Este caso fue denunciado en enero del año pasado gracias al personal del Consultorio de Salud Municipal de Perquenco, luego de que una niña de 13 años ingresó, con al menos 12 semanas de embarazo, al centro de salud, levantando las sospechas de quienes trabajaban en el lugar. En esa oportunidad, el personal informó al director del recinto y luego a Carabineros.
En su momento, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Lautaro, subprefecto, Rolando Opazo Donoso, señaló que en un primer momento la niña dijo que fue agredida sexualmente por un supuesto pololo, lo que finalmente fue descartado luego del nacimiento de la hija de la adolescente, momento en el que se le practicaron exámenes de ADN, que confirmaron las sospechas que recaían en el padre de la víctima.
La agresión sexual sucedió cuando el hombre, identificado sólo con las iniciales D.A.P.F. quedó al cuidado de su hija. Ambos vivían en la casa de un familiar y compartían el mismo dormitorio.
Además de los 13 años de presidio efectivo, El Tribunal Oral de Temuco le quitó al hombre la patria potestad respecto de su hija, quien terminó por ser su víctima.
Cabe recordar que en junio de 2013, una niña de 11 años pasaba por la misma situación y “Belén” pasó a ser uno de los casos que intensificaron, en su momento, la discusión sobre el aborto. Han pasado dos años de que se hicieran públicos estos casos y recién hoy los diputados van a proceder a la votación general del proyecto, a las 17°° horas.
Lamentablemente el domingo recién pasado, 5 obispos de la Iglesia Católica, hicieron un llamado a los legisladores de la DC a votar en contra de esta moción legislativa.
Anteriormente, la misma Democracia Cristiana pidió al poder Ejecutivo que se postergara por 29 días la votación de este proyecto para contar con más tiempo para conocer en detalle el programa de gobierno. Esto, luego de que se realizó el consejo nacional de la DC en donde fue elaborado un documento partidario “A favor de la vida”.
Es importante destacar que en ambos casos, estas violaciones fueron denunciadas de forma tardía porque los padres tenían a las niñas bajo amenaza. Lamentablemente, este es un drama que nos afecta a todas las mujeres de Chile y especialmente a personas que sufren de vulnerabilidad social. Sin embargo, al no contar con la opción de abortar legalmente y en forma segura en casos de violación, estas niñas debieron asumir una maternidad prematura y el Estado no se hizo cargo de su protección. Mientras no se vote a favor y se promulgue la ley de Aborto en las 3 causales (inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre y violación), cualquier mujer que sea violada y quede embarazada, debe hacerse cargo del hijo.
Es de esperar entonces, que finalmente se termine la criminalización de las mujeres que se ven en esta terrible situación para que podamos contar con la opción de interrumpir un embarazo, originado en estas condiciones traumáticas y que podamos hacerlo de forma segura.
Considerando la poca protección que nos da el Estado, nuestra cultura profundamente machista, los índices de femicidio, que sólo se considera en Chile cuando es íntimo (vale decir, provocado por la pareja, el cónyuge, el pololo) y donde se pasan por alto muchas otras instancias de discriminación y violencia sexual, ninguna de nosotras está libre de encontrarse en esta situación.