El Congreso del Estado de Puebla cumplirá con la recomendación 43/2020, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para generar estrategias que contrarresten la falta de acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en materia de violencia contra la mujer, en especial por el delito de feminicidio.
La solicitud está integrada por siete puntos y fue dirigida al presidente de la República, a los gobernadores estatales, a los fiscales generales de todas las entidades federativas y a los Congresos locales; aunque cada autoridad deberá atender las que les correspondan.
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En sesión de la Comisión de Derechos Humanos en el Legislativo, se dio respuesta al oficio enviado por la doctora Arely López Pérez, directora General y encargada de despacho de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH.
Los integrantes designaron al director general de Asuntos Jurídicos del Legislativo, Gilberto Ramón Navarro Jiménez, como enlace entre la CNDH y los órganos legislativos, quien tendrá que estar presente en las sesiones que se realicen para cumplir con los puntos de la recomendación, entre los que destacan:
1- Realizar un diagnóstico del estatus legislativo sobre la materia en el estado de Puebla.
2- Realizar reformas legislativas desde un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, perspectiva de género, identidad de género u orientación sexual.
3- Realizar adecuaciones al marco normativo respecto a la tipificación del delito de violencia familiar, priorizando en los casos en donde el contexto de la víctima y el victimario proceda a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para asegurar que la persona imputada esté presente durante el desarrollo del proceso y se proteja la integridad y la vida de la víctima.
4- Adoptar decisiones y acciones legislativas necesarias para garantizar que de forma continua se asignen en los presupuestos estatales los recursos suficientes para las dependencias de la administración pública que se encargan de prevenir, atender e investigar la violencia contra las mujeres.
5- Realizar acciones legislativas para garantizar que en la actuación de los policías, durante las manifestaciones o protestas, no se utilicen equipos antimotines, armas de fuego, o encapsulamientos, con el objeto de garantizar la vida y la libertad de expresión.
De acuerdo con el órgano autónomo, las autoridades no han resuelto los pendientes que existen sobre la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias.
“La CNDH ha tomado en consideración la violencia de género en todas sus manifestaciones y contextos, que vulneran el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, lo que hace evidente la necesidad de hacer conciencia y visibilizar esta realidad”
Leyó el área jurídica
Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre de 2020, la CNDH emitió la Recomendación General 43/2020, “sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias”, en México.
Las muertes de Tania Verónica Luna y Mara Fernanda Castilla fueron expuestas por el organismo como “casos emblemáticos de violencia contra la mujer” que se han vivido en el país, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno la creación de mecanismos para revertir la situación.
El documento también resalta que a pesar de que los 32 estados cuentan con una Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, sólo 13 han publicado su reglamento: Puebla, Campeche, Jalisco, Morelos, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora.
Foto: Agencia Enfoque