Corbalán-Gate: Los documentos secretos de Punta Peuco

“Apreciado Tulio: Ya estoy de regreso en este Mausoleo Militar de Punta Peuco, pero tal como te afirmara en nuestra última conversación, te adjunto la hoja de un Memorándum Secreto en lo que concierne a tu persona”.

Con fecha 29 de mayo de 2011, Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe de la policía secreta de Pinochet condenado en múltiples procesos judiciales por crímenes contra los derechos humanos, envió este mensaje electrónico al coronel Tulio Arce, actual director nacional de Gendarmería, anticipando el contenido del documento que haría llegar al presidente Sebastián Piñera para ofrecer su ayuda en un plan que pretendía neutralizar políticamente a Michelle Bachelet.

El dato figura en un Informe Ejecutivo – al que tuvo acceso exclusivo El Ciudadano – que detalla el levantamiento de información de una serie de computadores incautados a varios internos de Punta Peuco el día 6 de junio de 2012, en un procedimiento que involucró al sargento segundo Gabriel Fuentes, el cabo Rodolfo Catalán y el gendarme Nicolás Díaz, todos ellos funcionarios del Departamento de Seguridad institucional, según detalla el documento.

En los discos duros del notebook Samsung, modelo R439, y un PC genérico negro en poder de Corbalán, funcionarios penitenciarios hallaron panfletos y múltiples fichas de los internos del lujoso recinto con sus respectivas fotos y antecedentes judiciales.

No sólo eso: descubrieron solicitudes de ayuda a la viuda del empresario Ricardo Claro para financiar un proyecto cinematográfico, cartas a la panelista de Mega Patricia Maldonado, apuntes sobre la filtración de antecedentes al portal de investigación CIPER Chile – que dio a conocer detalles del “Memorándum Secreto” a Piñera, publicado íntegramente en 2012 en varios medios de comunicación – y sendos correos electrónicos que Corbalán dirigió a altos oficiales de Gendarmería jactándose del manejo de información que tenía sobre decisiones de exclusiva competencia del servicio.

“(…) me las ingeniaré para mantenernos en contacto”, se despide Corbalán de Tulio Arce, enviándole un abrazo.

«ES UN FUNCIONARIO PRESTIGIADO»

Tulio es hijo de Carlos Arce Escobar, sindicado en el informe “Nosotros acusamos” de la Coordinadora de ex Presas y Presos Políticos como un supuesto maltratador de detenidos cuando estuvo a cargo de la Cárcel de La Serena. Durante los gobiernos de la Concertación, Tulio supervisó el funcionamiento de Punta Peuco y el Penal Cordillera. Tras la llegada de la ministra Javiera Blanco a Justicia, logró hacerse camino en la Nueva Mayoría y ganar simpatía en la DC.

En octubre de 2015, en medio del paro de funcionarios de Gendarmería, oficiales de la institución denunciaron los nexos del director con el preso mandamás de la CNI, teniendo en mano una curiosa tarjeta de navidad enviada por éste a la autoridad penitenciaria. Arce explicó el hecho como una estrategia del represor para “mantenerse vigente”, negando cualquier tipo de amistad.

El famoso Memorándum a Piñera redactado por Álvaro Corbalán concede un párrafo especial a quien hoy encabeza la institución carcelaria: “… es hijo de un funcionario prestigiado de la institución y reúne los requisitos”.

Corbalán explica el motivo de sus líneas en el correo de mayo de 2011 que envía a Tulio Arce. Afirma que “no es un aporte antojadizo, es un apoyo que te mereces por tus condiciones personales y fundamentalmente profesionales en beneficio de mejorar un servicio como Gendarmería de Chile, que se mueve en el filo de la navaja, muy vulnerable a gobiernos de turno y en que a veces priman ambiciones personales, ajenas a su razón de ser y en desmedro de lo que es mejor para el país”.

Junto a la recomendación de Arce aparecen los nombres de otros funcionarios. Casi la totalidad de los nombramientos planteados por Corbalán se han cumplido al pie de la letra en los últimos cinco años, indican fuentes de la institución.

«¿PODRÍAS HACER QUE LO SAQUEN?»

Un nuevo asesor de Blanco se instaló hace algunos días en el Ministerio de Justicia: el coronel en retiro de Gendarmería Patricio Campos Tapia, el oficial de mayor rango en la cárcel de San Miguel al momento del incendio que provocó la muerte de 81 internos y otros tantos heridos.

Cercano a Arce, Campos ha podido insertarse en las filas del Partido Radical tal como lo hizo Eduardo Muñoz Bravo, otro oficial – también masón – a quien el ex jefe de la inteligencia del dictador Pinochet, y miembro del sanguinario Comando Conjunto, se refiere como un “amigo” en los correos descubiertos por el Departamento de Seguridad.

