La agrupación que solidariza con los 14 detenidos por el llamado “Caso bombas” denuncia en su informativo semanal el estricto régimen que llevan estas personas y los hostigamientos a que han sido sometidos sus familiares en las visitas.
Los detenidos, recluidos en el Modulo Alta Seguridad (MAS), están incomunicados y aislados, con un régimen de 22 horas de encierro y dos horas de patio en las que no coinciden. Además, la semana pasada algunos fueron despertados con linternas apuntando a sus caras durante la noche, o con marchas militares a altos volúmenes, “como forma de tortura sicológica”, expresó en un comunicado la coordinadora de familiares y amigos.
Andrea Urzúa y Mónica Caballero, quienes continúan recluidas en la Sección Especial de Alta Seguridad (Seas) del Centro de Orientación Femenino (COF), han informado que sus visitas son hostigadas al momento de ingresar, se les ha apartado en los registros, haciéndoles notar su condición de investigadas “por petición de la Fiscalía” y se les ha negado el ingreso de frutos secos.
“Las compañeras han manifestado las condiciones insalubres del baño al que tienen acceso, y relatan que el consumo constante de pasta base en las celdas continuas a la suya es la principal molestia cotidiana, además de la incertidumbre acerca de sus procesos judiciales”, indica el comunicado.
Por otro lado, las visitas de mujeres en el MAS son controladas con un “vejatorio proceso que consta de mostrar los genitales a los carceleros (esto, pese a las herramientas tecnológicas que posee el penal para evitar semejante agravio)”, es por esto que Omar Hermosilla -ex militante del Movimiento Juvenil Lautaro, que estuvo en prisión en los noventas- dejó de recibir visitas hace más de un mes, para evitar que sus familiares pasen por esa situación.
Asimismo, otro de los detenidos ha señalado que la Fiscalía semanalmente envía a alguno de sus funcionarios a la celda de Roberto Gajardo Rubilar (“el nazi”) -primer procesado por el caso, detenido el 6 de julio cuando, supuestamente, estaba confeccionando bombas a pedido de los grupos anarquistas- con el fin de obtener alguna declaración que inculpe a los procesados. Para la Coordinadora “esto es una muestra más del burdo montaje jurídico-mediático que venimos denunciando desde el primer día, donde las instituciones sólo justifican la persecución de ideas anárquicas detrás de estas burdas pruebas, cuyas consecuencias concretas ya conocemos”.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano