en los antecedentes de estos hombres y mujeres que han sido sindicados como violadores a los derechos humanos y que en la actualidad podrían votar. Acá te contamos quiénes son algunos de ellos.

El teniente (r) del Ejército Pedro Fernández Dittus ganó notoriedad en 1986, luego de encabezar el llamado «Caso quemados», en el que fuerzas policiales quemaron vivos a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana, con resultado de la muerte del primero, mientras que las secuelas para la segunda la persiguen hasta hoy. Fernández, jefe de la patrulla, dio la orden de cubrir los cuerpos con frazadas y luego los abandonó en una acequia a la salida de Santiago, en Quilicura. Fue condenado a 600 días en Punta Peuco y se consideró que padecía de una “psicopatía orgánica” que servía de atenuante. También lo incorporaron al grupo de pensionados por invalidez “post guerra”. Junto a otros 12 militares (r), la jornada de este viernes fue procesado por el juez Mario Carroza como autor de este doble crimen.

El coronel (r) del Ejército Edwin Dimter Bianchi, conocido también como «El príncipe» por sus rasgos físicos e histrionismo desplegado para amedrentar presos en el Estadio Nacional, lugar al que fue asignado luego del Golpe Militar y tras haber participado del «Tanquetazo» que le antecedió. Está procesado por la muerte del artista y militante comunista, Víctor Jara, quien según los reportes de otros presos y la Justicia habría sido terriblemente golpeado, quebrados sus huesos, en particular los de sus dedos de las manos, cortado su lengua y disparado 44 veces.

El también teniente (r) Jorge Vargas Bories, por su parte, fue condenado por la muerte del periodista José Carrasco Tapia y el publicista Abraham Muskablit. Pero su historial es más nutrido. Participó de las operaciones Albania del Sur (1984) y Albania (1987), donde se arrojaron 7 miristas muertos en la primera y 12 frentistas en la segunda. También se le ubica en la ejecución del dirigente del MIR Jécar Neghme en 1979.

Marco Treuer, teniente coronel de Carabineros, se apersonó por órdenes de sus superiores en el fundo Santa Alicia para disolver una toma (2002). Autorizado para disparar balines de goma, termina percutando su arma de servicio, la que impacta en la nuca del joven Álex Lemún, entonces de 17 años, provocándole la muerte. El oficial fue procesado por la justicia militar, que en primera instancia estableció «violencia innecesaria con resultado de muerte». Luego de que Treuer apelara, la Corte Marcial dejó sin efecto la instancia previa, acogió la idea de la defensa propia y fue absuelto. ¿Lo curioso? no hubo pruebas para respaldar esta hipótesis, solo declaraciones de sus subalternos.

También figura en la nómina la otrora oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien fue condenada a 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridora del delito de homicidio. A ella se le sindica, además, el rol de aplicar inyecciones letales a los presos del centro de exterminio de Simón Bolívar 8630, dedicado principalmente a aniquilar al Partido Comunista, motivo por el cual se ganó el apodo de «El ángel del cianuro«. Participó de la muerte del secretario general del PC, Víctor «chino» Díaz.

Otro es el padre de la diputada Marisol Turres, Jorge Turres Mery, quien fue sancionado en su calidad de cómplice del homicidio y secuestro calificado de 9 pobladores de Nueva Matucana (Renca) en 1973.

También se contempla a José Yévenes Vergara, «El quico«, sobre quien la Justicia ha establecido que tuvo responsabilidad en los secuestros calificados de 16 víctimas de la maniobra realizada por las dictaduras de los países latinoamericanos denominada “Operación Colombo”, que eliminó a 119 militantes de la izquierda chilena y que se realizó en contexto de la «Operación Cóndor», articulación de las dictaduras latinoamericanas para colaborar entre sí y con el gobierno de Estados Unidos en la labor de borrar de la fas de América Latina cualquier foco de cuestionamiento.