“Un saludo para mi amigo ‘Comandante’ que no me avisó cuando ascendió. Si no lo haces cuando asciendas a Coronel, te vamos a sancionar con el pago de una comida, a lo menos”, escribe Corbalán en un e-mail de fecha 11 de agosto de 2010 remitido al actual Director Regional de Valparaíso, Eduardo Muñoz.

El ex agente le pide a Muñoz que interceda para revertir una orden que le denegó autorización para usar un teléfono en Punta Peuco: “…te agradeceré con tu jefe y con directa participación tuya, manejes favorablemente esta situación con el CRL. Bornard (Alfredo). Se hace imprescindible arreglarle la brújula a tu sucesor.”

Más adelante insiste:

“Apreciado Eduardo: Como estás con mucha pega y se te olvidan las cosas: te hago un apretado ‘recordieli’: 1. Cuando tu amigo esté bien y tú le solicites algo, en el 2020, te daré tiempo y eficiencia para todo lo que me pidas y requieras; 2. Estoy desconectado para llamarte y por ahora sólo me es posible comunicarme por este medio. El inhibidor de señales de uso exclusivo para el módulo Nº 1 de Punta Peuco, ¿no le sería más útil a Gendarmería el emplearlo en penales conflictivos? ¿Podrías hacer que lo saquen? (…)”

La mayor cantidad de demandas se concentra en un mensaje anterior, como destaca el informe ejecutivo revelado a El Ciudadano por fuentes vinculadas a la institución. Se trata de un documento titulado “MemorandumSubalternosGendarmería.02.Jul.010”, enviado por Corbalán al mismo oficial, que solicita información respecto de las edades, enfermedades y tiempos en prisión de los internos del Penal Cordillera.

Los datos requeridos, afirma Corbalán, serán fruto de un levantamiento “similar al trabajo que tú hiciste en Punta Peuco y que le enviaste al General Frez”, refiriéndose así al general (r) Gastón Frez Arancibia, vicepresidente del Movimiento 11 de Septiembre.

“Vendrá el próximo jueves a visitarme el diputado Jorge Ulloa, con otros Parlamentarios, y me lo pidió expresamente. Esto es urgente”, enfatiza el ex CNI, quien dice trabajar en la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios desde la cárcel.

Corbalán adjunta al coronel Eduardo Muñoz una serie de peticiones de funcionarios subalternos y ordena se le informe “si no se va a hacer nada” para satisfacer cada exigencia. De esta forma solicita que un cabo, un gendarme y un vigilante sean trasladados a otras unidades y el mando permita el ingreso de dos postulantes a la institución.

“Nuestro nuevo Alcaide debutó entregando una circular… que dice relación con hospitalizaciones por enfermedad”, se queja el ex agente. “Te agradecería me hicieras saber de qué se trata, qué intenciones conlleva y qué originó esta disposición. ¿Es una declaración de guerra en contra mía o contra el General Contreras (Manuel)?”

“Te agradeceré responderme a la brevedad para adoptar las medidas que la situación amerite”, puntualiza Corbalán.

«A USTED LE QUEDAN TRES DÍAS»

Voz de mando. Eso es lo que no parece haber perdido el militar en retiro. Así lo hace ver en tono irónico a un funcionario de nombre Robinson.

“El día en que te pongan una bomba en el escritorio y yo sepa la hora que va a explotar, ¿cómo lo hago para avisarte? Ni siquiera tengo un pez japonés que te avise mientras estás almorzando. Bromas aparte, quería tratar temas que no dicen relación con mi persona, pero sí de interés para ti y en beneficio de tu gestión en el Penal y con tu nuevo jefe. Me imagino que en algún momento te preocuparás de tus enfermos y podremos conversar en el Hospital”, escribe Corbalán.

La influencia del represor en Gendarmería queda patente al revisar una Minuta Informativa de fecha 29 de octubre de 2010, suscrita por el Alcaide 2º Walter Paredes Moraga.

La mañana de ese día – informó Paredes – cuando pasaba ronda en los diferentes módulos de Punta Peuco, el interno Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla le señaló que “el Alcaide del penal, Mayor Álvaro Rivera, tiene sus días contados en esta unidad, el lunes 25 de octubre de 2010 salió su resolución de traslado y está aportas (sic) de ser notificado. Será trasladado y su puesto será tomado por el Capitán Sr. Julián Solís. Ya está coordinado con la alta dirección de Gendarmería de Chile a través de mis intermediarios (General Sr. Frez y otros que no detalla), todo esto por haberme negado la posibilidad de utilizar el teléfono en dependencias del Hospital Militar en mi última internación”.

