La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez Espinosa, crimen perpetrado el 5 de octubre de 1974 en la comuna de San Miguel.
En el fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada confirmó entonces la sentencia que condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 10 años y un día, en calidad de autor del delito; y elevó a 5 años y un día de presidio la pena para los ex agentes Teresa del Carmen Osorio Navarro y Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, al modificar su participación penal de cómplices a autores.
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que aquel 5 de octubre, cuando Enríquez se encontraba junto a su pareja Carmen Castillo Echeverría y los también miristas José Bordas Paz y Humberto Sotomayor Salas en la casa de seguridad de calle Santa Fe N° 725, la vivienda fue rodeada por agentes de la DINA «sin contar con un respaldo justificativo». «Sin exhortarlos previamente a entregarse para ser detenidos, iniciaron una ofensiva armada contra los moradores del inmueble, que lleva a éstos a responder desde el interior, aunque en el curso de la refriega se percatan de la imposibilidad de hacerles frente, debido al número de agentes que utilizaban los servicios de seguridad y al poderío de las armas empleadas», se lee en el fallo.
Luego de ello -continúa el relato del juez Carroza- los miembros del MIR «resuelven huir por las techumbres de las casas colindantes, cuestión que logran Sotomayor Salas y Bordas Paz, pero no así Enríquez Espinosa, quien es herido e intenta previamente, antes de tomar la misma decisión, asegurar la suerte de su compañera Carmen Castillo Echeverría, quien se encontraba embarazada y herida». Cuando lo hace «es sorprendido por los agentes que se encontraban cubriendo la calle lateral, quienes le disparan y es abatido en el patio de un inmueble vecino», concluye la resolución.
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar $50.000.000 a cada uno de los dos hijos de la víctima.