Confirma CIDH grave crisis de derechos humanos en México; llama a acabar con la impunidad

Ciudad de México, 03 de marzo. El informe de país presentado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que México viven una grave crisis de violaciones a los derechos humanos y llamó al Estado mexicanos a romper el círculo de impunidad. Aunque reconoció avances en el plano legislativo y de creación de políticas públicas, destacó que “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente”.

En respuesta al documento, resultado de la visita in loco de la Comisión realizada en octubre del año pasado, el Gobierno Federal rechazó que las conclusiones reflejen la situación del país y alegó que se han hecho avances.

Sin embargo, el informe de la CIDH -que no emitía uno parecido para México desde 1998- no deja lugar a dudas. Además de explicar largamente las graves violaciones que se viven cotidianamente en el país (desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como situación de inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad), resalta que el 98 por ciento de los delitos, incluidos los cometidos por funcionarios públicos, no se castigan.

“La Comisión ha constatado niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad”, resalta el documento, disponible en línea.

En su análisis, el organismo interamericano ubica como origen de gran parte de la falta de justicia la impunidad que rodea a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia. Destacó que la violencia aumentó desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa inició la llamada Guerra contra el narcotráfico, situación que no cambió con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad”, destaca el informe, que llama a implementar un plan de retiro de los militares de las tareas de seguridad pública.

Son varios los casos específicos destacados por el informe. En Apatzingan, Tanhuato y Tlatlaya, “los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones”.

La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención. “Incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales”, ejemplifica.

Con respecto al caso Ayotzinapa, la CIDH consideró que “la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ en el Estado de Guerrero, constituye una grave tragedia en México. Es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”. Destacó que «el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, basado en las solicitudes del Estado y los representantes de las familias, es pieza clave para avanzar en la protección delos derechos humanos en México, y para esclarecer lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa», y llamó a que se permita a los expertos entrevistar a los militares y se considere el uso de mecanismos parecidos en otros casos.