El ex alcalde suplente de la Municipalidad de Tierra Amarilla, Región de Atacama, Mario Morales (exPS), quien lideró la administración durante tres años, quedó este martes en prisión preventiva en medio de una investigación por supuesta corrupción, que se conoce como «Operación Pureza».
En total, la Fiscalía solicita más de 40 años de prisión para el ex edil por cohecho pasivo, fraude al Fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación.
Cabe recordar que anteriormente, el ex jefe comunal ya había estado con la máxima cautelar, aunque logró bajarla a arresto domiciliario. Sin embargo, en el inicio de la audiencia de juicio, el fiscal de Copiapó, a cargo de argumentar los antecedentes de la investigación, Luis Miranda Flores, solicitó a los Jueces del Tribunal Oral el cambio de medida cautelar después de conocerse, con evidencia, que Morales infringió su medida cautelar «en reiteradas ocasiones». Por tal motivo, quedó ahora privado de libertad en la Cárcel de Copiapó.
“Este martes la Fiscalía solicitó al Tribunal fijar una audiencia de revisión de cautelares respecto de Mario Morales dado que se advirtieron distintos incumplimientos de su arresto domiciliario, sumado a un episodio flagrante donde él se encontraba al margen de la cautelar que estaba obligado a cumplir. En la dicha audiencia el Tribunal valoró los antecedentes de la Fiscalía, por lo que el acusado deberá cumplir desde ahora prisión preventiva en la cárcel de Copiapó”, indicó el persecutor.
Con relación al desarrollo del juicio, Miranda Flores indicó que en estos meses prestaron declaración los acusados en esta causa, además de los funcionarios policiales que tuvieron participación en las diligencias investigativas que ordenó la Fiscalía destinadas para establecer la actuación individual de los acusados y la manera de operar para la comisión de los delitos.
“A partir de esta semana la Fiscalía de Atacama presentará a los testigos civiles de esta investigación, cuyos testimonios consideramos que son relevantes para acreditar los delitos indagados. Hasta el momento se ha podido presentar los medios de prueba con los que se cuenta, restando aún varios meses para la finalización de esta audiencia”, señaló el fiscal.
La Fiscalía acusó delitos de corrupción en que buscar acreditar 12 hechos con montos asociados a contratos por mil 300 millones de pesos, mientras que la cifra asignada a coimas según lo determinado por personal de la PDI durante la investigación fue del orden de los 300 millones de pesos
«El órgano persecutor busca demostrar la participación de todos los acusados en los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del exedil y algunos de los funcionarios», indicó la Fiscalía de Atacama en un comunicado.
¿De qué acusan al excalde de Tierra Amarilla?
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, el alcalde suplente Mario Morales prometió beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal para que lo eligieran edil, lo que le permitió liderar la alcaldía.
La investigación menciona que el ex edil, junto a funcionarios municipales, comenzaron a coimas de parte de empresarios, a cambio de entregar, irregularmente, millonarias licitaciones públicas, por trabajos de reparos o mantención en la comuna.
Según consignó Mala Espina, en 2016, con el apoyo del partido Socialista, Mario Morales se convirtió en concejal de Tierra Amarilla, y que un año después se inhabilitó al entonces alcalde de la comuna, Osvaldo Delgado-
«Entonces, Morales tuvo una idea (ilegal) que le permitió ascender rápidamente. Ofreció coimas a cuatro de los seis concejales que votarían por quien sería el próximo alcalde. A cambio, podrían obtener, junto con él, algunos beneficios de forma irregular.», indicó el medio citado.
«Ese mismo año Morales empezó con su administración. Poco a poco, convenció a funcionarios municipales y a un grupo de empresarios que hicieran con él un ‘sistema’, donde cobraban a los privados un 10% de las ganancias de licitaciones, a cambio de entregárselas irregularmente», señaló el portal.
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