Corrupción en Carabineros: 2 funcionarios a prisión por extorsión, cohecho y amenazas en Melipilla

La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó el ingreso a prisión preventiva de dos carabineros imputados por los delitos de extorsión, cohecho y amenazas condicionales, hechos ocurridos en enero del año pasado en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

La Tercera Sala del tribunal de alzada-integrada por María Carolina Catepillán Lobos, María Teresa Díaz Zamora y Carlos Farías Pino- revocó el fallo del Juzgado de Garantía de Melipilla, que no consideró la medida cautelar más gravosa y decretó cárcel para los sujetos identificados como A.D.P.B (teniente) y C.A.P.F (cabo primero) por considerar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según el Ministerio Público, los hechos se registraron entre el 5 y el 12 de enero de 2024 y afectaron a conductores de transporte de pasajeros en la comuna de Melipilla, quienes fueron víctimas de extorsión y amenazas por parte de los carabineros.

El 5 de enero de 2024, alrededor de las 21:30 horas, la víctima F.D.G., ciudadano boliviano, fue fiscalizado en la intersección de Fleck con Hurtado por los imputados, mientras conducía un furgón. En ese contexto, el cabo C.A.P.F. le sustrajo $1.200.000 en efectivo, mientras que el teniente A.D.P.B. revisó sus documentos y, pese a que el conductor no tenía licencia profesional para transportar pasajeros, no procedió a detenerlo, debido al dinero sustraído.

Asimismo, C.A.P.F. amenazó a la víctima con privarlo de libertad si protestaba.

De acuerdo con el ente persecutor, el 8 de enero 2024, en un estacionamiento particular ubicado en la comuna de Melipilla, el cabo primero nuevamente le sustrajo a F.D.G otra cantidad de dinero ($40.000), bajo la amenaza de “lo dejamos así o te llevo detenido”.

Durante la misma jornada, otra víctima, R.Z.A., también de nacionalidad boliviana, fue fiscalizada en Camino Viejo con calle Ortúzar, mientras conducía un minibús. En esta ocasión, el teniente A.D.P.B. le informó que tenía una causa judicial pendiente y que sería detenido por 21 días, a menos que entregara dinero. Inicialmente, R.Z.A. ofreció $300.000, pero los imputados rechazaron la cifra y acordaron finalmente la suma de $1.500.000.

Según los antecedentes, la “negociación” se realizó en presencia del coimputado C.A.P.F., quien amenazó de muerte a R.Z.A. en caso de que contara lo sucedido a terceros.

Posteriormente, ambos carabineros se trasladaron al domicilio de R.Z.A. para retirar el dinero. Allñi el conductor boliviano les entregó $950.000 y, de vuelta al lugar de la fiscalización, le solicitó a un conocido la suma de $50.000 que también entregó a los imputados, quienes se retiraron del lugar sin adoptar procedimiento alguno.

Días después, el 12 de enero, el teniente A.D.P.B. llamó a la pareja de R.Z.A., L.C.Q., exigiendo los $500.000 faltantes, advirtiéndole que si no pagaba, lo iban a detener.

Prisión preventiva para los carabineros

En su resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentó que la libertad de los imputados representa un riesgo para la seguridad pública, considerando sus cargos al momento de los delitos, la forma en que actuaron y la gravedad de los ilícitos.

“Se revoca la resolución apelada dictada en la audiencia de seis de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Melipilla, que denegó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y se declara que los imputados quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”, indicó el tribunal de alzada.

“Que los antecedentes invocados por la defensa no alcanzan para desvirtuar, en este estadio procesal, la existencia de los presupuestos establecidos en las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal”, consignó el fallo.