Cuatro días después, el mayor Álvaro Rivera – a quien Corbalán se refiere en uno de los correos como “un pelotudo” – le aplicó una sanción de quince días de suspensión de visitas al violador de DDHH, pero no duró mucho.

El 4 de noviembre de 2010, Heriberto Muñoz Díaz, jefe del Departamento de Seguridad, dejó sin efecto la medida. Y más increíble aún, la profecía de Corbalán se cumplió: días después de la eliminación del castigo, Rivera fue trasladado a Colina II.

Respecto a los llamados que buscaba hacer, Corbalán reconoce en una carta del 12 de agosto de 2010, enviada al Jefe del Departamento de Seguridad de ese entonces, coronel Alfredo Bornard Riquelme, que en pleno gobierno de Sebastián Piñera había intentado establecer “enlaces telefónicos” con distintas autoridades, “en beneficio de la legítima defensa de nuestra particular situación en la que estamos empeñados, tanto en lo judicial como en lo político”.

En dichas coordinaciones – según precisó Corbalán– participaban organismos dependientes del Ministerio del Interior, autoridades religiosas como el Monseñor Cristián Precht, el diácono Enrique Palet, políticos de derecha como Pablo Zalaquett, Alberto Espina, Francisco Chahuán, María Angélica Cristi, Iván Norambuena y Alberto Cardemil, el empresario Juan Cueto, oficiales de Ejército como el General de División Marcos López y la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado Clara Szczaranski.

DE PORNOGRAFÍA A INFORMES DE INTELIGENCIA

Además de Corbalán, otros 25 internos en distintos módulos fueron allanados en junio de 2012 por funcionarios de Gendarmería. El procedimiento posibilitó la incautación de un total de 29 equipos computacionales con varios contenidos de interés para el equipo que los revisó.

Se encontraron, por ejemplo, 15 videos pornográficos en poder de Raúl Iturriaga Neumann, ex director asistente de la DINA; documentos de la Operación Cóndor en manos de Christoph Willeke Floel, condenado por el asesinato del general Carlos Prats, y un curioso informe de inteligencia dirigido al ministro de Justicia de Piñera Teodoro Ribera “sobre las marchas estudiantiles y huelgas en el país”, confiscado a Donato López Almarza, quien cumple condena por diversos crímenes ocurridos en 1973.

De acuerdo al Oficio (R) Nº 241 de fecha 15 de junio de 2012 – al que accedió El Ciudadano – tanto Álvaro Corbalán como Raúl Iturriaga solicitaron al entonces Alcaide de Punta Peuco acceder a las computadoras que les habían sido requisadas. Esto “con la finalidad de trabajar en las defensas de causas judiciales que cada uno mantiene”, sostiene el documento.

Una de las opciones era que extrajeran la información en pequeños dispositivos de almacenamiento portátil (pendrives), pero ambos se negaron. “(…) necesitarían sus equipos en sus respectivas celdas por un tiempo más prolongado que lo autorizado por esta Jefatura de Unidad”, explicó el teniente coronel Jaime Meneses Vásquez en el oficio.

Fuentes vinculadas a Gendarmería advirtieron que los registros del allanamiento se han empezado a perder inexplicablemente, incluso en el sistema computacional interno. Lo atribuyen a la alta sensibilidad del contenido de los discos duros pesquisados, en particular aquellos pertenecientes al ex jefe operativo de la CNI, que dan cuenta de sus contactos con autoridades clave.

El Ciudadano consultó al Departamento de Comunicaciones de la institución acerca del destino de los discos duros requisados en el procedimiento, pero no hubo respuesta sobre este punto.

Para Leandro Tegler, capitán de Gendarmería y secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales (Anopro), los documentos publicados en esta entrega revelan “claramente el poder que tenía Corbalán”. Los informes concuerdan con los antecedentes que ya manejaba el gremio.

“Yo sé que el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP) hizo un informe que no fue entregado a la ministra Javiera Blanco”, sostiene, haciendo referencia a otro estudio de información hecho por Gendarmería a finales de 2015 con motivo de la incautación de un celular a Corbalán, hallazgo que provocó su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) por faltas reiteradas. Del tráfico telefónico habría saltado información relevante de los mismos nexos, sostiene.

Hecha la pregunta sobre los antecedentes ya expuestos, Gendarmería señaló a este medio que “no se pronunciará respecto de intentos de vincular a la autoridad penitenciaria con un interno, menos a propósito de documentos cuya veracidad no está acreditada”.

Anteriormente El Ciudadano pidió entrevistar al director nacional Tulio Arce y gestionar un ingreso a la CAS para conversar con Álvaro Corbalán, pero ambas solicitudes fueron rechazadas.

REVISA LOS DOCUMENTOS ACÁ (Click para agrandar)