El 4 de noviembre la Contraloría General de la República emitió un informe en el que acreditaba la existencia de una serie de irregularidades en el proceso mediante el cual se autorizó la construcción del Conjunto Armónico Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., el año 2008. Este proyecto incluye las instalaciones del campus Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS) y tres edificios habitacionales ubicados en la cuadra entre Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Larraguirre.
Las juntas de vecinos Nº 35 de Recoleta y Nº 13 de Providencia del sector en cuestión, así como las organizaciones Acción Ecológica, Defendamos la ciudad y Ciudad Vida, dieron a conocer esta resolución a través de una conferencia de prensa. En la instancia anunciaron que pedirán que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) reciba los antecedentes para que decida si se justifica que el Ministerio Público inicie una investigación.
El informe de la Contraloría afirma que el permiso otorgado en el año 2008 por el Director de Obras de la comuna de Recoleta al proyecto inmobiliario en cuestión, contraviene las normas dictadas en la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Esto porque se emplaza en una manzana completa pero que tiene dos zonas diferenciadas que permiten construcción de alturas diferentes, por lo que las torres habitacionales estarían vulnerando la altura media permitida en ese sector. Además, las obras contravienen la ley de concesiones al no haber realizado una licitación pública y no cuenta con una calificación ambiental favorable por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema).
Las organizaciones ciudadanas apuntaron a que los Seremis de Transporte y de Vivienda y Urbanismo, Sergio Stephan y Marisol Rojas respectivamente, así como el Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Ignacio Toro, y el Presidente de la Corema, Fernando Echeverría, debían ser fiscalizados por su eventual responsabilidad. De igual forma, Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, afirmó que le parecía impresentable que una universidad demostrara ese tipo de comportamientos, cuestionando el tipo de enseñanza que podría entregar una institución que se pasa por alto “la normativa ambiental y de ordenamiento territorial”.
Por su parte Patricio Herman, de la fundación “Defendamos la ciudad”, dijo que aunque opina que el CDE debe entregarle los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue lo sucedido -pues contaría con la capacidad necesaria para hacerlo a diferencia de la Contraloría-, no tiene esperanzas de que el tema llegue a buen puerto ya que “los grados de amiguismo existentes entre los poderes económicos y algunas autoridades generan resistencia a que se investigue a fondo”. Herman destacó que las organizaciones del sector llevaban 3 años luchando en contra de este “negocio”, como calificó al proyecto inmobiliario en el que participa la USS, y que incluso le habrían presentado al alcalde de ese entonces, Gonzalo Cornejo, los efectos nocivos que tendría sobre el barrio, sin poder evitar el inicio de los trabajos.
Además, dijo que cuando comenzó a ver los antecedentes del caso luego de que dos periodistas de una productora ligada al canal Megavisión le pidieran que investigara, revisó los documentos relacionados con los permisos y llegó a la conclusión “de que todo era trucho”.
Aunque no fue posible conseguir una versión por parte de la Universidad San Sebastián, el periódico El Mercurio afirmó que las torres en cuestión se presentaron como parte del proyecto inmobiliario para obtener los permisos pero que no forma parte de la Universidad.
Por Felipe Ramírez
El Ciudadano
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