Corporación Humanas valora condenas a ex agentes del Estado por violencia sexual sistemática en “Venda Sexy” y pide al Gobierno definir garantías de no repetición

Tras largos años de investigación, tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados a 15 años de cárcel por su autoría en los delitos de secuestro calificado, aplicación de tormentos y aplicación de tormentos con violencia sexual. 

De acuerdo al fallo del ministro en visita, Mario Carroza, los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en contra de Beatriz Bataszew Contreras, Cristina Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Sara de Witt Jorquera, Carmen Holzapfel Picarte, Clivia Sotomayor Torres, Agustín Holgado Bloch, Luis Ahumada Carvajal, Eugenio Alarcón García y Luis Bernal Venegas, en el centro de detención clandestino conocido como “La Venda Sexy” o “La Discoteque”.

Además, otro ex funcionario del organismo represor deberá cumplir 541 días de presidio, por su complicidad en el secuestro de dos presos políticos de dicho grupo.

Al respecto, una de las querellantes en la causa, la psicóloga Beatriz Bataszew, junto con valorar la condena a algunos ex agentes del Estado de Chile, relevó la importancia de la lucha que por años han llevado adelante las sobrevivientes de la violencia política sexual. 

“Si hoy contamos con una sentencia judicial, más allá del tiempo transcurrido, que reconoce el carácter sistemático de la violencia sexual cometida en “Venda Sexy”, se debe en gran medida a que muchas de nosotras, sobrevivientes de aquello, nos hemos mantenido organizadas y hemos sido firmes en denunciar la magnitud y gravedad de la violencia política sexual cometida en el país en contra de muchas víctimas”.

En la sentencia dictada por el Ministro Mario Carroza Espinosa se destaca la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto “Venda Sexy”, señalando que en el lugar, además de infringir graves sufrimientos físicos y psíquicos a personas previamente secuestradas, se cometió violencia sexual de manera sistemática, constitutiva de crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, la abogada Camila Maturana Kesten de Corporación Humanas señaló que “resulta de la mayor preeminencia que el Poder Judicial reconozca que la violencia política sexual hizo parte de la política de represión aplicada por los agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, de manera masiva y sistemática, particularmente en contra de las mujeres”, refiere un comunicado de la organización.

La violencia política sexual cometida en Chile durante la dictadura cívico militar en el marco del terrorismo de Estado ha sido consignada por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura (Comisión Valech) y materia de preocupación para diversos organismos internacionales. Frente a ello, Beatriz Bataszew señaló que “por demasiados años, la violencia política sexual ha permanecido impune en nuestro país, y de ello ha derivado que en gran medida en las manifestaciones estudiantiles de 2011 y de años siguientes y en las manifestaciones sociales de 2019 en el marco de la revuelta política social se siguiera cometiendo esta expresión de violencia por parte de agentes del Estado, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de las Fuerza de Orden y Seguridad Pública”.

La abogada de Corporación Humanas Camila Maturana Kesten, indicó que más allá de valorar la sentencia del Ministro Carroza en el caso de “Venda Sexy”, resulta importante revisar si el Estado de Chile ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de garantías de no repetición.

Frente a ello señaló que “se trata de crímenes de violencia política sexual cometidos desde septiembre de 1973 en adelante por parte de todas las ramas de las fuerzas armadas y de orden y seguridad, frente a la cual la respuesta judicial no ha sido suficiente ni oportuna, preocupando especialmente que desde la institucionalidad del Estado de Chile no se han definido con claridad cuáles son las garantías de no repetición y tampoco se han definido políticas integrales de reparación a las víctimas de violencia política sexual”.