Una corte rusa condenó al activista Alexei Navalny a 3,5 años de libertad condicional junto a su hermano. El tribunal encontró culpables a los dos hombres por fraude y tendrán que pagar 4,4 millones de rublos, según RT.
Su hermano, Oleg Navalny, se encontraba con prohibición de salir del país y el Alexei bajo arresto domiciliario. El canal de televisión ruso reporta que Oleg fue detenido en la sala del tribunal y que los hermanos apelarán el juicio, el cual destaca que “robaron” más de 26,7 millones de rublos de una empresa europea. Anteriormente, los fiscales intentaron sentenciar Aleksei Navalny a diez años de prisión y Oleg a ocho años, por ser el principal y cómplice del delito.
Los cargos oficiales se basan en una declaración realizada en el año 2012 por varios jefes de alto nivel de la compañía Yves Rocher. Según ellos, Alexei Navalny, junto a su hermano Oleg, manager de una filial de la empresa estatal de Correos de Rusia, los engañaron al firmar un contrato de transporte a precios inflados.
Navalny es abogado ruso, activista y político. Durante años ha denunciado casos de corrupción en el país. Ha sido comparado como el Julian Assange ruso, por su crítica y revelación de los negocios sombreados del superpoder. Desde el año de 2009, ha ganado importancia en Rusia como crítico de la corrupción y del presidente ruso, Vladimir Putin. Navalny ha organizado varias manifestaciones a gran escala que promueven la democracia y ataca a las malas prácticas en la política de alto nivel. En 2012, The Wall Street Journal lo describió como “el hombre que Vladimir Putin más teme”.
“La ley del teléfono”: pidiendo sentencias
En junio de 2009, el Consejo de la Unión Europea informó sobre la amplia influencia política en los tribunales rusos y reveló lo que se denominó “la ley del teléfono”, donde los funcionarios del gobierno contactan a jueces y dan instrucciones de cómo tienen que juzgar en casos particulares. Según la organización Civil Rights Defenders, la práctica es tan común que los jueces rusos se ponen en contacto con políticos para obtener instrucciones para los fallos, debido al miedo a juzgar “incorrectamente”.
Un ejemplo es el veredicto contra Mijaíl Jodorkovski, el ex-jefe de Yukos Oil Company, quien fue acusado de malversación de fondos y fue detenido en el año 2003. Cuando el juez condenó Jodorkovski a seis años más de prisión en diciembre de 2010, se reveló que la sentencia fue dictada por políticos de alto nivel. Jodorkovski había realizado protestas contra la corrupción del sistema político ruso, y como resultado de sus ambiciones políticas, llegó a ser considerado como una amenaza al poder de Putin. El año pasado, Jodorkovski fue liberado por el mismo Putin (mediante un decreto presidencial) y ahora reside en el extranjero.
Otro es el famoso caso del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien trabajaba en una empresa financiera cuando se descubrió la extensa corrupción de alto nivel dentro del aparato del Estado ruso. Inmediatamente después que informó de esta situación a las autoridades responsables, fue detenido y procesado. Magnitsky murió en la cárcel de Butyrka debido a la falta de atención médica en el año 2009, su cuerpo tenía signos de haber sido torturado.
Sin embargo hay varios fallos destacados por el Consejo Europeo, en los cuales se sospecha que los procesos judiciales de activistas de la oposición o sus familiares han sido instigados por motivos políticos.
Sandra Segall
El Ciudadano
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